Trabajadores despedidos de PepsiCo se concentraron desde esta mañana frente al Obelisco porteño y de allí marcharon hasta el Congreso, donde al mediodía presentaron un proyecto de ley de expropiación de la planta que esa empresa cerró en Vicente López. La demanda por la reinstalación de sus puestos de trabajo fue apoyada por diversas agrupaciones y partidos políticos que respaldarán la iniciativa en el Parlamento.
La protesta en el microcentro de la ciudad se concretó desde las 7:30 con un corte sobre la avenida Corrientes, mano al norte, sin interrumpir el carril del Metrobús. Luego, poco antes de las 11 llegaron hasta la sede del Poder Legislativo y permanecieron en el cruce de las avenidas Rivadavia y Callao.
La demanda apunta a la recuperación de los puestos de trabajo de los empleados que no aceptaron las indemnizaciones y los retiros voluntarios que la compañía puso sobre la mesa cuando el 20 de junio de este año decidió cerrar la planta de Vicente López y concentrar la producción en otra ubicada en Mar del Plata.
El texto del proyecto propone que se declare "de utilidad pública" la planta que funcionó en la localidad de Florida para que luego sea expropiada y funcione allí una cooperativa integrada por los trabajadores. La iniciativa fue presentada en la mesa de entradas del Congreso de la Nación, desde donde comenzará a recorrer el circuito de "estado parlamentario" hasta ser tratada en la Cámara de Diputados. Esta sería “una posible vía de solución del conflicto”, expresaron los trabajadores a través de un comunicado.
"Somos 150 los trabajadores que seguimos peleando por los puestos laborales. Queremos que el proyecto de expropiación de la fábrica sea presentado en una sesión extraordinaria. En reuniones informales, obtuvimos apoyo al proyecto de varios sectores opositores", dijo a DyN el operario despedido de PepsiCo Alejandro Morelli.
La planta de PepsiCo de Florida es aquella que los trabajadores tomaron durante varios días ante la notificación de despidos y el aviso de cierre. Allí, el 13 de julio fueron duramente reprimidos por las fuerzas de seguridad, que cumplieron una orden de la jueza de Garantías de San Isidro, Andrea Rodríguez Mentasty, para devolver las instalaciones a la compañía multinacional.
