El fiscal federal Federico Delgado apeló ayer la decisión del juez Rodolfo Canicoba Corral de mandar a los tribunales de Esquel la denuncia para investigar si el presidente Mauricio Macri y altos funcionarios de su gobierno encubrieron la desaparición forzada de Santiago Maldonado, visto por última vez durante un operativo represivo de la Gendarmería a la comunidad mapuche Pu Lof en resistencia de Cushamen, en Chubut, el 1 de agosto pasado. La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, organización denunciante, también discutió la decisión del juez federal de declararse incompetente.
“Se trata de investigar lo que hicieron y dejaron de hacer determinadas autoridades”, sostuvo en su dictamen Delgado en relación a Macri, los ministros de Justicia y Seguridad, Germán Garavano y Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, por lo que “resulta evidente que tanto la averiguación de la verdad como el ejercicio del derecho de defensa, inclina la balanza hacia la justicia federal de esta ciudad, sede de las mismas”. Además, el fiscal sostuvo que había riesgos en la decisión “apresurada” del juez de declararse incompetente y recordó que había recomendado, además, que su par federal de Esquel, Guido Otranto, sea apartado del caso por ser él quien ordenó el operativo en cuyo contexto desapareció Maldonado.
La denuncia la había presentado la Liga Argentina de los Derechos del Hombre, con el patrocinio de Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis. El organismo consideró que hubo un “pacto de silencio” de las autoridades estatales para “deslindarse de toda responsabilidad” por la desaparición de Maldonado y “generando una campaña de desinformación en con los medios masivos de comunicación social”. Los referentes del organismo Graciela Rosenblum y José Schulman apelaron la decisión de Canicoba Corral de declararse incompetente.
