Ayer comenzó a regir la ley que prohíbe a las inmobiliarias porteñas cobrar a los inquilinos una comisión por el contrato de alquiler, y el Colegio Profesional Inmobiliario de la ciudad (Cucicba) adelantó que implementará diversas acciones judiciales para frenarla. En tanto, el titular de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, dijo a PáginaI12 que “algunas inmobiliarias suspendieron la oferta de alquileres y responsabilizaron a la ley por la suspensión. Otras, dicen a quienes quieren alquilar que la ley no está en vigencia porque hay una denuncia judicial, cuando no hay ninguna acción judicial en curso y, si la hubiera, tendría que haber una cautelar para que no se aplique. Algo que es difícil que suceda porque la justicia, ante los planteos que presentaron, falló dos veces a favor nuestro”.
La modificación de la ley 2.340 –que regula la actividad de los corredores inmobiliarios–, que aprobó la Legislatura por 51 votos a favor y 2 abstenciones, el 24 de agosto pasado, estableció que la comisión máxima a cobrar será del 4,15 por ciento del valor total del contrato de alquiler y estará a cargo del propietario. Además, a los inquilinos no les pueden cobrar más los gastos del trámite de los contratos (certificación de firmas y otras documentaciones).
El secretario de Cucicba, Mario Gómez, advirtió que habrá tres tipos de acciones judiciales para pedir la suspensión de la ley: “Un amparo colectivo de la institución en nombre de todas las inmobiliarias de la ciudad, que será la presentación de una medida cautelar; amparos individuales que presentará cada inmobiliaria, o el recurso de la acción de inconstitucionalidad”.
Según Gómez, “hasta ahora el esfuerzo de pagar el honorario era compartido entre las partes, pero a partir de hoy el cobro recaerá sólo sobre el propietario”, y afirmó que están “amenazados nuestros puestos de trabajo y nuestra actividad”.
En cambio, el representante de Inquilinos Agrupados sostuvo que la queja de las inmobiliarias es porque se les acabó el negocio. “La ley es un paso para empezar a solucionar el problema de quienes alquilan. No a través de la lógica del mercado como venía sosteniendo el gobierno, endeudando a los inquilinos, sino mediante la regulación. Haber logrado imponer la lógica contraria a la del gobierno, tiene que ver con una cuestión de derechos, en una ciudad donde el mercado ha avanzado tanto. En lo económico son dos mil millones de pesos que no transferiremos al mercado inmobiliario y, además, alivia la carga para poder alquilar”.
Para Muñoz, la ley que impulsó el Ejecutivo local y entró en vigencia ayer, fue consecuencia de la presión que impuso el sector cada vez más numeroso de los inquilinos, y fue una válvula de escape para el gobierno nacional.
“La ley nacional que regula los alquileres está trabada en la Cámara de Diputados. Tenían que dar una señal a un sector de la población muy grande, y avanzaron sin ser conscientes de lo que significaba. Por eso están teniendo una contradicción importante y es difícil que se muestren firmes a la hora de hacer cumplir la ley”, analizó Muñoz, y remarcó que “si el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) tiene problemas para hacer cumplir la ley, nos encargaremos nosotros de juntar las denuncias”.
En cuanto a las posibilidades de que la ley sea impugnada por vía judicial, Muñoz sostuvo que el argumento de los corredores inmobiliarios de que la Legislatura no puede regular los honorarios de las inmobiliarias “es contradictorio con el proyecto que los mismos corredores presentaron hace unos meses para que regulen sus honorarios y, además, la justicia emitió dos fallos favorables a los inquilinos por el tema de las comisiones”.
En ese sentido, como el fuero local les fue adverso, las inmobiliarias convocaron a todos los corredores del país para hacer acciones colectivas, y buscaran que ingresen en el fuero federal.
Muñoz remarcó que “sabíamos que esto iba a suceder, por eso no avanzamos con la mesa de diálogo para resolver el tema de las garantías de alquiler. Nuestro planteo fue: nos sentamos si esta ley esta vigente y se cumple”.
