Mientras los medios se ocupan mayormente de la cobertura de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el conflicto en el territorio del “Pu-Lof en Resistencia”, en Cushamen, un multitudinario colectivo integrado por comunidades indígenas, grupos de profesionales y organizaciones de derechos humanos han iniciado su lucha en procura de la prórroga de la Ley 26.160. Sancionada en el año 2006 y prorrogada en el 2009 y 2013, esta ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, suspende la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos que procuren el desalojo de las tierras. A la vez, encomienda al INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) el relevamiento técnico y jurídico de la situación dominial de las tierras ocupadas, destinándole los fondos necesarios para encarar tales acciones.
Es necesario señalar que aún con la ley vigente los pueblos originarios han sufrido persecuciones y amenazas, mientras que los conflictos por la delimitación de los predios y el avance de los alambrados sobre sus tierras fue constante. A su vez, el corrimiento de la frontera agropecuaria ha presionado sobre sus campos, las explotaciones mineras han contaminan sus suelos y sus cursos de agua y la pérdida del bosque nativo afectó claramente sus condiciones de vida.
En los dos últimos años hemos sido testigos de un claro avance sobre los derechos de los pueblos originarios. Por un lado, la reciente modificación por parte del gobierno de Mauricio Macri de la Ley Nacional 26.737/11 “de tierras rurales” mediante el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 820/2016 eliminando las restricciones para la venta de tierras a extranjeros, aumentando de esta manera la presión sobre las comunidades y por otro, la absoluta inacción del Estado nacional (con la complicidad de muchas provincias) en la implementación de la Ley Nacional N° 26.160. El grado de avance en el proceso de regularización territorial es sumamente diverso entre las distintas provincias y se estima que que del total de 1.532 comunidades identificadas en la actualidad por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial Indígena (RETECI), solo han sido relevadas 759 comunidades de las cuales cuentan con “resolución del INAI” solo 459. A partir de la restauración neoliberal iniciada a fines del año 2015, las dificultades en la implementación se han agravado últimamente por el total desinterés del gobierno nacional de impulsar este tipo de políticas.
La reciente escalada de los conflictos territoriales en predios ocupados por pueblos originarios, en definitiva el fondo de la cuestión, se explica en parte porque la Ley 26.160 vence el próximo 23 de noviembre. La postergación de su tratamiento el pasado jueves en el Senado de la Nación del proyecto que propone su prórroga, pese a contar con dictamen de las comisiones de Pueblos Originarios y de Presupuesto, es un claro síntoma de un clima de época.
La posible “caída” de la ley configura un nuevo cuadro normativo que precariza aún más las condiciones de vida de los pueblos originarios y amenaza su permanencia en territorios que han ocupado ancestralmente. La violencia por la distribución de la renta agraria, hidroenergética, hidrocarburífera y turística aumentará significativamente y sin la intervención de la justicia y el Estado los pueblos originarios quedarán aún más expuestos a la violencia del mercado que presiona sobre sus recursos. Los desalojos de comunidades indígenas enfrentadas con finqueros y empresarios que tienen titularidad registral aumentarán exponencialmente.
Esto que parece lejano y abstracto implica que no puedan criar sus animales, que no puedan plantar sus cultivos, que no puedan hacer sus huertas; en definitiva que no puedan procurarse los alimentos necesarios para su subsistencia. La “caída” de la ley significa también que quizás no puedan acceder a los bosques de los cuales extraen no solo alimentos sino también los materiales con los cuales construyen las artesanías que una vez vendidas les reportan el escaso dinero en efectivo con el que afrontan gastos indispensables.
La prórroga de la Ley 26160 no puede constituirse en un hecho aislado, debe ir acompañada por continuidad de un conjunto de políticas públicas que procure un nuevo relacionamiento de los pueblos originarios con el Estado, que garantice los derechos conferidos a las comunidades originarias tanto en la Constitución Nacional, como en el derecho internacional y que asegure la vigencia del estado de derecho.
* FFyL UBA- UNLu.
** FFyL UBA -UNLu-Conicet.
