Vivir en medio del campo, en la nada social, significa manejar el espacio propio casi sin límites. Las casas de campo, sean de la escala que sean, de prosperidad o modestia, tienen un camino de entrada, una arboleda, un monte, un jardín, un adelante y un atrás que sólo respeta el relieve, la vista, los límites de la naturaleza. No son espacios negociados en comunidad, sujetos a leyes o reglamentos excepto en escalas muy vastas (desvío de aguas, uso de agrotóxicos). Si le interesa, al que vive en el campo lo limita su imaginación, sus fondos. No extraña que a tantos les salga la frase que en la quinta, en la chacra, se sienten “libres”.

Las ciudades, al contrario, son espacios comunes por definición donde somos sujetos y creadores, víctimas y victimarios, disfrutadores de lo ajeno, creadores de disfrutes, patólogos y enfermados. Las ciudades son selvas de regulaciones medidas al centímetros, escenarios de confrontamientos por un metro o dos, peleas por el aire y la luz, el silencio y la privacidad. Por eso, el gobierno urbano tiene una urgencia inmediata que no tiene el rural, como se ve en la caricatura intermedia que son los countries, que exageran con tanto reglamento.

¿De quién es una ciudad? De todos y de nadie, lo que hace delicado esto del gobierno que tenga una utopía, como la tiene a su manera el macrismo en funciones. Para gente nada experta como Horacio Rodríguez Larreta, la visión propia no se negocia y entre menos se sepa de un tema, menos se negocia. Es un peligro, porque termina funcionando como si fuera dueño de la ciudad y no apenas su gobernante. Para peor, Larreta no es una persona que exhiba un particular cariño por Buenos Aires, ni se lo ve particularmente orgulloso de ser su gobernador, apenas contento de tener un puesto que ya proyectó a dos presidentes, lo que debe ser su real target. Nada que ver con Tedy Kollek, el eterno intendente de Jerusalén al que cuando uno le preguntó si no quería ser premier o presidente contestó con gran fastidio, “¿para qué? soy intendente de Jerusalén... de Jerusalén. Dígalo en voz alta e imagínese por un segundo que usted está a cargo de una ciudad única como Jerusalén”. Quién tuviera por acá un apasionado así...

Para nuestra desgracia colectiva, la utopía barata del macrismo es “mostrar gestión”, lo que los lleva a hacer macanas inconcebibles. Guillermo Rey es uno de los tantos porteños que intenta corregir estas macanas, avisando qué está mal hecho en las podas de árboles y de paso mostrando objetivamente cómo se deberían hacer esas podas. Un ejemplo reciente es la nota que le envió a la Junta Comunal 11, con copia a Espacio Verde y a Arbolado, criticando las talas de paraísos de este mes en las calles Carlos López y Lavallol. Rey explica que se cortaron sin más árboles de unos ochenta años de edad que estaban en buen estado, sin huecos ni rajaduras que comprometieran su estructura. De hecho, explica, los árboles estaban en el censo fitosanitario realizado por la propia ciudad en 2011 sin marca ni observación, con lo que la pregunta es qué motivo hubo para que los talaran. ¿Se detectó una patología? ¿Había un problema con las raíces?

Estas detecciones, explica el denunciante, se pueden hacer fácilmente con instrumentos llamados resistógrafo y tomógrafo, que evalúan el estado interno de un árbol, que bien puede estar resentido por una tormenta sin que se note desde afuera. Como los árboles eran magníficos ejemplares antiguos, bien se merecían este trato preferencial. Pero los árboles fueron talados y listo, como si todos estuvieran en el mismo estado y ese estado fuera malo, como subraya Rey. 

Además de ser una chantada grave, esta tala fue ilegal porque no cumplió la ley específica, la 3263. Resulta que antes de talar un árbol hay que poner un cartel por diez días explicando por qué se lo corta y publicando cómo recurrir la medida. Ni siquiera se cumplió la formalidad de que la contratistas presentara la orden de trabajo ante la Comuna 11, explicando por qué sacaban esos árboles. Esto implica quebrar el ítem 1.3.7 de la Ley de Faltas porteña, la 451, que habla sobre destrucción del arbolado público, que explícitamente implica al funcionario que hubiera autorizado el acto. Y, por supuesto, esta tala sigue quebrando la prohibición del juez porteño Guillermo Schleiber, emitida el 14 de julio, ordenando al gobierno porteño que suspenda toda poda y tala que no cumpla la ley. 

Para darse una idea de lo que hay que hacer, en 2011 la misma Ciudad le permitió a la empresa Benito Roggio extraer dos plátanos para la construcción de la línea E de subte. Como el proyecto era nacional, el macrismo sí quiso que se cumpliera la ley y le exigió a la Roggio que plantara 300 jacarandaes y 62 plátanos en compensación. 

Nada de esto ocurrió ni va a ocurrir porque el gobierno porteño actual considera que la Ciudad es suya, que no tiene que compensar nada y mucho menos plantar algunos cientos de árboles para cubrir los que se cargó esta vez.  

Otro caso de este pensamiento “mío-mío” es lo que anda pasando en el Playón de Chacarita, donde el Instituto de la Vivienda de la Ciudad supuestamente está urbanizando un barrio carenciado en diálogo con los vecinos. Pero esta semana, el Instituto llamó a licitación para construir 692 viviendas y setenta locales según un proyecto que les presentó a los vecinos y sus técnicos el 23 de agosto, con lo que les dio 26 días para pensarlo. Los vecinos, pese a que los corrían, alcanzaron a hacer algunas observaciones sobre el proyecto, que fueron prolijamente ignoradas. 

Estas observaciones no son ligeras, ya que alcanzan a una quinta parte de las viviendas a construir y fueron realizadas por el Observatorio del Derecho a la Ciudad y el ministerio público de la Defensa, que corrieron con la lengua afuera y las presentaron el 31 de agosto, apenas ocho días después de que les mostraran el plan. Las fallas incluyen medidas absurdas de dormitorios y locales diminutos, de dudosa utilidad. Un comentario hecho en voz alta fue que el plan parecía un trabajo práctico de un estudiante mediocre de arquitectura, algo a bochar sin miramientos. 

Como respuesta a estas críticas, el Instituto simplemente se escondió atrás del artículo cuarto de la ley de “integración social” del barrio. Es un artículo-gatillo que dice simplemente que “en caso de disenso, el IVC asesorará al jefe de Gobierno respecto de la decisión a adoptar para el cumplimiento del Proyecto Integral de Reurbanización”. En castellano simple, si al IVC le parece bien el proyecto, va a ignorar toda crítica y listo. No importó que también exista por ley una Mesa de Gestión Participativa del barrio, que supuestamente tiene un mecanismo obligatorio de conciliación y consulta. 

Pero a todo esto, el responsable del área técnica del Instituto, Maximiliano Alvarez, dijo públicamente y ante los vecinos que no se iba a licitar nada sin que se incorporaran las observaciones de la asamblea. Esto no fue en una reunión a puertas cerradas o en un mano a mano, sino públicamente ante los vecinos reunidos, el 15 de este mes. Pero el 18 les hicieron un anuncio que sí era verdadero, que al día siguiente salía en el Boletín Oficial la licitación sin cambios. Los vecinos, humildes, pidieron un par de semanas, pero la campaña de prensa estaba lista y no fue demorada. El presidente del Instituto, Juan Ignacio Maquieyra, prometió que se harían cambios una vez adjudicada la licitación. A los vecinos ya les cuesta creer en estas promesas.

A todo esto, el proceso es una muestra de esa peculiar mezcla de mala fe e incompetencia que caracteriza al macrismo en funciones. Las casas futuras del barrio son más pequeñas de lo debido porque se “perdieron” dos manzanas del proyecto original, que ahora se venderán a privados para emprendimientos comerciales. Y en el año y medio que lleva esta milonga, el IVC tuvo dos presidentes y cuatro coordinadores del área. El actual es Mauricio Giraudo, un farmacéutico aparentemente inocente de toda experiencia en temas urbanos o sociales. 

Para ver qué profundo es este problema de la visión de a quién pertenece una ciudad, hay que volver a uno de los problemas más viejos que perviven en esta Buenos Aires. La Manzana Clemente, también llamada M2 –un nombre que gusta en este suplemento– estuvo usurpada entre 1991 y 2004 por una productora de televisión y luego quedó en potrero, como muestra la foto de estas páginas. Diego Santilli hizo un breve negocito de bares en el vecino Mercado de Pulgas, denunciado por los mismos puesteros del lugar, y el año pasado el mismo Larreta agregó a la saga el disparate de hacer un shopping. 

Los vecinos del lugar, donde justo se juntan las comunas 13, 14 y 15, aprovecharon el mamarracho del programa BA Elige para proponer una plaza, a la que llamaron Parque Natural Educativo. La idea fue presentada por el Grupo de Árboles Nativos y se ganó 257 votos, por lejos entre las más apoyadas en la Comuna 13. De hecho, este jueves de primavera el gobierno porteño anunció que, en esa comuna, el “corte” para que se aprobara un proyecto era de 230 votos. Nadie pudo festejar, sin embargo, porque el Parque Natural Educativo no figuraba entre los elegidos...

Esta saga puede seguirse en detalle en https://parque-colegiales.blogspot.com.ar/, la página de los vecinos que insisten en que estos 7500 metros sean de verde público. Evidentemente, los “dueños” de la ciudad tienen otros fines en mente para la plaza Clemente, como corresponde a un grupo político que se piensa poseedor de la Ciudad. Quién iba a decir que el macrismo resultaría ser un grupo iluminado.

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