La demorada reglamentación de la ley que regula la investigación médica y científica del uso medicinal del cannabis fue recibida con críticas por los impulsores de la normativa, que consideraron que el Poder Ejecutivo no respetó “el espíritu” del texto aprobado en el Congreso de la Nación en marzo de este año.

“No es lo que se votó. El Gobierno fue en contra de un principio constitucional que dice que no se puede alterar el espíritu de la ley con la reglamentación”, dijo a Página/12 la diputada nacional del Frente para la Victoria, Carolina Gaillard, una de las promotoras del proyecto para legalizar el cannabis medicinal. “transformaron una ley en un protocolo de investigación”, apuntó.

En concreto, el Ejecutivo dejó afuera la posibilidad de sumar a los autocultivadores, que seguirán estando en una suerte de clandestinidad. “Lo que nos motivó a ir en busca de la ley, no se modificó. Seguimos estando en la ilegalidad”, dijo a Página/12 Valeria Salech, integrante de Mamá Cultiva.  

Salech se refiere al artículo 8, que originalmente buscaba crear un registro de usuarios y familiares para "eximirlos" de la aplicación del artículo 5 de la Ley 23.737 (de Estupefacientes), que entre otras cosas, condena el cultivo. Desde Mamá Cultiva advirtieron que no se prevé una autorización del autocultivo, ni mucho menos un mecanismo de cobertura ante eventuales allanamientos de las fuerzas policiales. 

En cambio, el Gobierno optó por apostar a una reglamentación más restrictiva, que acota la utilización del cannabis medicinal para pacientes que padecen epilepsia refractaria –cuyo tratamiento está autorizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS)--, y crea el “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”. 

Gaillard advirtió que se están dejando “afuera a miles de pacientes que hacen uso del tratamiento y que padecen otras patologías, como mal de Parkinson, fibromialgias, pacientes oncológicos, que hacen uso del cannabis con fines terapéuticos”. “Arrojan a la ilegalidad a miles de usuarios que no van a dejar de hacer uso. Los dejan en la clandestinidad. Por eso, con la ley queríamos que los médicos pudieran prescribirlo para las patologías que lo consideran.”, señaló la diputada. 

Los usuarios inscriptos en el Programa recibirán el aceite de cannabis en forma gratuita (será importado), mientras quienes decidan no formar parte, deberán pagarlo. También se autoriza al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) a que cultiven cannabis "con fines de investigación médica o científica para la elaboración de la sustancia que como medicamento sirva para proveer a quienes estuvieren incorporados al Programa". Por último, se especifica que el Ministerio de Seguridad será quien establecerá "las condiciones de habilitación", lo que no estaba presente en la ley. Hay un prejuicio con el cannabis. Ha primado una mirada de seguridad en lugar de la mirada del ministerio de Salud. 

“Le ley no hablaba de que teníamos que inscribir a nuestros hijos en un programa para ser sometido a investigación, ¿lo quieren tomar como conejillo de la India”?, se quejó Salech. “No está bien lo que hizo el Gobierno. Tardaron más de seis meses en reglamentarla, pensamos que iban a salir con algo superador, pero esto no tiene nada de moderno”, agregó.

Afuera de la reglamentación no sólo quedó el autocultivo, sino también la promoción de la ley en el resto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y el impulso a la producción pública del aceite de cannabis. Este punto era considerado esencial por las organizaciones que impulsaban la ley, ya que la importación no alcanza para cubrir la demanda del producto.