El juez federal de Esquel, Guido Otranto, rechazó la recusación planteada en su contra por la familia de Santiago Maldonado. Será la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que resolverá si el magistrado debe apartarse o continuar al frente de la investigación sobre la desaparición forzada del joven.
“El querellante confunde el objeto procesal de esta investigación, que está pura y exclusivamente encaminada a establecer si Santiago Maldonado ha sido víctima del delito de desaparición forzada de personas”, señaló el juez en su resolución. Verónica Heredia, abogada de la familia Maldonado, había argumentado que Otranto no podía estar a cargo del expediente porque él mismo estaba involucrado, ya que fue quien ordenó despejar la ruta 40, marco en el cual se produjo el ingreso de Gendarmería a la Pu Lof en Resistencia, donde se vio por última vez al joven. La querella, además, reclamó investigar la responsabilidad que le cabría en el operativo a Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich. En su presentación, Heredia cita una nota periodística donde Otranto reconoce que estuvo reunido con Noceti para “evaluar la situación” pero, ante la consulta de si lo llamaría a declarar, el juez respondió que no pensaba hacerlo.
El magistrado negó que el razonamiento de la querella fuera acertado y que manifestó que su imparcialidad no estaba afectada. Aseguró que el hecho de autorizar el desalojo de la ruta 40 no tenía nada que ver con la causa que investiga la desaparición forzada de Maldonado. “No tiene la más mínima relevancia a fin de establecer si se cometió el delito que el procedimiento que realizó Gendarmería Nacional el 1° de agosto haya estado comprendido en la orden judicial que dicté el día anterior o si, por el contrario, fue realizado por orden de la superioridad de la fuerza en cumplimiento de directivas impartidas por el Ministerio de Seguridad de la Nación”, afirmó.
También defendió su trabajo al destacar la “innumerable cantidad de medidas de prueba” que ordenó y afirmó que esas decisiones “no hablan de una postura parcial sobre la existencia del hecho”.
La querella solicitó la unificación de los dos expedientes (desaparición forzada y el hábeas corpus) y que la investigación sea reasumida por el juez que, eventualmente, reemplace a Otranto. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia deberá decidir si se aparta o no al magistrado de Esquel.
