Como se dijo aquí el lunes pasado, mientras el país agrario sigue bajo agua y la Patagonia en manos de personas y corporaciones extranjeras, el principal problema nacional sigue oculto y las tierras de los pueblos originarios que reclaman más de 8 millones de hectáreas sin títulos de propiedad pueden ser parte del infierno que viene. 

La ley 26.160, que suspendió los desalojos a comunidades indígenas, se vino prorrogando argentinamente hasta que ahora la tragedia de Santiago Maldonado puso la cuestión sobre el tapete resbaladizo que es hoy este país, donde se incuba la violencia feroz para la que se están preparando los tipos que hoy gobiernan.

Y lo cual se explica con la sencilla ecuación de la socióloga Monique Pinçon-Charlot, del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia: “El que siembra ira, cosecha violencia”. Que es lo que hacen el macri-radicalismo y la derecha neoliberalizada.

La 26.160 caducará en noviembre pero nada indica que el Congreso resolverá la cuestión. Y mientras el imbecilario nacional crece en boca de hijos y nietos de inmigrantes que pronuncian estupideces sobre la “argentinidad” de los mapuches, hay que decir que tan cretina verborrea expresa el verdadero pensamiento (es un decir, pensamiento) del gobierno actual. 

Curiosamente, y coherentemente, el medio que más se ocupa de esto es el diario La Nación. Que ayer domingo tituló: “Hay más de 200 conflictos con comunidades aborígenes en el país”.

Con Amnistía Internacional como fuente, ese diario señaló como motivos “la expansión agrícola y minera, la venta de tierras y la mayor conciencia indígena”. Y reconoció lo que esta columna viene advirtiendo: que la desaparición de Santiago Maldonado y los reclamos territoriales mapuches han recolocado la problemática indígena como cuestión central de este país cuyas burguesías se ufanan de ser blancas y europeas.

Son 225 los conflictos territoriales, y en 20 de ellos la “intervención violenta de las fuerzas de seguridad dejó un saldo de muertos, heridos y hasta desaparecidos aborígenes, más allá del caso Maldonado”. Impresionante periodisticidio, desde luego, que todavía añade que los conflictos “aumentaron con los años producto de la expansión de la frontera agrícola, el incremento de los emprendimientos de extracción de los recursos naturales y la venta de tierras a extranjeros”. Y aunque culpa indirectamente de todo ello al reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas contemplado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución de 1994, reconoce que “el mayor conocimiento de las propias comunidades de sus propios derechos” generó “una mayor tendencia a iniciar acciones legales y visibilizar sus conflictos con el apoyo de organizaciones”. 

Las provincias con más conflictos son, curiosamente, Buenos Aires (30 casos) y Misiones (24 casos), seguidas de Salta (también 24), Neuquén (23), Formosa (22), Jujuy (19), Chubut y Río Negro con 15, y Chaco, con 10. De todas ellas, 25 situaciones son catalogadas como “violentas”, es decir que hubo intervención de las fuerzas de seguridad.

La Nación cita a Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnesty International Argentina, para quien “lamentablemente, la única manera que tienen las comunidades de que les reconozcan las tierras es con cortes de rutas, y eso genera una situación de criminalización muy grande”.

Como fuere, los grandes detonantes son siempre las ventas de tierras rurales a nacionales y extranjeros que van corriendo –expulsando– a las comunidades de sus tierras. Según datos de Amnesty, en 2003 había 12 millones de hectáreas de soja transgénica, que hoy ya son casi 22 millones. En 2000 existían 40 emprendimientos mineros en la Argentina, y hoy hay más de 800. 

Eso explica que los conflictos más violentos se concentren en Salta y Jujuy (donde están las mayores reservas de litio del mundo y cuya explotación está en marcha) así como sucede en la Patagonia con Vaca Muerta y el potencial turístico cada vez más en manos de potentados extranjeros amigos de Macri. Y de los que un informe del Registro Nacional de Tierras Rurales ya en 2015 señalaba que tenían casi 16 millones de hectáreas, es decir, casi el 6 por ciento de la superficie rural argentina. Y el doble de lo que demandan hoy todas las comunidades originarias.

Dijo Pinçon-Charlot hace muy poco, justo antes de las elecciones francesas: “Trump, Fillon, Le Pen y Macron son los representantes del sistema capitalista en su fase neoliberal. Esta oligarquía para durar tiene que construir falsas alternancias. Los multimillonarios están en el poder. Para ellos, la única cosa que cuenta es que la oligarquía siga concentrando todas las riquezas y todos los poderes. Es una guerra de clases de los más ricos contra los pueblos”.

Cabe pensar entonces que si estos tipos siembran ira para cosechar violencia, es porque, esencialmente, más allá del fraude que preparan para octubre, saben que sólo mediante la violencia podrán sostenerse. 

Bueno saberlo nosotros también, para denunciarlos con dureza y salvaguardar la paz.