“Es un fracaso del Estado en la obligación de llegar a la verdad”, resumió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) al referirse a la marcha de la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, que fue visto por última vez hace 50 días en medio de la represión de la Gendarmería a la comunidad mapuche Pu Lof de Chubut.

El organismo de derechos humanos envió un informe al Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, ente que el 7 de agosto, apenas seis días después de la desaparición de Santiago, había requerido la acción urgente del Estado argentino para buscar al joven. Esto implicaba una serie de medidas para conducir la búsqueda, que no fueron respetadas por el Gobierno ni por la Justicia.

“El Comité de la ONU fue claro en sus indicaciones cuando dictó la acción urgente, sin embargo el Estado argentino no ha orientado adecuadamente su tiempo y recursos para contribuir genuinamente a su aparición con vida”, indicó el CELS. Precisó que el Gobierno se dedicó en cambio "a negar toda participación de esa fuerza federal, a instalar hipótesis falsas que desviaron la investigación, a maltratar a la familia de Santiago y a estigmatizar y desacreditar a la Comunidad mapuche Pu Lof”.

El informe que lleva la firma de Gastón Chillier, Director Ejecutivo del CELS, denuncia que el Ejecutivo demostró una “reticencia a avanzar seriamente en una investigación que pudiera comprometer a la Gendarmería Nacional Argentina (GNA)”. Especifica que el Gobierno pasó de una “negación reiterada” sobre el rol de la fuerza de seguridad a un intento por “desinstitucionalizar toda responsabilidad”. Lea el informe completo.

Las hipótesis falsas

El documento detalla que durante los primeros 35 días de la desaparición, los funcionarios del Gobierno se dedicaron a negar toda participación de la GNA y a “dispersar permanentemente la atención”. El CELS remarcó que la defensa irrestricta de la Gendarmería estuvo encabezada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La responsable política del accionar de las fuerzas federales se presentó el 16 de agosto ante la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado, donde defendió a ultranza el operativo del 1° de agosto en Chubut y desligó enfáticamente de toda responsabilidad a su jefe de gabinete, Pablo Noceti, que se encontraba en la zona en el momento de la desaparición.

El CELS remarca que ya para esa fecha las actuaciones administrativas internas indicaban la necesidad de indagar la actuación de los gendarmes, “fundamentalmente en el tramo en el que llegaron al Río Chubut”. A pesar de ello el Gobierno se dedicó a sembrar teorías falsas

Primero se buscó generar dudas sobre la presencia de Santiago Maldonado en el territorio de la comunidad Pu Lof, algo que ya fue confirmado. Luego se procedió a la difusión de testimonios de personas que decían haber visto al joven en distintas partes del país luego del 1° de agosto de 2017, versiones que terminaron siendo desmentidas en su totalidad.

En paralelo, se planteó la “teoría del puestero”, que indicaba que el 21 de julio una persona había sido herida por un puestero en la estancia de El Maitén y que esa persona podía ser Santiago Maldonado. “Esta falsa teoría fue introducida ni más ni menos que por el propio Ministerio de Seguridad de la Nación en el expediente de Habeas Corpus el 15 de agosto de 2017”, remarca el CELS. Luego la ministra Bullrich se encargó de publicitarla en su exposición en el Senado. Finalmente el Juzgado Federal de Esquel informó el 4 de septiembre que no había coincidencia entre el perfil genético de Santiago Maldonado y el de la persona que habría sido herida.

Ante el ADN negativo, el Poder Ejecutivo quedó “con poco espacio para seguir evadiendo la necesidad de investigar la responsabilidad de la Gendarmería” y reformuló su discurso para comenzar a referirse a la posible responsabilidad de un grupo de gendarmes, en un intento para apuntar a una responsabilidad individual y no institucional.

El relato de los “gendarmes sueltos”

A pesar de que Patricia Bullrich había afirmado en el Senado que no iba a “hacer la injustica de querer tirar a un gendarme por la ventana” para sacarse su responsabilidad y el 27 de agosto expresó estar “segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho, el 10 de septiembre su posición cambió. “Ese día en una entrevista en televisión, la ministra Bullrich 'confirma que el Gobierno está analizando los movimientos de ocho gendarmes por la desaparición de Maldonado'”, señala el informe del CELS.

Recién entonces el Gobierno aportó a la causa judicial distintos extractos de un expediente administrativo, entrevistas internas a los agentes de Gendarmería y distintas partes de las actuaciones administrativas. “No corresponde que el Ministerio decida cuál es la información relevante para la causa, ni tampoco que especule con el momento en que pone a disposición de las partes del proceso judicial o hace pública esa información”, remarcó el CELS.

El informe concluye que entre mediados de agosto y alrededor del 7 de septiembre, el Ministerio de Seguridad “contaba con elementos para considerar que por lo menos un grupo de gendarmes había interactuado a la vera del río con manifestantes que estaban huyendo de la represión”, algo que negó hasta que asumió su cambio de discurso. “Es gravísimo que tuvieran que pasar 40 días para que el Poder Ejecutivo Nacional reaccionara sobre la actuación de la fuerza, que había sido cuestionada desde el 1° de agosto de 2017”, señala el organismo de derechos humanos. Y agrega que ese cambio se debió a un intento de instalar que no se está ante una responsabilidad del estado sino ante “inconductas” individuales.

El maltrato a la familia y la persecución a los mapuches

El CELS recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas requirió en su pedido de acción urgente que el brinde toda la información de la causa a los familiares y representantes de Santiago Maldonado, además de garantizarles plena participación en la investigación. Sin embargo, en lugar de seguir esas indicaciones la ministra de Seguridad se dedicó a instalar públicamente la idea de una supuesta falta de colaboración de parte de la familia en la búsqeda del joven. “Los familiares debieron ocuparse de desmentir la falsedad de esa acusación y además de refutar “cada una las distintas hipótesis alternativas que se pretendieron imponer sobre el caso”.

El documento enviado a la ONU también señala que el Estado argentino no cumplió con el requerimiento de adoptar medidas cautelares de protección a favor de los familiares, sus representantes y los miembros de la comunidad mapuche. Estos últimos además fueron víctimas de una campaña de estigmatización encarada desde el Gobierno, que los tildó de violentos y difundió la idea de una supuesta “amenaza mapuche” contra el territorio argentino.