![function body_3(chk,ctx){return chk.f(ctx.getPath(false, ["author","title"]),ctx,"h");}](https://images.pagina12.com.ar/styles/width470/public/2021-04/carlos-rodriguez.png?itok=npiO0vmv)
El informe anual 2017 de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que será difundido esta tarde y al que tuvo acceso PáginaI12, señala la existencia de un agravamiento en lo que se viene denominando “el sistema de la crueldad” vigente en territorio bonaerense. A esa conclusión se llegó luego de analizar una serie de datos contundentes. En julio de este año se llegó al “récord histórico” de 41.729 detenidos en cárceles y comisarías, mientras que en 2016 se registraron 385 muertes de personas bajo custodia del Estado provincial; un total de 156 casos fatales ocurrieron en cárceles, lo que significa que hubo 13 fallecimientos por mes, a razón de más de tres por semana. Otro dato alarmante fue la comprobación de que “la tortura es una práctica sistemática” al punto de que se recibieron 16.403 denuncias por hechos de violencia que afectaron a 3054 detenidos en el sistema. Los casos de torturas y malos tratos motivaron la presentación de 4.051 acciones judiciales.
En la introducción del informe, se resaltó que la presentación se produce “en un marco de profundización de políticas criminales regresivas desde la perspectiva de los derechos humanos”. En este punto, la CPM subrayó que “la desaparición de Santiago Maldonado” en la provincia de Chubut constituye “la expresión más dramática de la orientación de la política criminal y de seguridad que se ha definido a nivel nacional” y que se aplica a rajatabla en la provincia de Buenos Aires.
Al analizar los hechos concretos, el informe precisó que la sobrepoblación carcelaria involucró en 2016 al 73,5 por ciento de las 61 unidades y alcaidías, lo que marcó un incremento de seis puntos respecto de 2015. Otro de los problemas graves denunciados por la CPM fue la situación que se vive en los lugares de detención correspondientes al régimen penal juvenil, que en los hechos “se fue asimilando al de adultos”. El total de detenidos es de 624 jóvenes que se encuentran en centros que dependen del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. Uno de los motivos de alarma es que “se han incrementado las medidas de encierro a menores de 16 años”, mientras que los mayores de 18 son trasladados “directamente a las cárceles de adultos”, sin generar antes “dispositivos propios y adecuados”.
El año pasado, “un joven se suicidó en un centro dependiente del OPNyA, detenido bajo el régimen penal juvenil”. Además, la CPM presentó una denuncia penal “por torturas, apremios, malos tratos y amenazas a dos jóvenes que fueron aprendidos luego de una fuga” del centro cerrado COPA de La Plata. El informe destacó que en 2016 “la violencia policial en el territorio arrojó un saldo mínimo de 109 ,muertes producidas por el uso letal de la fuerza con arma de fuego; el 20 por ciento de esos muertos eran niños o adolescentes”.
La CPM consideró que esas muertes “son el correlato de una política de seguridad que, bajo la excusa del combate de las nuevas amenazas (narcotráfico y terrorismo) profundizó la militarización de los territorios”. De esa forma se fue “consolidando un esquema que restringe derechos y garantías”, a la vez que “reproduce la violencia, y desconoce todos los acuerdos alcanzados durante la transición democrática que se expresan en la ley de seguridad interior”. Se afirmó que “en esta línea” de acción se inscriben los proyectos y acciones promovidas por el gobierno nacional, tales como “derribo de aeronaves, ley del arrepentido, flagrancia y protocolo antipiquetes para reprimir la protesta social”.
El informe también hace referencia a la situación de “más de 12.336 personas adultas” que están “privadas de libertad involuntariamente por razones de salud mental” que están “bajo proceso o seguimiento judicial”. En los cuatro Hospitales Monovalentes Públicos de la provincia de Buenos Aires “se alojan 2.443 personas”.
El año pasado, se registró “un aumento de la cantidad de personas fallecidas en hospitales monovalentes, llegando a 107 muertes, lo que eleva la tasa a la alarmante cifra de 46,72 personas cada 1.000”. La CPM entrevistó a 135 personas que son usuarios y usuarias de los servicios de salud mental. “El 45 por ciento (40 de los entrevistados) afirmó haber sufrido algún tipo de tortura o maltrato por parte del personal de la institución” en la que están alojados por razones de salud.
Otro de los temas analizados en el informe es el de “la violencia judicial”. Para empezar a revertir “el estado de situación de la justicia bonaerense”, se señaló “la necesidad de avanzar en la implementaciónn de al menos tres resortes fundamentales: a) la policía judicial, b) las fiscalías especializadas en violencia institucional, c) una defensa pública autónoma y de calidad”. implementación. En 2016, la CPM presentó “150 denuncias por causas armadas o fraguadas, uso letal de la fuerza (gatillo fácil), hostigamiento, torturas, amenazas, detenciones arbitrarias o ilegales, allanamientos irregulares o violentos, desalojos, etc”.
A manera de conclusión de los hechos graves enunciados en el informe, se aseguró que “la crisis en materia de derechos humanos” del sistema de encierro bonaerense “reclama intervenciones urgentes” para que se aplique “la convención contra la tortura de la ONU” y que se designe “legalmente a la CPM como mecanismo de prevención de la tortura” en todos los lugares de encierro” existentes en territorio provincial.
La CPM recordó que en todos sus informes anteriores se puso de manifiesto que “el punitivismo domina la orientación de estas políticas desde hace dos décadas, marcando el plexo normativo”. Sin embargo, la actual gestión de gobierno, con sus políticas, “se ha radicalizado en su discurso manodurista” y de esa forma avanzó “decididamente en reformas regresivas al ordenamiento legal” y “ha reprimido la protesta social de manera sistemática”.
