El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, sumará esta semana una nueva denuncia en su contra a las varias que ya acumula en Tribunales vinculadas a sus negocios particulares y su incompatibilidad con la función pública. Esta vez, la presentación ante la Justicia involucra una inexplicable, por ahora, eximición a su favor de un pago por el impuesto a los bienes personales, por el cual la AFIP ya le había iniciado el proceso de ejecución fiscal. El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunciará la existencia de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en una presentación judicial en la que también imputa al presidente de la Nación, Mauricio Macri, y al titular de la AFIP, Alberto Abad, haber sido los presuntos responsables para lograr la eximición del cumplimiento de las obligaciones tributarias del ministro.
Tailhade recurrirá a la Justicia reclamando que investigue el incumplimiento del pago de 201.477,76 pesos por parte de Aranguren, correspondientes a una cuota del impuesto a los bienes personales. Según el diputado del FpV, la AFIP le inició juicio el 15 de febrero de 2017 y obtuvo el embargo de sus bienes por dicha deuda. “El 3 de mayo se inició judicialmente la ejecución fiscal contra Aranguren, ante el Juzgado Federal N° 2 de San Martín, ya que el domicilio fiscal de Aranguren es en la localidad de Acassuso, partido de San Isidro. El 21 de junio el juzgado tiene por promovida la demanda y ordena el embargo de los bienes de Aranguren por el monto de la deuda más el 15 por ciento en concepto de intereses y costas del juicio”, detalla el pormenorizado relato del legislador en su denuncia.
Tailhade sostiene que “el 1 de agosto el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, tomó conocimiento del embargo dictado sobre todas las cuentas bancarias a nombre de Aranguren y comunicó de ello al presidente Macri, quien a su vez llamó al titular de la AFIP, Alberto Abad”. Esto supondría el incumplimiento de sus obligaciones por parte de la autoridad monetaria, al eludir la efectivización de una orden judicial. De acuerdo a lo que pudo verificar el legislador en sus averiguaciones, “al día siguiente, el 2 de agosto, la AFIP dispuso ‘desistir’ del juicio y levantar el embargo, fundándose en que Aranguren había ‘obtenido la exención de Bienes Personales’ en fecha 25 de enero de 2017”.
“No caben dudas que fue una orden directa de Macri”, afirmó Tailhade. En ese sentido, remarcó que “lo extraño es que Aranguren nunca se presentó ante la AFIP o el Juzgado para oponer esa defensa” y que “fue la propia AFIP la que inició el juicio y lo desistió, evidenciando un tratamiento privilegiado hacia un contribuyente que, además de rico, es funcionario del gobierno nacional”. Como otro indicio de la maniobra, el diputado subrayó que también “es llamativo que la ‘exención’ fue obtenida en 2017 y es aplicada para un período fiscal anterior, ya que el impuesto que no pagó Aranguren corresponde a cuotas del impuesto de períodos anteriores”. “En igual sentido, cabe preguntarse por qué las cuatro cuotas anteriores no estaban exentas”, planteó Tailhade.
En opinión del legislador, “lo único cierto en esta historia es que los millonarios que nos gobiernan se están repartiendo la Argentina, se están robando todo y además se perdonan entre ellos el pago de impuestos. Mientras tanto, los trabajadores tienen que pagar hasta el último centavo del impuesto a las ganancias, y hasta el último centavo de los tarifazos de luz, gas y agua decididos por el ministro evasor Aranguren”.
