Una crisis institucional se desató en Funes. Conocida la sentencia de inhabilitación que pesa sobre el intendente Diego León Barreto para ejercer cargos públicos y partidarios, dos ediles opositores, del Frente Progresista y el PJ, exigieron que el mandatario macrista dé un paso al costado. "El Concejo deberá articular la forma de llevar adelante el gobierno municipal", destacó el radical Juan Ignacio Rímini, mientras que el justicialista Roly Santacroce dijo que si fuera él el acusado "renunciaría o daría un paso al costado hasta que se aclare". El jefe comunal dialogó con medios y se defendió a través de un comunicado: "Es enorme la injusticia a la que estoy siendo sometido en estos días", dijo y agregó: "Es curioso el momento elegido por el juez para resolver la causa".
Con fecha 11 de septiembre, el juez federal con competencia electoral Reinaldo Rodríguez condenó a León Barreto, al actual cómico Miguel Torres Del Sel y a Norberto Principato por irregularidades en el financiamiento de una campaña política del PRO en 2011, cuando el intendente era tesorero de los amarillos. La sanción es una inhabilitación por el plazo de seis meses "para el ejercicio de sus derechos de elegir y ser elegidos en las elecciones a cargos públicos nacionales, y en las elecciones de autoridades de los partidos políticos y para el ejercicio de cargos públicos y partidarios".
La sentencia, confirmó el intendente, ya fue apelada, por lo que aún no se encuentra firme. La respuesta a Rodríguez fue entregada por los abogadores defensores del mandatario, Guillermo Salerni y Leandro Enrique Fernández de Salvi, quienes hoy son funcionarios funenses. El primero es director de Asuntos Jurídicos y el segundo es subdirector de Asuntos Jurídicos y coordinador de Mediación, además de hermano de Ezequiel, el ex funcionario que alentó el turismo en el ex centro clandestino de detención Quinta de Funes.
Mediante un comunicado, León Barreto relacionó la difusión de la sentencia con la coyuntura de campaña electoral. Aseguró que está "sometido a una enorme injusticia" y añadió que "es sabido por todos que durante las campañas electorales hay quienes, ante la ausencia de propuestas para mejorar la ciudad y la calidad de vida de todos sus habitantes, deciden utilizar toda su energía en desprestigiar a los dirigentes políticos de otros partidos, impidiendo que el ciudadano pueda generarse opinión con un debate político maduro, responsable y que tenga en miras el interés y las necesidades de todos". Admitió que ejerció el cargo de tesorero por 17 días desde el 14 de diciembre de 2012, pero que los supuestos delitos se concretaron cuando no ocupaba cargos en el PRO. Además, se quejó de "violaciones" a sus derechos constitucionales y habló del "curioso momento" que eligió el juez para resolver la causa, "previo a las elecciones".
Desde la oposición hicieron fila para pegarle. Santacroce le pidió que deje temporalmente el cargo y dijo que la situación "es muy compleja" y lo "entristece mucho". Se preguntó, además: "¿Cómo vamos a seguir gobernando la ciudad?". Rímini, radical, reclamó que "como mínimo" y por una cuestión "ética", León Barreto se tome una licencia sin goce de sueldo de su función hasta el vencimiento del plazo de la sanción. En esa línea, impulsará un pedido "para que se formalice una denuncia ante el área de Anticorrupción y Transparencia de la provincia, para que dictamine si los hechos pueden ser objeto de aplicación de la ley de ética pública". Se sumaron el dirigente del Frente Social y Popular, Mauro Miguez, quien dijo que el fallo contra Barreto "daña a Funes" y exhortó al Concejo a tomar una "resolución urgente" sobre el tema, porque "se está afectando a la credibilidad en la política". Finalmente, el candidato a concejal de 1País, Marcelo Farré, dijo que el intendente "debe poner la renuncia a disposición" y cerró: "Vengo denunciando desde hace un año la irregularidades de este grupo de globos amarillos".