“El ministerio de Seguridad tiene un protagonismo desproporcionado en la investigación y no debería actuar como parte”. La definición pertenece al abogado Gastón Chillier, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y querellante en la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Lo dijo en referencia a Gonzalo Cané, el secretario de Cooperación entre Poderes enviado a Esquel por la ministra Patricia Bullrich, quien admitió en la puerta del juzgado que Gendarmería lavó las camionetas utilizadas en el operativo represivo del 1 de agosto “por una cuestión de reglamento”. En una extensa charla con PáginaI12, Chillier aseguró que “la idea de ingresar aquella mañana a la comunidad mapuche de Cushamen estaba tomada, para detener a sus miembros”. El CELS, la APDH, la CPM y la AEED son los organismos de derechos humanos que a pocas horas de los hechos presentaron un habeas corpus que tramita el juez federal Guido Otranto, quien delegó en la fiscalía a cargo de Silvina Ávila la pesquisa caratulada como “desaparición forzada” de Maldonado. “Al pretender resolver un conflicto social con una fuerza de seguridad militarizada, con el discurso del enemigo interno, es esperable que haya consecuencias como muertes y torturas, a lo que se suma una cobertura corporativa de apoyo en caso de abusos”, definió el letrado.

–¿Cuál es el contexto en que desaparece Maldonado?

–Además de la represión en Bariloche el 31, hubo otro operativo muy violento en enero en este mismo conflicto en la Pu Lof Cushamen, de la policía de la provincia de Chubut y Gendarmería. En Esquel, con una fuerte movilización en oposición a una mina, previo al 2015, hay una causa por espionaje ilegal con una persona de la AFI y dos policías procesados. Sobre esto, el macrismo construye un enemigo interno, como surge de un documento interno del Ministerio de Seguridad; un conflicto de tierras y social terminan securitizándolo, desde la perspectiva de la seguridad en el marco de las llamadas nuevas amenazas como el terrorismo. Y llegan al extremo de enfocar a esta comunidad, a pesar de no ser de la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y los estigmatizan para convertirlos en el enemigo interno. Ése es el contexto del operativo del 1 de agosto.

–¿El Gobierno sobredimensiona a la RAM?

–Eso es parte de la oscuridad en la que se produce todo esto. La  información sobre este grupo sale de voceros del Ministerio o programas periodísticos que lo reproducen. Pero nunca terminan de identificar cuál es el peligro. Todo indica que a pesar de haber habido investigaciones, este operativo del 1° se hace para detener a miembros de la comunidad. Para las fuerzas de seguridad argentinas la única forma de esclarecer sería detener personas en un operativo ilegal, ‘detener primero e investigar después’.

–¿Por eso van con el argumento de la flagrancia?

–Claro. Lo dijo el secretario (Noceti) en las radios el día anterior, donde anticipó el operativo del 1°: ‘No vamos a necesitar orden judicial, vamos a detenerlos’. La decisión estaba tomada, y por el corte anterior y algunos episodios durante la madrugada de hostigamiento, tirar tiros e iluminar, la idea era generar algún tipo de enfrentamiento e ingresar.

–¿Con qué objetivo?

–Detener mapuches e interrogarlos en la hipótesis que manejan ellos de un grupo que atenta contra la seguridad interior.

–Los voceros de la comunidad dicen que querían matar a un mapuche.

–Es difícil refutar o confirmar eso. Está claro el contexto de persecución, hostigamiento y criminalización a esa comunidad en particular y las personas que fueron a apoyarlos. Desde la transición democrática el problema con todas las fuerzas de seguridad es que desde el poder político bajan el discurso de habilitar la idea del enemigo interno al que hay que eliminar; no han sido reformadas estructuralmente, para ellas entre la inacción y el uso irracional de la fuerza no hay matices.

–¿Ellos dicen ‘se les fue la mano’ cuando cometen un homicidio?

–Sí, el uso no profesional de la fuerza puede desencadenar eso. Pero además, desde el inicio de la gestión de esta ministra hubo mensajes de apoyos corporativos, como el episodio violento de Gendarmería con la murga ‘Los Reyes de Ritmo’ en la villa 1.11.14. También balearon a los despedidos de Cresta Roja, hubo torturas de Prefectura a los miembros de La Garganta Poderosa; es decir, hay un patrón de Bullrich de no tomar medidas en estos casos de abusos y violaciones a los derechos humanos.

–¿La nueva maniobra del Gobierno busca inculpar a los mapuches?

–Efectivamente. Desde el Gobierno hubo muchísimas maniobras y todas destinadas a desviar la investigación a cualquier actor diferente a Gendarmería. Frente a indicios que se iban consolidando, abruptamente con informaciones que ya tenían en los sumarios administrativos y las actuaciones internas de la unidad de violencia institucional del ministerio, recién ahí aportaron información a la causa. Ya la tenían desde el 16 de agosto y el objetivo fue instalar la hipótesis del exceso aislado de un grupo o un gendarme, en un episodio que ni siquiera estaría claro si fue un homicidio, como que podría haberse golpeado. Todas las respuestas del gobierno desde el principio, y a pesar de la acción urgente del Comité de Naciones Unidas de Desaparición Forzada, fueron para desincriminar a la Gendarmería, que desde el primer día por los importantes indicios, era la principal y sigue siéndola.

–¿Por eso ya se abrió una causa por encubrimiento?

–Es prematuro decirlo, todavía aspiramos a definir y a probar los hechos de la primera etapa qué es qué pasó con Santiago y el rol de Gendarmería. En una segunda etapa se verá hasta dónde llega la cadena de participación y encubrimiento. Claramente Bullrich trató de definir la investigación en los términos de la calificación del delito y hasta los niveles de responsabilidad en el debate público, y con esa idea el Gobierno fue especulando y dosificando la entrega de documentación, y eso sí es grave.

–¿Ahora buscan instalar que Maldonado está en territorio mapuche?

–Otranto tiene que garantizar que todas las medidas que realicen las fuerzas de seguridad tengan el control debido para evitar cualquier tipo de maniobra que tienda a promover la impunidad en el caso respecto de las responsabilidades que tuvieran los gendarmes o inculpar a miembros de la comunidad de manera irregular.

–El gobierno vuelve a negar la desaparición forzada por el resultado negativo de las muestras de ADN en las camionetas. ¿Qué lectura hacen?

–Es absurdo, la calificación de los hechos no la va a poner Bullrich.

–Cané justificó el lavado de las camionetas de Gendarmería aduciendo una reglamentación. ¿Cuál es su rol en la causa?

–Si hubiese voluntad política de haber colaborado con la investigación se podrían haber tomado las medidas para no cumplir con tal reglamento. El problema es que el juez no realizó medidas en forma inmediata. La presencia de Cané indica que el Ministerio tiene un protagonismo en el caso que es desproporcionado respecto del rol de auxiliar de la justicia, en ningún momento debería actuar como parte.

–¿Qué es lo que ya está comprobado que sucedió con Maldonado?

–Que Santiago estuvo ahí durante el operativo de Gendarmería, que fue muy desprolijo y violento, con gendarmes agarrando y tirando piedras violando todos los protocolos y que se produjo un encuentro a la orilla del río con Maldonado y a partir de ahí no apareció más. Eso pone en gendarmes indicios muy fuertes respecto de su desaparición. Los testimonios de los mapuches son importantes, Santana es testigo presencial de los hechos y hay otros testimonios, incluidos de gendarmes, que le dan verosimilitud.

–¿Pablo Noceti está en el expediente?

–Es prematuro definir sin tener claridad sobre los hechos y responsabilidad en la causa penal, pero no está fuera de discusión investigar si hay algún tipo de responsabilidad de su parte.

–¿Y Benetton? ¿Dentro de la estancia hay una base de Gendarmería?

–En la causa todavía no se investiga. La sub comisaría de Leleque está frente a la entrada de la estancia, casi como para protegerla, además de que la estancia funciona como logística para este tipo de operativos en general, y hay denuncias que este empresario hace por usurpación contra la comunidad. Habrá que avanzar en el rol de las empresas en connivencia con el Estado en la violación de derechos humanos, asesinatos, torturas y detenciones ilegales.

–Todo coincide con el vencimiento de la ley 26.160 que habilitaría los desalojos de las comunidades de pueblos originarios en todo el país.

–Es un componente más, la política estatal en la Patagonia donde compraron tierras grandes empresarios como Lewis o Benetton, o industrias extractivas como Vaca Muerta, es de violencia a los conflictos sociales por esa tierra. Aún si hubiera una prórroga esa ley es bastante deficitaria porque sólo relevó un tercio de las tierras de pueblos indígenas.