Tras la puesta en libertad de las últimas personas detenidas en relación con el operativo policial desplegado el miércoles contra el referéndum de secesión de Cataluña, la Fiscalía denunció ayer por “sedición” a los organizadores de las protestas callejeras en defensa de la votación, en un nuevo giro represivo que pretende sofocar a los independentistas.
“Quieren que tengamos miedo, pero somos imparables”, clamó ayer Jordi Sánchez, el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) al intervenir ayer a la tarde ante cientos de manifestantes concentrados frente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), a los que pidió seguir adelante, ya no con las protestas en la calle, sino promoviendo la campaña del referéndum.
“En algo la Fiscalía tiene razón: incitamos a la movilización permanente, pero pacífica, porque no tenemos miedo”, dijo por su parte Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, la otra gran organización civil detrás del movimiento independentista. “Que nadie lo dude, este fin de semana y hasta el 1 de octubre el pueblo de Catalunya saldremos a pegar tantos carteles, pancartas y banderas como nos dé la gana. Nadie nos tiene que decir lo que tenemos que hacer”, añadió.
La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España –máxima instancia penal–, apunta a los responsables de la ANC y Òmnium, quienes promueven y apoyan las movilizaciones en respaldo del referéndum unilateral de secesión, que fue prohibido por la Justicia. El Código Penal español castiga por sedición en su artículo 544 con hasta 15 años de cárcel a quienes “se alcen pública y tumultuariamente” para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las Leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”.
En su escrito, el Ministerio Público relata los “incidentes” que se produjeron el pasado miércoles 20 de septiembre, cuando miles de independentistas se concentraron frente a la sede del Departamento de Economía catalán, donde la Guardia Civil española realizaba un allanamiento en el marco de un operativo contra los responsables de las logística del referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional por ilegal. Según el Ministerio Público, durante la concentración, “individuos que no pudieron ser identificados”, pincharon las ruedas de coches de la Guardia Civil, mientras “voluntarios de la ANC” impidieron que los agentes abandonaran el edificio.
