Aún después de la represión que sufrieron, los mapuches de Cushamen siguen dispuestos a declarar. Quien suspendió las audiencias fue el juez federal Guido Otranto, que ahora sumó una nueva recusación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó un pedido de apartamiento del magistrado ante la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia por considerar que Otranto perdió la imparcialidad al hacer declaraciones periodísticas con especulaciones sobre el destino del desaparecido Santiago Maldonado, objeto principal de la investigación que él encabeza, así como de la falta de pruebas respecto de la responsabilidad de la Gendarmería en el hecho. El magistrado de Esquel no se privó también de cuestionar a la comunidad mapuche, tal como había hecho la fiscal federal Silvina Ávila hace algunas semanas, y a los organismos de derechos humanos por no colaborar con el caso. Los abogados del CELS esperan poder participar de la audiencia de mañana ante ese tribunal de alzada. En tanto, ayer Sergio Maldonado no fue recibido por el juez y tiene cifradas sus expectativas en que la Cámara lo aparte. “Nos dijeron que presentáramos un escrito, que no nos podía recibir cuando sabemos que no aplica el mismo criterio con los abogados de Gendarmería”, dijo el hermano de Santiago.

El juez federal de Esquel, que aspira a integrar el tribunal oral federal de General Roca, ya tendría el guiño de sus superiores respecto de su continuidad en el caso, caso contrario no hubiera encabezado el desmesurado operativo del lunes con más de 300 efectivos de varias fuerzas, helicópteros y drones, para secuestrar dos mochilas y un celular, y durante el cual fueron maltratados los miembros de la Pu Lof que se encontraban en sus viviendas.

Gastón Chillier, director ejecutivo, y Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad, del CELS, con el patrocinio de Federico Efron acompañaron en el escrito copias de las dos entrevistas que Otranto dio al diario La Nación el 17 y 18 de septiembre, así como diversas presentaciones hechas por ellos en el marco del expediente “que dan cuenta de nuestro actuar en el marco del proceso”. 

A partir de las extensas declaraciones del juez Otranto, “se encuentra afectada la garantía constitucional de imparcialidad del juez, lo que invalidaría cualquier pronunciamiento jurisdiccional que se adopte en las actuales circunstancias”, afirmó la querella que integra ese organismo de derechos humanos, junto a la familia, la APDH, la CPM y la AEED. “La hipótesis principal de la presente causa es la desaparición forzada de Santiago Maldonado, en el marco de un operativo realizado por la Gendarmería Nacional Argentina en el territorio de la Comunidad Pu Lof Cushamen el 1 de agosto. Es obvio, pero cabe decirlo, que entonces ésa es la fuerza bajo investigación, y los posibles imputados, aquellos gendarmes que ingresaron al territorio ese día. Al respecto, el juez Otranto ha realizado numerosas afirmaciones que traslucen una posición deliberada frente a una de las hipótesis, la más seria por cierto, que debe investigarse y profundizarse. Como se verá, el juez realiza declaraciones sobre la búsqueda de Santiago Maldonado como si no tuviera responsabilidad funcional en la presente causa”, argumentaron los letrados del CELS. 

A partir de las declaraciones periodísticas del juez, el CELS infirió que “queda claro que les cree a los 19 gendarmes que declararon en su despacho entre el 12 y el 16 de septiembre, sin reparar o hacer mención en sus declaraciones periodísticas, ni en las constancias del expediente, de las numerosas contradicciones en las que han incurrido los gendarmes”. El organismo destacó que “nota aparte requiere el trato que el juez dio a uno de los principales testigos del caso, Matías Santana, retenido durante todo el allanamiento realizado en el día de ayer con las manos precintadas, la detención de una de las integrantes de la comunidad por resistencia a la autoridad y la falta de mención absoluta al retaceo de información y la desinformación constante que el Ministerio de Seguridad realizó durante todo este mes por los medios de comunicación introduciendo hipótesis falsas que desviaron la atención del caso”. Y agregó que “es indiscutible que ya ha formado opinión al respecto, y que la está diciendo a viva voz: le creo a la Gendarmería, por lo que la desaparición de Maldonado no está vinculada a ninguna detención ni acción que pueda implicar la responsabilidad de esa fuerza. Para el juez, los problemas del operativo del 1 de agosto fueron excesos que no explican de ninguna manera la desaparición de Santiago. Hay una pérdida muy clara de imparcialidad en la presente causa. No hay dudas sobre cuál será su opinión si, eventualmente, la Fiscalía Federal o esta querella solicita que se avance en la investigación sobre alguno de los gendarmes involucrados”.

En un extenso escrito, el CELS argumentó que Otranto “les cree a los gendarmes que ingresaron al territorio mapuche y que no les cree a los testigos de la Comunidad. Y por el otro, cree que Santiago Maldonado se ahogó. En consecuencia, en el marco del habeas corpus, concluye que se ahogó, sin haber encontrado a la persona buscada. Y, como juez de la presente causa de desaparición forzada, adelanta opinión sobre la forma en que se pudo haber dado este desenlace derivando de allí conclusiones sobre posibles responsabilidades penales de quienes ya se sabe que llegaron al mismo lugar en el que fue visto Santiago por última vez. Por supuesto que aun no es posible afirmar en forma contundente cómo fueron los hechos, pero eso lo alcanza también al juez de la causa”.

En caso de que la Cámara decida que Otranto debe continuar con la causa, el CELS requirió que le ordene al juez “desarrollar las medidas de prueba reclamadas en conjunto para agotar todas las hipótesis vinculadas con la investigación del delito de desaparición forzada y con el esclarecimiento del paradero de Santiago Maldonado”. Y también pidieron que su pedido sea agregado al que ya había presentado la abogada Verónica Heredia, en representación de la familia Maldonado.