Luego de haber rechazado la primera de las recusaciones en su contra, la de la familia Maldonado, el juez federal de Esquel, Guido Otranto, rechazó los cuestionamientos del Centro de Estudios Legales y Sociales, que lo acusó de haber perdido la imparcialidad a raíz de las afirmaciones que vertió en el diario La Nación, donde afirmó que "la hipótesis de que Santiago Maldonado se podría haber ahogado es una de las opciones que me parecen más razonables, de acuerdo con la interpretación de las pruebas que estoy realizando."

El CELS había recusado a Otranto por prejuzgamiento y enemistad manifiesta hacia la comunidad mapuche, "por realizar declaraciones sobre la búsqueda de Santiago Maldonado como si no tuviera responsabilidad funcional en la causa", y tras el rechazo del magistrado será la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia la que decidirá mañana la continuidad o no del juez.

A todo esto cabe agregar que durante el allanamiento del lunes pasado a la comunidad Pu Lof, Otranto ordenó detener a dos de los integrantes de la comunidad, Matías Santana y Elizabeth Loncopan, a quienes mantuvo con las manos precintadas varias horas. 

Al rechazar la recusación, Otranto se defendió sosteniendo que a pesar de haber decidido tener “una baja exposición pública” había considerado  “pertinente informar públicamente mi punto de vista de manera objetiva”, a raíz de “la gravedad del hecho denunciado y la trascendencia institucional que tomó el caso a nivel nacional”.

En ese sentido, el juez entendió que hubo además “cantidad   de   información   distorsionada   o malinterpretada que desde el primer momento se hizo llegar a los medios de comunicación” en relación a la causa, y que “resultó indudable la necesidad de explicar públicamente los aspectos más relevantes del hecho   y   las   dificultades   que   impiden   que   sea esclarecido”.

Para Otranto, el CELS hizo “una interpretación equivocada de la  entrevista   que   brindé”. Aseguró que la causó “sorpresa” el que se sostenga “que tengo dudas sobre la versión expuesta por los   testigos   que   integran   la   comunidad   mapuche”, habida cuenta que tras sus testimonios, y en base a las pericias en los vehículos de Gendarmería, “decidí convocar en calidad de “testigos” a los efectivos de esa fuerza que intervinieron en el procedimiento del 1º de agosto”.

Agregó que “si   la   versión   de   que   Santiago   Maldonado   fue capturado me resultara consistente, los efectivos no podrían ser consideraros testigos sino imputados. De hecho, los mantuve en esa situación indefinida y no los   convoqué   a   declarar   al   procedimiento   de  habeas corpus mientras las medidas de la investigación no me permitieron   evaluar   si   estaban   en   una   u otra condición”.

Además, defendió la hipótesis de Maldonado ahogado en el río Chubut, dado que “he   dispuesto   tres   veces   el rastrillaje del cauce del río en la zona donde habría sido  visto   por última  vez (5/8,  16/8 y  18/9)”. Lo mismo que el rumbo de la pesquisa aunque “no sea del agrado del organismo querellante”, ya que “es la consecuencia   necesaria   que   se   deriva   de   la interpretación de las pruebas que debo realizar para orientar la investigación de acuerdo a mi leal saber y entender”.

Finalmente, antes de rechazar el escrito, Otranto negó que hubiera enemistad manifiesta a partir de sus dichos. “No son más que la exposición pública de las dificultades que ha tenido la investigación de la desaparición de Santiago Maldonado. La población tiene derecho   a   conocer   estas   dificultades   y   yo   tengo   el consecuente   deber   de   decirlas   para   resguardar   mi función   de   la   constante   crítica   que   recibo cotidianamente a través de los medios de comunicación, muchas de ellas -como dije- de parte de las mismas querellas que intervienen en esta causa”.

En ese punto se detuvo en la pericia de ADN sobre los vehículos de la Gendarmería, criticada por haberse hecho varias semanas después de denunciada la desaparición de Maldonado. “Recién   fue   ordenada cuando surgió la hipótesis de la captura como un dato concreto en la acción de habeas corpus”.

Una vez que la Cámara de Apelaciones decida los recursos de la familia de Maldonado y del CELS, es factible que, cualquiera sea su fallo, haya una apelación y termine decidiendo la Cámara de Casación Penal.