“El Comité de Desaparición Forzada la ONU fue claro en sus indicaciones cuando dictó la acción urgente, sin embargo el Estado argentino no ha orientado adecuadamente su tiempo y recursos para contribuir genuinamente a su aparición con vida. De hecho, desatendiendo la importancia crítica que tienen los primeros momentos de una desaparición, en los 35 días posteriores a que Santiago desapareciera en el contexto del operativo de la Gendarmería, el actuar del Poder Ejecutivo estuvo principalmente abocado a negar toda participación de esa fuerza federal, a instalar hipótesis falsas que desviaron la investigación, a maltratar a la familia de Santiago y a estigmatizar y desacreditar a la Comunidad mapuche Pu Lof.” Así resumió el Centro de Estudios Legales y Sociales la actuación del gobierno que encabeza Mauricio Macri en un informe presentado ayer ante ese comité de Naciones Unidas, donde analizó la respuesta del Estado argentino a la desaparición de Santiago Maldonado. 

“Tampoco aportó en tiempo y forma la totalidad de la información con la que contaba en relación con los hechos del 1 de agosto de 2017”, reza el extenso documento firmado por el abogado Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS. Tras realizar consideraciones “sobre el muy preocupante desarrollo de las investigaciones judiciales en relación con la desaparición de Maldonado”, el CELS concluyó que hubo una “falta de efectiva preservación y aporte oportuno de la prueba, además de la presentación de evidencia parcial e incompleta”. Para el organismo, “es claro que el Estado argentino no ha acatado los términos de la acción urgente”, por lo cual consideró que es imprescindible que el Comité contra la Desaparición Forzada los reitere y, en concreto, requiera la adopción inmediata de las medidas esenciales que deben tomarse ante la desaparición de una persona, en particular cuando aquello sucede, como en este caso, en el contexto de un operativo de fuerzas de seguridad. El CELS enfatizó que “es fundamental que todos los esfuerzos se orienten a la aparición con vida de Santiago Maldonado”, y para eso “el Estado argentino debe por fin encauzar una ‘estrategia integral y exhaustiva para su búsqueda y localización’, tal como le fuera oportunamente requerido por esta instancia internacional”.

Con especial cuidado, el organismo de derechos humanos indicó que aguarda la definición sobre la recusación del juez federal Guido Otranto, y mencionó que en el escrito con que pidió su apartamiento se detallan “graves problemas que hemos identificado en el proceder judicial hasta la fecha y el prejuzgamiento” del magistrado sobre los hechos y actores de la causa. También recordó que la familia de Santiago Maldonado coincidió en la solicitud de apartamiento del juez.

En el capítulo asignado al incumplimiento de las medidas de protección por parte del gobierno de Cambiemos, el CELS destacó que también “se verifica respecto de los miembros de la comunidad Pu Lof que en todos estos días han sido estigmatizados y desacreditados por diversos funcionarios de gobierno, como informamos oportunamente, en 2015 el gobierno provincial de Chubut comenzó a criminalizar y reprimir a la comunidad mapuche Pu Lof, a partir de la disputa que la comunidad sostiene con el empresario italiano Luciano Benetton por la propiedad de las tierras”. En ese contexto, “se sucedieron varios hechos graves de represión, con heridos, y se denunciaron prácticas de espionaje ilegal; el Poder Judicial de la provincia intentó aplicar la ley antiterrorista contra los mapuches, pero esta estrategia fue entonces desestimada por la Justicia Federal”. 

El CELS fue lapidario al afirmar que “el gobierno nacional que asumió en diciembre de 2015 se sumó a la criminalización de los mapuches e intensificó los mensajes tendientes a presentarlos como una amenaza al Estado”. De hecho, en un documento de circulación interna del Ministerio de Seguridad de la Nación, titulado “Resultados de gestión” y fechado el 30 de agosto de 2016, se afirma que grupos mapuches “están protagonizando hechos delictivos como usurpaciones de territorios, incendios, daños, amenazas”; que “se arman comunidades y se toman tierras en zonas petroleras o gasíferas impidiendo constantemente la normal explotación de los pozos”, actividades que “afectan un servicio estratégico de los recursos del Estado”. En tal sentido, recordó que a fines de julio y principios de agosto de 2017, “el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, Pablo Noceti, se desplazó hacia Esquel. En esa ocasión a firmó   que los mapuches quieren ‘generar caos y desorden y temor en la población’ y que ‘tenemos algunas noticias de que se han juntado con extremistas kurdos’”. Luego de la desaparición de Santiago Maldonado, y al tiempo que negaba la participación de Gendarmería en el hecho, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, siguió refiriéndose a una supuesta amenaza mapuche, afirmando por ejemplo que “nuestra decisión es total y absoluta de no permitir que en la Argentina se asiente un grupo que utilice la violencia como forma de acción y quiera imponer una república autónoma y mapuche en el medio de la Argentina”.