Un eslabón más de la cadena de errores que condujeron al desplome del avión de Lamia en Medellín quedó en evidencia ayer: trascendió el informe de una funcionaria del aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, desde donde partió la aeronave, que había objetado el plan de vuelo presentado por la empresa, entre otros motivos, porque la autonomía de la nave no era la adecuada. El gobierno boliviano retiró el permiso de operaciones a la aerolínea y suspendió a las autoridades del sector aeronáutico, mientras se investigan las responsabilidades por el despegue del avión.

Según un informe de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) de Bolivia, publicado por el diario boliviano El Deber, la funcionaria de ese organismo Celia Castedo Monasterio recomendaba modificar el plan de vuelo presentado por Lamia. Entre los señalamientos que le realizó, el más importante, fue que el tiempo de vuelo (4 horas, 22 minutos) al aeropuerto de destino era igual a la autonomía de la nave.

Además, Castedo consignó en el reporte que “faltaba un segundo plan alterno, el informe fue mal llenado y era necesario hacer varios cambios” en el esquema. El documento describe el diálogo entre la funcionaria y Álex Quispe, el despachador de vuelo de Lamia, luego fallecido en el accidente.

Ante la insistencia de la funcionaria por la autonomía de vuelo, Quispe le explicó que “no señora Celia, esa autonomía me han pasado (en referencia al capitán Manuel Quiroga, también fallecido), nos alcanza bien (...). Así nomás lo presentó, lo hacemos en menos tiempo, no se preocupe. Es así nomás, tranquila, eso está bien, ahí nomás déjemelo”, consignó Castedo en su reporte, antes de señalar que “ya no insistí más al ver la terquedad del despachador”.

Media hora después, sin cambios en el plan, el despachador volvió a retirar otros datos del vuelo.

“Pero, pese a las observaciones de Castedo, al final el documento pasó a manos de las personas que se encargaron de controlar el vuelo por 15 minutos en territorio cruceño, luego pasó a control nacional hasta su salida del país por Cobija, momento en el que las autoridades de control aéreo de Brasil se hicieron cargo de la nave, que pasó a su territorio por la zona de Porto Velho”, detalló el diario boliviano.

Todos los indicios siguen apuntando en la misma dirección: el trayecto que se había impuesto el comandante de la nave era excesivo para el avión, pero lo que aún sigue sin respuesta es lo mismo que se pregunta el gerente de la empresa Lamia, Gustavo Vargas, quien sostiene que “aún no entiende por qué el avión no se reabasteció de combustible en Bogotá, como estaba previsto en el plan de vuelo”.

Por otra parte, dos organismos del Estado boliviano quedaron en el ojo de la tormenta: la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), encargada de la supervisión técnica de las aeronaves; y la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), que aprueba los planes de vuelo.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda de Bolivia, Milton Claros, decidió suspender a las principales autoridades de esas reparticiones, mientras se instruye la investigación para determinar la responsabilidad por el despegue de la nave luego de las advertencias consignadas.

“No estamos responsabilizando a ninguna persona, pero mientras duren las investigaciones vemos conveniente que los ejecutivos sean suspendidos”, dijo el ministro. “Como gobierno vamos a aplicar todo el peso de la ley en cuanto a responsabilidades siempre y cuando haya habido omisión de las mismas”, remarcó Claros.

Al mismo tiempo que el gobierno boliviano decidió retirar el permiso de operaciones a Lamia, el ministerio de Obras Públicas ordenó dos investigaciones: una sobre por qué se otorgó a la empresa una certificación como operador aéreo y si cumplía todos los requisitos, y la otra sobre el capital de la empresa, sus accionistas y ejecutivos.

En este sentido, las sospechas apuntan al posible vínculo entre uno de los ejecutivos de Lamia, Gustavo Vargas Gamboa, y el director de Registro Aeronáutico Nacional dependiente de la DGAC, Gustavo Vargas Villegas, que, según trascendió, son padre e hijo.

Entre las atribuciones de la Dirección de Registro Aeronáutico Nacional, está asignar matrículas nacionales a las aeronaves que reúnan las condiciones estipuladas en la Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia; inscribir los permisos de constitución de empresas e industrias y toda intervención relacionada con la actividad aeronáutica.

Al respecto, Claros dijo que “los resultados (de la investigación) mostrarán qué tipo de relación ha existido (entre la DGAC y Lamia), parentescos y demás”.

Ayer también se difundió una carta de Yaneth Molina, la controladora aérea, que mantuvo desde la torre de control del aeropuerto de Medellín las comunicaciones con el piloto de Lamia Miguel Alejandro Quiroga.

“Puedo afirmar con absoluta certeza que de mi parte hice lo humanamente posible y lo técnicamente obligatorio para conservarles la vida a esos usuarios del transporte aéreo, lamentablemente mis esfuerzos resultaron infructuosos por las razones que son de todos ustedes conocidas”, dice la carta dirigida a sus colegas.

Sin embargo, además de agradecer las muestras de apoyo recibidas, Molina denunció haber recibido amenazas tras la difusión del audio, en el que un copiloto de Avianca relató lo sucedido entre la torre de control y el comandante de Lamia: “Lamentablemente por causas de mis colegas periodistas he conseguido que personas ignorantes y ajenas a este oficio y sobre todo que ignoran los procedimientos amenacen mi integridad física y mi tranquilidad personal, por lo que he estado analizando soluciones al respecto las cuales espero discutir con las directivas de la entidad”, dijo en sus párrafos finales la controladora aérea.