El presidente de Francia, Emmanuel Macron, firmó ayer su reforma para flexibilizar el mercado laboral, que entrará en vigor inmediatamente gracias a su adopción por el procedimiento del decreto ley, mientras en la calle se mantienen las protestas.

Un día después de la segunda jornada de protestas y con numerosas manifestaciones previstas para las próximas semanas, el presidente de Francia firmó ayer en un acto formal en su despacho en el Palacio del Elíseo frente a las cámaras de televisión los cinco decretos que según subrayó “concretan un compromiso de campaña importante y una reforma en profundidad del mercado de trabajo, indispensable para la economía y la sociedad” francesa.

“Esta es una de las mayores reformas de las últimas décadas. Era indispensable para nuestra economía y nuestra sociedad y favorecerá de forma especial a los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados”, afirmó el mandatario ante la prensa.

La reforma entrará en vigor “desde su publicación” en el Boletín Oficial, algo que, según el vocero del gobierno, Christophe Castaner, ocurrirá “en las próximas horas”. Asimismo, anticipó que habrá otros decretos de aplicación complementarios que estarán listos antes de finales de año. La tramitación parlamentaria, imprescindible para que la reforma sea convalidada y se convierta en ley, está prevista a partir del 20 de noviembre.

El jefe del Estado hizo hincapié en que esta reforma se completará con la del aprendizaje y de la formación profesional, con la del seguro de desempleo –ambas programadas en los próximos meses– y con disposiciones de los presupuestos de 2018 que se darán a conocer el día 27 para “recompensar más el trabajo y el mérito”. “Es una transformación inédita de nuestro sistema socia dará más oportunidades”, en particular a los jóvenes, y permitirá a las empresas “adaptarse de forma rápida” a las condiciones de su actividad, aseguró Macron.

Según el gobierno, el objetivo de la reforma es atraer inversores, luchar contra el desempleo masivo y modificar las reglas laborales que “protegen muy bien” a quienes tienen un contrato estable “a costa de la exclusión completa de los demás”, jóvenes y poco cualificados.

Para eso, el eje principal es dar prioridad a la negociación dentro de la empresa, en detrimento de las normas legislativas y de los convenios sectoriales. Sobre todo en las pymes, donde se simplifican los procedimientos para que los patrones discutan directamente –saltándose a los delegados sindicales– con los empleados sus condiciones de trabajo.

En concreto, se podrá someter al voto del personal (se necesita entonces una mayoría de dos tercios) ciertos aspectos de la remuneración, la movilidad o el tiempo de trabajo. Entre los puntos más polémicos está, igualmente, la fijación de un techo y un suelo en las indemnizaciones por despido improcedente, cuando hasta ahora los jueces tenían libertad para establecer la cantidad límite, informó el vespertino Le Monde.

Los decretos facilitan los despidos por motivos económicos, sobre todo porque una multinacional podrá atenerse a esta figura teniendo en cuenta sólo los resultados económicos obtenidos en Francia, aunque a escala global tenga beneficios. Lo mismo se podrán hacer según los departamentos de la compañía, es decir que se podrán imponer despidos económicos dentro de una rama deficitaria, a pesar de que el grupo en su conjunto no esté en números rojos. La nueva reforma también amplía la posibilidad de crear contratos por obra y servicio a más sectores profesionales (hasta ahora se aplicaban solo a la construcción y la informática).

La movilización contra la reforma, liderada por la Confederación General del Trabajo (CGT), sigue en pie y en toda Francia salieron a la calle –según la policía–, 132.000 manifestantes (“varios cientos de miles”, de acuerdo con los convocantes), frente a los 223.000 de la primera jornada de huelgas del día 12, cuando los sindicatos organizadores cifraron la convocatoria en más de 500.000 personas.