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Si algo llama la atención y despierta inquietud en la visita oficial de Benjamin Netanyahu es la parquedad de la información oficial. El gobierno de Israel, menos temeroso de su opinión pública que el argentino, informó al menos sobre los cuatro acuerdos firmados. El primero se refiere a colaboración policial y militar y transferencia de información estratégica y operativa. La relación entre Maurizio Macrì y Netanyahu se inició en junio de 2014, cuando el entonces candidato presidencial viajó a Israel con una agenda confeccionada por su introductor allí, su actual secretario de derechos humanos Claudio Avruj, con quien colaboró el fiscal Natalio A. Nisman. Avruj es socio del compañero sentimental de Patricia Bullrich, Guillermo Yanco. Juntos administran la agencia de noticias Vis-A-Vis, financiada con publicidad oficial argentina y cuya principal fuente informativa internacional es el diario de mayor circulación de aquel país Israel Hayom. Su principal accionista es Sheldon Adelson, un gran donante al partido Likud de Netanhayu y al Partido Republicano de Estados Unidos. También es uno de los mayores empresarios del juego en el mundo, socio de Paul Singer en el fondo buitre Elliot. Considerado entres los diez hombres más ricos del mundo, patrocinó la Task Force Argentina. Este fue un instrumento de presión para conseguir el pago, que se especializó en la presentación de denuncias contra el anterior gobierno argentino, al que asoció con el eje del mal formado por Irán y Venezuela. Una pieza esencial de esa estrategia fue Nisman. En aquel viaje inicial, Macrì prometió “pagar al contado” el fallo del juez de Wall Street, Thomas Griesa. Israel fue uno de los siete países que en la ONU votaron contra las regulaciones de los fondos especulativos propuestas por la Argentina. El pago al contado fue una de las promesas que Macrì cumplió desde el gobierno, iniciando así el tercer gran ciclo de endeudamiento argentino, génesis de una gran crisis futura.
En enero de 2016 volvieron a encontrarse en Davos, donde acordaron la realización de negocios en los campos de inteligencia, seguridad y defensa, favorecidos por la declaración de emergencia en seguridad, que permite comprar esos juguetes sin licitación (la Argentina ya adquirió patrulleros terrestres y acuáticos y capacitación policial para la provincia de Buenos Aires. En cambio no se concretó la venta de aviones por falta de dinero y por ofertas competitivas de Francia y Estados Unidos). También coincidieron allí sobre el juzgamiento en ausencia de los acusados iraníes por la explosión de la DAIA en 1994, que el gobierno no llegó a convertir en ley antes de la llegada de su socio. El vocero oficial Infobae dijo que en su juventud Netanyahu estuvo en la Argentina, en una operación clandestina de la unidad antiterrorista del Ejército de Israel, Sayeret Matkal, sin más detalles.
Penetración profunda
Ante un pedido de precisiones para esta nota, fuentes ligadas con el ministerio israelí de Relaciones Exteriores, que está a cargo del propio Netanyahu, explicaron que los acuerdos firmados comprenden intercambio de datos sobre circulación financiera, flujos de cuentas bancarias, actualización de investigaciones judiciales, tránsito de importaciones provenientes de países relacionados con el terrorismo, migraciones, metadatos de redes sociales, seguimientos de escuchas habilitadas por orden judicial, monitoreo satelital de aparatología militar y cargamentos sospechosos, ciber seguridad y ciber defensa. Esto implica una penetración profunda en dominios del Estado y de la sociedad civil argentinos en función de objetivos políticos ajenos.
La meta del acuerdo de seguridad pública, dice el comunicado oficial israelí, “es profundizar y mejorar la cooperación entre la policía y las otras autoridades de los dos países para prevenir y descubrir en forma eficaz las actividades delictivas identificando a sus autores, por medio del intercambio de información operativa y estratégica y mediante la cooperación directa entre las respectivas agencias a todos los niveles”. El texto está sujeto a ratificación, es decir que deberá pasar por el Congreso, cosa que el gobierno argentino eludió en el caso de los acuerdos con Gran Bretaña. El segundo acuerdo, sobre seguridad social, y el tercero, sobre aduanas, brinda un acceso único a información estratégica a Israel, que es una forma de decir a Gran Bretaña y Estados Unidos. El cuarto, sobre documentos argentinos relativos al Holocausto, inaugura un canal de comunicación electrónica por el que podrán circular también otras informaciones más actuales.
Según el sitio oficial de la Casa Rosada, Netanyahu y el presidente Maurizio Macrì coincidieron en seguir trabajando en asuntos de interés común, profundizar el vínculo económico con especial énfasis en el desarrollo de las pymes y renovar las acciones tendientes a prevenir y luchar contra el terrorismo internacional. Macrì resaltó su compromiso “con la paz, la seguridad internacional, en particular en lo que respecta a la lucha contra el terrorismo internacional”. Recordó los atentados a la embajada de Israel y a la DAIA, condenó “el terrorismo en todas sus formas” y se comprometió a “seguir trabajando junto a Israel y a nuestros socios de la comunidad internacional para prevenir y luchar contra este tipo de atrocidades”. No es seguro que su alianza cada día más estrecha con Israel contribuya a la paz y la seguridad, al menos de la Argentina. Hay buenas razones para temer lo contrario.
Macrì encomió el “aporte de la comunidad judía al desarrollo de la Argentina”, como si se tratara de una colectividad extranjera, y dijo que Israel es “una gran referencia para nosotros”. La página de la Cancillería no es más comunicativa. Aparte de una foto del especialista en protocolo Jorge Faurie con Netanyahu sólo incluye un comunicado sobre el encuentro con la delegación empresarial que vino con él para “presentar el actual ambiente de negocios e inversión en el país y las oportunidades existentes, así como generar un espacio para evaluar posibles acciones de cooperación conjunta en sectores considerados estratégicos”. Ni siquiera identifica a esos empresarios. El memorándum de entendimiento firmado entre las respectivas agencias de inversiones, comercio y cooperación internacional las compromete al intercambio de información y el apoyo mutuo. La única pista concreta proviene de los sectores empresariales representados (ciberseguridad, nuevas tecnologías, telecomunicaciones, agroindustria, recursos hídricos y desarrollo local) y de la participación del Presidente de la Cámara de Comercio Argentino-Israelí, el traficante de parafernalia bélica y de seguridad Mario Montoto. Sólo el Ministerio de Seguridad informó que su titular, Patricia Bullrich, firmó con el embajador de Israel un acuerdo sobre Cooperación en Asuntos de Seguridad Pública e Interior, para fortalecer “la lucha contra los delitos organizados; la seguridad en eventos masivos; y la inteligencia, ciencia y tecnología aplicadas a la seguridad pública; hasta aquellos abocados a la gestión de emergencias y el análisis criminal y forense”. Mayor vaguedad, imposible.
El patrón
La información sobre los acuerdos fue publicada en “Israel Hayom”. Entre 2010 y 2014, ese diario de Sheldon Adelson depositó 280.000 dólares en la cuenta bancaria internacional 9700-7548-MAJ-6325-AC874 del Bank Hapoalim de la ciudad de Colonia, de la República Oriental del Uruguay. Como titular de pago (Holder paid) figura Nisman, Natalio. Tuve en mis manos la tabla de las transferencias y sus fechas (mes, día y año) y las cantidades pagadas al funcionario argentino, que nunca las declaró dada la incompatibilidad ostensible, pero no se me permitió fotocopiarla.
Es una feliz coincidencia que la visita de Netanyahu se produzca al mismo tiempo que el peritaje de la Gendarmería sobre la muerte del titular de esa cuenta; que la acumulación en el juzgado del doctor Glock de las dos causas contra la ex presidente CFK por la denuncia de Nisman, y que la nueva ofensiva contra el acuerdo nuclear con Irán firmado por Estados Unidos y cinco países europeos, cuya derogación persigue Netanyahu y a la que ahora se resiste Trump. En su discurso ante Macrì, Netanyahu dijo exigía modificar o anular ese acuerdo. Trump, quien hasta hace poco coincidía, tiene ahora otra propuesta. Esta semana dijo que debía considerar todas las actividades de Irán y no solo el acuerdo nuclear, y un memo que circuló en el Capitolio sugirió que Trump podría imponer de facto un embargo económico global a Irán, si en 90 días no cumpliera con algunas condiciones. Su pérdida de entusiasmo con el tema tiene que ver con el aumento de las tensiones en Corea y la dificultad de atender tantos frentes simultáneos.
En el encuentro con Macrì, Netanyahu proclamó que Irán ordenó ambos atentados y que “los ejecutaron a través de Hezbollah”. Sigue en esto una línea invariable que no se ha modificado con los sucesivos cambios de gobierno en Israel. A las pocas horas de producido el atentado contra la DAIA, el gobierno del primer ministro israelí Yitzhak Rabin propuso al gobierno argentino de Carlos Menem coordinar una interpretación unificada de lo sucedido, que conviniera a los intereses políticos de ambas administraciones. Por distintas razones, ninguno quería que se implicara a Siria en el atentado. Para ello envió al ex embajador en Buenos Aires durante los últimos años de la dictadura, Dov Schmorak, a quien investigadores israelíes acusan de haber gestionado la venta de equipamiento represivo para la Junta Militar argentina. Luego de reunirse con Menem, Schmorak señaló que “el número uno en la lista de sospechados es Irán” y como ejecutor mencionó a Hezbollah. Desde entonces, lo único que no importó fue la investigación de la verdad. Sólo vale señalar a Irán, tarea en la que descolló Nisman.
Clarín y La Nación adelantaron hace tres meses las conclusiones del peritaje que la Gendarmería aún no había iniciado: Nisman no se suicidó sino que fue asesinado. En el Poder Judicial hay fastidio con el gobierno, que ordenó difundir ese trabajo que ni ahora está concluido para que coincidiera con la visita de Netanyahu. De este modo los temas más delicados de la política internacional son ubicados como asuntos de la confrontación política interior. Los voceros más estridentes del gobierno (Jorge Lanata, que comunica sus opiniones en Olivos, y Alfredo Leuco, Silvia Mercado y Luis Majul, que las reproducen una vez visadas por Macrì) claman por la detención de CFK antes de las elecciones del 22 de octubre.
Israel vota en las Naciones Unidas junto con Estados Unidos y Gran Bretaña en contra de los reclamos argentinos por la ocupación de las islas Malvinas pero eso no inquieta a Macrì, cuyo pensamiento sincero es que esas islas son un engorro. La semana pasada la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA, Apemia, repudió la visita de Netanyahu y señaló que su propósito “se mantiene oculto, toda vez que no tiene sentido venir a firmar convenios que ya están en marcha o incluso han finalizado, y que parecen referirse sólo a la venta de tecnología para seguridad, defensa y desarrollo agrario” y vinculó la visita con la intención de Macrì de imputar a la ex presidente CFK por el memorándum de entendimiento con Irán. Detrás de eso Apemia ve la intención de “privatizar los archivos secretos de la AMIA a manos de Palantir, una empresa de espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad norteamericana (NSA) asociada al Mossad de Israel”. Para Apemia, la transferencia electrónica a Israel de archivos vinculados con el Holocausto sería sólo un pretexto. La agrupación demanda la inconstitucionalidad del Decreto 229/17, que devolvió al Poder Ejecutivo el control de los archivos en los que trabajaban los fiscales de la causa por encubrimiento y el Grupo Especial de Relevamiento y Análisis Documental (Gerard). “La visita de Netanyahu y sus acuerdos con Macri harán más profunda la grieta del encubrimiento y la impunidad del atentado a la AMIA”, opina. Coincide en ello la otra organización de familiares de las víctimas no controlada por el gobierno o la DAIA, Memoria Activa.
De la Triple Frontera a México
El martes 12, el premier israelí también se reunió en Buenos Aires con el presidente de Paraguay Horacio Cartes. Según el diario “Jerusalen Post”, el jefe de gabinete de Netanyahu, Ari Harow, fue el consultor que asesoró a Cartes en la campaña electoral de 2013. El año pasado, durante una visita de Cartes a Jerusalen, Israel reconoció que lo estaba ayudando en acciones contra Hezbollah en la triple frontera. Ese aporte es principalmente de inteligencia. De aquí, Netanyahu marchó a Colombia, donde asistió a su gobierno y sus Fuerzas Armadas durante años en los enfrentamientos con guerrillas y carteles, y luego a México, donde este año se produjo un enorme escándalo con una de las empresas israelíes de seguridad que acompañaron a Netanyahu en su gira, NSO Group. Su software Pegasus, instalado mediante un link que el usuario activa en forma inadvertida, convierte los teléfonos inteligentes en ojos y oídos de quien quiere espiar a sus propietarios. Así es posible rastrear sus conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas, calendario, las teclas que pulsa, los detalles bancarios que revisa y dónde se encuentra. Varios periodistas mexicanos, con la ayuda de la organización canadiense Citizen Lab de la Universidad de Toronto investigaron su funcionamiento. The New York Times publicó sus conclusiones: con este software israelí que ahora se ofrece en la Argentina, eran espiados (y tal vez lo siguen siendo) periodistas, políticos de la oposición, abogados de Derechos Humanos involucrados en el caso de los 43 estudiantes detenidos desaparecidos en Ayotzinapa pero también organismos defensores del consumidor que investigaban productos de compañías multinacionales de refrescos. La literatura de la empresa proveedora indica que su software sólo puede ser adquirido por estados con un limpio record en materia de Derechos Humanos, pero el ejemplo de Pegasus en México desarma ese relato. Hace dos semanas la ONG Canadiense identificó a la 22ª persona intrusada mediante el software espía Israelí, Claudio X. González, director de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Aunque la justicia haya desprocesado a Macrì en la causa por las escuchas ilegales, es imprescindible retener que según sus propias afirmaciones, el organizador de esa red y primer jefe de la policía porteña, el comisario Fino Palacios, le fue recomendado por las embajadas de Estados Unidos e Israel. Macrì hizo esa revelación para defenderse cuando Palacios fue acusado por encubrimiento del atentado a la DAIA. Esas son sutilezas que no todos comprenden. El sitio neonazi de EE.UU. Daily Stormer (en referencia al diario nazi Der Stürmer) se proclama “el fan Nº 1” de Yair Netanhayu, el hijo de 26 años del premier israelí. Esto se debe a una ilustración que publicó en su muro de Facebook que presenta al financista húngaro George Soros como amo del mundo, con una caricatura inspirada en las que usaba el hitlerismo para caracterizar a los judíos. Aunque Macrì no lo entienda, se puede ser israelí y antisemita.
Zona de riesgo
La Argentina no tiene relevancia en el panorama mundial del terrorismo ni del comercio ilegal de sustancias de consumo prohibido por las autoridades sanitarias, pero las políticas de Macrì la colocarán en zona de riesgo. Estas no son afirmaciones caprichosas, aunque llamen la atención porque van en contra de la corriente impulsada por el gobierno, por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, por la Iglesia Católica y por los grandes medios de que esos son los grandes problemas nacionales. El principal operador de ese concepto en la institución eclesiástica es el vicealmirante Horacio Florencio Néstor Reyser, especializado en Washington, quien fue asesor del ahora Papa Francisco en drogadependencia. Su hijo, Florencio Reyser Travers es el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, y presidió el encuentro con los empresarios isralíes.
El Bipartisan Policy Center (copresidido por el empresario y político republicano Thomas H. Kean, ex gobernador de New Jersey y por el ex diputado demócrata Lee H. Hamilton, quienes fueron presidente y vice de la comisión 9/11 investigadora sobre los atentados de 2001) difundió este mes un informe titulado “Derrotar a los terroristas, no al terrorismo. Evaluación de la política antiterrorista de Estados Unidos, del 9/11 a ISIS”. Su “Fuerza de Tareas sobre Terrorismo e Ideología” menciona todos los continentes y regiones del mundo salvo una: América latina.
Del mismo modo, el Institute for Economics and Peace (IEP) acaba de publicar un informe sobre terrorismo en el mundo que ubica con precisión a la Argentina. El IEP es una organización no partidaria dedicada a la medición de los factores que aseguran la paz y con ella la prosperidad. Su informe descansa en la Global Terrorism Database (GTD), que codifica información sobre 150.000 incidentes terroristas y produce un ranking mundial, según el índice global de terrorismo. Cada país es calificado en una escala de 0 a 10, donde 0 representa ningún impacto del terrorismo y 10 el mayor impacto mensurable. La Argentina está en el puesto 101 sobre 153 países, con un índice de 0,499. En la región sólo asigna menos riesgo a Jamaica, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Guyana, Haití, Panamá, El Salvador y Uruguay. La mitad de todos los ataques terroristas se produjeron en países que padecen un conflicto interno y 41 por ciento en países cuyos gobiernos se involucraron en un conflicto internacional. Nada de eso aqueja hasta hoy a la Argentina.
El experto en relaciones internacionales Juan Gabriel Tokatlian señala que de acuerdo con el Center for Systemic Peace, que compila las muertes derivadas de actos terroristas en el mundo desde septiembre de 1989 hasta marzo de 2017, la Argentina no ha sido víctima de ningún ataque desde los atentados de 11 de septiembre de 2001. En el informe del Overseas Security Advisory Council del Bureau of Diplomatic Security del Departamento de Estado de 2017, se mencionan los atentados terroristas de 1992 y 1994 en Buenos Aires y se afirma: “No hay actividad operativa terrorista reciente o significativa en la Argentina”.
En septiembre de 2016, poco antes de dejar el poder en Estados Unidos, Barack Obama publicó la resolución presidencial sobre los países más importantes en la producción y el tráfico de drogas ilícitas para el año fiscal 2017. La Argentina no figura en ninguno de los dos rubros. En cambio, sí ocupa un lugar muy destacado en el informe de 2017 del Departamento de Estado sobre lavado de activos. Esto, por cierto, no se enfrenta con las Fuerzas Armadas, sobre todo cuando los mayores responsables de la fuga clandestina de dinero están en el gobierno. Lejos de combatir el terrorismo, es probable que Macrì lo atraiga, como ya ocurrió hace un cuarto de siglo cuando Menem dispuso un alineamiento acrítico con cualquier política que decidiera Estados Unidos. La idea oficial de incluir en este combate contra fantasmas a las Fuerzas Armadas, pese a la legislación que lo prohíbe, es apenas una coartada para reforzar el control social sobre la propia población.
