El escenario actual muestra 27 escuelas secundarias tomadas en la Ciudad, en protesta por la reforma que el gobierno quiere implementar a espaldas de la comunidad educativa. 

Durante los años 2000 y 2001, cuando Daniel Filmus era ministro de Educación de la Ciudad, fui la responsable de negociar con los estudiantes secundarios que tomaban sus escuelas. Tomas que, en aquella época, estaban atravesadas por el convulsionado contexto social que todos recordamos. Desde mi función, pusimos en marcha un dispositivo que buscaba que el conflicto se tradujese en una experiencia educativa y se garantizara la seguridad de todos los involucrados. 

Habíamos conformado un equipo de psicólogos, abogados y pedagogos especializados en negociación colaborativa que actuaba, siempre con la previa intervención del director y el supervisor. Lo primero que hacíamos era conocer cuáles eran las demandas de los estudiantes: qué le pedían al gobierno, qué demandaban a la institución y de qué manera se estaban cuidando durante la toma. Les explicábamos el marco legal de la situación y las responsabilidades que se habían desencadenado al tomar un edificio público como es una escuela. Trabajábamos para que entiendan la necesidad de que la escuela avise a sus padres que ellos estaban ahí, y que los padres asuman la responsabilidad correspondiente. También nos dedicábamos a ayudarlos a encauzar su reclamo, a cuidar su seguridad (que se controlase el ingreso y egreso de las personas en la escuela, y se designara qué espacio iba a utilizarse para que no deambularan por todo el edificio) y promovíamos que ellos mismos organicen una agenda de actividades concretas (asambleas, debates) para que su demanda no se desvirtúe. 

Lo primero que debían hacer las autoridades de la escuela era llamar al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes de la CABA (el organismo que vela por los derechos de los chicos) y sólo en algún caso excepcional –y aclaro que nunca fue necesario– estaba previsto, y siempre con el Consejo presente, dar la indicación para que solicitaran intervención policial. 

¿Cuál era el objetivo pedagógico de nuestras intervenciones? Que los estudiantes aprendan a recabar información, que organicen y ponderen su reclamo. Que se cuiden a sí mismos, a sus compañeros y a los adultos de su institución. Que asuman responsabilidades. 

En lugar de tomar este camino, hoy “los defensores del diálogo y el consenso” han decidido enfrentar este conflicto con represión y disciplinamiento. Al negarse a recibir a los estudiantes queda claro que no existe ningún espíritu de diálogo ni esfuerzo de escucha; es decir, ninguna intención de resolver colaborativamente nada. Resulta sorprendente que después de diez años de gobierno macrista en la CABA no se haya conformado ninguna herramienta desde el Ministerio de Educación porteño para intervenir en las tomas y dialogar con los estudiantes. 

La situación no deja lugar a dudas. No hay reforma sin participación de la comunidad educativa y no hay educación sin diálogo; así como tampoco hay “secundaria del futuro” si no se entiende que todo lo que sucede en las escuelas es una oportunidad, ahora y siempre, de mutuo aprendizaje.

* Ex subsecretaria de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.