La Corte Suprema de Brasil votó ayer a favor de enviar la nueva denuncia por corrupción contra el presidente Michel Temer al Congreso para que éste decida sobre un posible juicio penal.

La mayoría de los 11 jueces del Tribunal Superior de Justicia rechazaron un pedido de la defensa de Temer de frenar la denuncia presentada por la fiscalía el jueves pasado, la segunda presentada en tres meses, y que acusa al presidente de delitos de obstrucción a la Justicia y asociación delictiva. La Cámara baja debe decidir en las próximas semanas si levanta la inmunidad de Temer. El paso es considerado sin embargo como muy improbable, ya que es necesaria una mayoría de dos tercios en el Congreso, y el presidente cuenta ahí con una amplia mayoría. El voto de seis de los once magistrados abre la puerta para enviar la denuncia a la Cámara de Diputados, donde los legisladores deberán votar si autorizan al máximo tribunal a evaluarla y eventualmente elevarla a juicio. “La palabra está con la Cámara de Diputados”, dijo el juez Luís Roberto Barroso al explicar su posición.

El Parlamento se negó ya en agosto a autorizar el juicio por una primera denuncia contra el presidente. Temer es el primer jefe de Estado brasileño en ser denunciado por corrupción durante su mandato. Las acusaciones están vinculadas con el caso “Lava Jato” (“Lavado de autos”), una megacausa sobre corrupción política que sacude al gigante sudamericano desde hace más de tres años. Gran parte de la clase política brasileña está acusada de haberse beneficiado de sobornos pagados por empresas interesadas en obtener contratos estatales o favores políticos. En el centro del escándalo está la petrolera estatal Petrobras.

Temer es acusado, entre otros cargos, de haberse beneficiado de sobornos pagados a su partido, el conservador PMDB para favorecer al grupo J&F, matriz del gigante del sector de la carne JBS. El ex fiscal general Rodrigo Janot presentó una primera denuncia por corrupción pasiva y lavado de activos en junio, y envió la segunda a la Corte Suprema la semana pasada, tres días antes de que terminase su mandato. La gestión de la nueva fiscal, Raquel Dodge, es vista ahora con expectación, a la espera de la posición que tomará respecto a los casos de “Lava Jato” y a las denuncias contra Temer. Dodge fue designada directamente por Temer para el puesto.

Si el Congreso rechaza otra vez levantar su inmunidad, Temer debe tener vía libre judicialmente para acabar el mandato que heredó tras la destitución el año pasado de su predecesora, Dilma Rousseff, y que acaba el 31 de diciembre de 2018. Brasil celebra elecciones presidenciales en octubre del próximo año, en un clima político convulso por los escándalos de corrupción en torno a los principales políticos y partidos del país.

La defensa de Temer pedía devolver a la Fiscalía la denuncia por asociación ilícita y obstrucción a la Justicia bajo la premisa de que varios de los hechos imputados al gobernante son anteriores al ejercicio de su mandato presidencial. La Constitución brasileña establece que un presidente sólo puede ser objeto de un proceso penal cuando se trata de hechos ocurridos durante el ejercicio de su mandato y no anteriores. En esta denuncia, Temer es acusado de haber actuado como “líder de una organización criminal” junto con otros importantes miembros de su partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), desde mayo del 2016, cuando asumió el poder. No obstante, para el abogado Antonio Claudio Mariz de Oliveira, el defensor de Temer, los cargos son un absurdo al incluir hechos pretéritos.