En el marco de la desaparición de Santiago Maldonado y la visibilización del conflicto por la propiedad de la tierra, el Congreso rechazó prorrogar la ley que impide los desalojos de los pueblos originarios hasta tanto no fuera completado el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Cambiemos y un sector del PJ, primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados, postergaron el tratamiento de esa iniciativa, lo que podría dejar el camino libre para profundizar la represión en los distintos territorios a partir del 23 de noviembre, cuando vence la última prórroga aprobada por el parlamento. A contramano del apretado calendario electoral, la presión de algunos gobernadores y del Ejecutivo Nacional, este jueves de realizará una audiencia pública en la Cámara alta para reclamar por la aprobación de la prórroga en la sesión especial prevista para el 27 de septiembre. Ese día, organizaciones indígenas de todo el país se reunirán frente al Congreso con el mismo objetivo: evitar un nuevo avance sobre sus tierras (ver recuadro).

En noviembre de 2006, hace ya más de 10 años, se aprobó la ley 26.160, que declaró la “emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Se trata de una norma sencilla, de apenas 7 artículos (dos de forma). Centralmente establece que se suspende “la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras” de las comunidades “cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 años”. Desde entonces y de acuerdo a un informe de Amnistía Internacional fueron relevadas apenas 459 sobre un total de 1532 comunidades en todo el país. Es decir que todavía falta más de un 60 por ciento.

El responsable de hacer ese relevamiento “técnico-jurídico-catastral” es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que debía promover las acciones necesarias con “el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Aborígenes Provinciales, Universidades Nacionales, Entidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones no Gubernamentales”. En aquel momento, la ley le otorgó un presupuesto de 30 millones de pesos. Ante la falta de acción por parte del Estado, el Congreso aprobó dos prórrogas (en 2009 y 2013) hasta este 23 de noviembre.

Existen actualmente en el Senado tres proyectos de ley para prorrogar la iniciativa. Uno de la mendocina Anabel Fernández Sagasti, otro de los pampeanos Norma Durango y Daniel Lovera y el tercero de la rionegrina Magdalena Odarda. Todos tienen dictamen de las respectivas comisiones intervinientes. En la última sesión del Senado, Fernándo “Pino” Solanas y Odarda intentaron que el tema sea incorporado a la orden del día pero Cambiemos, a través de Ángel Rozas y Federico Pinedo, y el PJ, en cabeza de Miguel Pichetto, trataron de patear la cuestión. Ante la insistencia, finalmente se terminó votando una moción de preferencia para que el tema llegue al recinto el 27 de septiembre, cuando los plazos ya estarán apretados por el calendario electoral. Fuentes del bloque que comanda Pichetto aseguraron que en su última reunión se expresó el compromiso de todos sus integrantes para darle impulso al proyecto.

De todas maneras, no son pocos los que le desconfían al senador rionegrino, que la semana pasada prácticamente la mandó a CFK a formar su propio bloque cuando ingrese a la Cámara alta.

De la audiencia pública que se realizará el jueves a las 4 de la tarde participarán representantes de la comunidades indígenas, senadores de distintos bloques y distintos referentes comprometidos con la causa. Además, más de mil intelectuales, académicos, artistas, referentes de derechos humanos, sindicalistas y dirigentes políticos firmaron una carta abierta acompañando el reclamo y pidiendo el “reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas” contemplados en la Constitución Nacional. Entre sus firmantes se encuentran Maristella Svampa, Enrique Viale, Beatriz Sarlo, Roberto Gargarella, Emilio De Ipola, Pablo Alabarces, Selva Almada, Lita Stantic, Ana Longoni, Mario Pecheny, Juan Gabriel Tokatlián, Víctor de Genaro y Alcira Argumedo.