La muerte de Emilia Uscamayta Curi, de 26 años, ocurrida el 1º de enero de 2016 en una fiesta ilegal realizada en Melchor Romero, en las afueras de La Plata, será investigada ahora como “homicidio con dolo eventual”, lo que agrava la situación de los responsables del evento, que hasta ahora estaban imputados de “homicidio culposo” porque la Justicia lo consideraba un hecho accidental. “Luego de meses y meses de batallar, finalmente logramos que se apartara del caso el fiscal Alvaro Garganta, por las graves falencias investigativas en relación con el caso, y ahora se van a analizar todas las irregularidades en torno de una fiesta que estaba prohibida por el municipio y que se realizó igual, en un escenario propicio para la muerte que finalmente ocurrió, porque hubo coimas y complicidad de funcionarios del municipio”. En diálogo con PáginaI12, Adrián Rodríguez, abogado de la familia de la víctima, dijo que son cinco los imputados, entre ellos un ex secretario de Seguridad designado por el intendente platense de Cambiemos, Julio Garro.

“El comisario retirado Daniel Piqué, quien el 30 de diciembre tuvo que renunciar al cargo de secretario de Seguridad por estar imputado en la causa, va a ser llamado a prestar declaración en octubre, junto con los demás responsables”, agregó Rodríguez. El cambio de carátula, reclamado por los querellantes desde el primer día, llegó tras el paso al costado de Garganta, quien fue reemplazado por la fiscal Ana Medina, quien “en la primera entrevista que tuvimos con ella comprendió las razones de nuestra demanda y accedió al reclamo”.

Sobre la situación de Piqué, el abogado señaló que “tuvo que renunciar porque la Ley Orgánica Municipal dice que debe hacerlo todo funcionario involucrado en una investigación de la Justicia, aunque la imputación sea menor, como lo es la de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por no haber clausurado la quinta en la que se hizo la fiesta, a pesar de la prohibición. Al mismo tiempo, Rodríguez dijo que ante la Unidad Fiscal 8 han presentado otra denuncia “en este caso contra el intendente Garro, porque tenemos información de que Piqué sigue cumpliendo funciones en el municipio, en la sombra, a pesar de la renuncia presentada”.

Al fundamentar el cambio de carátula, la nueva fiscal sostuvo que hay “elementos suficientes que permiten afirmar que cuanto menos cuatro sujetos masculinos mediante acuerdo” llevaron a cabo un evento prohibido por las autoridades de la Municipalidad, “en una casaquinta con piscina no habilitada”. De esa forma se hizo la denominada “Fiesta de la Frontera” sin tomar “ningún recaudo tendiente a evitar o neutralizar los riesgos del desarrollo de la actividad”, a la que concurrieron miles de personas.

En ese contexto se produjo la muerte de Emilia Uscamayta Curi, quien se ahogó en la piscina del predio, luego de recibir el auxilio de otras personas que participaban del “festejo” de Año Nuevo, al igual que ella, dado que los organizadores no habían previsto la presencia de personal de seguridad en torno de la pileta que resultó ser una trampa mortal, tal como expresó la fiscal Medina al impulsar el cambio de carátula.

Los “cuatro sujetos masculinos” a los que hace referencia la fiscalía son los empresarios Gastón Haramboure, Santiago Piedrabuena y Carlos Bellone, y por último Raúl “Peque” García, un militante del PRO que se hizo famoso por aparecer en fotografías, abrazado con el presidente Mauricio Macri y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, entre otras figuras del elenco que gobierna hoy en el país, en la provincia de Buenos Aires y en la Municipalidad de la ciudad de La Plata.

La querella también pidió que se sancione al ex secretario de Seguridad de Garro, quien al declarar en su momento ante el fiscal Garganta, quedó comprometido seriamente en las falencias que impidieron que la quinta donde se hizo la fiesta fuera clausurada por la policía, tal como había ordenado la Dirección de Control Urbano de la propia Municipalidad platense.

El abogado de la familia resaltó que “entre todos crearon un escenario propicio para la muerte y siguieron adelante, a pesar de la prohibición expresa del evento realizado con fines de lucro” porque todos los asistentes pagaron la entrada y el consumo de bebidas.

Rodríguez aseguró que “la nueva carátula tiene relación con lo que ocurrió en realidad y aumenta las penas que se podrían aplicar contra los organizadores” porque “aunque no hayan tenido la intención de matar a nadie, tuvieron que haber previsto la posibilidad de que se produjeran situaciones de riesgo y hechos fatales como el fallecimiento de Emilia en un contexto de total inseguridad”.