Una situación curiosa rodea al juez federal de Esquel, Guido Otranto: lo cuestionan desde casi todos los sectores. Sergio Maldonado lo llamó “impresentable”, objetó que ayer no lo dejó presenciar el allanamiento en la comunidad Pu Lof de Cushamen y le reprochó haber dicho que su hipótesis es que Santiago Maldonado se ahogó. Pero también el Gobierno criticó al juez el fin de semana, al atribuirle demoras y entorpecimiento de la investigación. Y lo mismo hizo el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, quien atribuyó su desembarco a influencias de La Cámpora, algo que el ex viceministro de Justicia Julián Alvarez refutó. En otra línea argumental que intenta asociarlo al kirchnerismo, un abogado presentó ayer un pedido de juicio político contra Otranto, en el que le atribuye participar de una suerte de campaña contra el gobierno de Mauricio Macri. La realidad es que en esta maraña, quienes muestran sus críticas con convicción auténtica son los familiares del joven desaparecido, que este jueves insistirán en pedir su apartamiento del caso. El resto de los comentarios parecen parte de un juego político con una cuota de sobreactuación: el Gobierno, por ejemplo, no ha sido incomodado en nada hasta ahora por la actuación del juez.

El malestar de la familia lleva ya varias semanas y creció debido a las demoras en la realización de medidas básicas de rastrillaje, también en la búsqueda de rastros en los vehículos usados por Gendarmería, la dilación en la constatación de la nómina de gendarmes que participaron en los operativos y la falta de cuestionamiento a la actuación de la fuerza, así como la ausencia de foco en la responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Seguridad, en particular del jefe de gabinete, Pablo Noceti.

Seguridad mostró una alta incidencia en el devenir de la causa, por ejemplo al entregar con más de un mes de demora sus informes internos con las declaraciones de gendarmes. El enojo de la familia Maldonado recrudeció el fin de semana con las declaraciones de Otranto en una entrevista, donde planteó como hipótesis central la posibilidad de que Santiago se haya ahogado; dijo que no hay pruebas de que Gendarmería haya herido de gravedad a nadie, y acusó a la comunidad mapuche y a los organismos de derechos humanos de no colaborar con la investigación. Sergio Maldonado estalló ayer cuando se enteró por los medios sin haber sido notificado que se haría un megaallanamiento a Lof. Por todas estas razones la familia insistirá ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia en pedir que el juez sea apartado. 

Las advertencias desde el Gobierno tienen algo de puesta en escena. El secretario de Seguridad, Eugenio Burzaco, dijo que el juez “entorpeció y dificultó” la investigación. Le cuestionó no haber ingresado al territorio a hacer una búsqueda completa, algo que ocurrió finalmente ayer. Pero mientras Burzaco criticaba, el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Gonzalo Cané, defendía a Otranto y atribuía las demoras a la complejidad de las medidas y al defensor oficial que presentó el habeas corpus al comienzo.

Otranto fue designado juez federal en 2011 por la ex presidenta Cristina Fernández. Primero estuvo al frente de un juzgado en General Roca, hasta que fue inaugurado el de Esquel. Antes venía de trabajar en la sala II de la Cámara Federal, en Comodoro Py. El gobernador Das Neves intentó vincularlo a La Cámpora, pero la realidad es que en aquella época el ex secretario de Justicia Alvarez, a quien aludió, no tenía injerencia en designaciones, como sí empezó a tener cuando ingresó al Consejo de la Magistratura como representante del Poder Ejecutivo, en 2014. “Ni lo conocía”, dijo Alvarez. Otras lecturas atribuyen la mesura de Otranto hacia el Gobierno a su apuesta por ganar el concurso para un tribunal oral federal en General Roca, donde va primero.

El pedido de juicio político presentado ayer por Denis Pitté Fletcher, un abogado afecto a las denuncias, le atribuyó una actuación funcional al kirchnerismo. “La pregunta es a quién beneficia políticamente la desaparición de Santiago Maldonado. Y es evidente que no es al Gobierno a quien beneficia”, decía el retorcido planteo.