El gobierno porteño decidió avanzar de forma unilateral con la licitación para la urbanización del barrio el Playón de Chacarita, sin tener en cuenta los reclamos de los vecinos, tras un mes de reuniones, y vulnerando el mecanismo que por ley lo obliga a buscar el consenso del proyecto, según denunció el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) que asesora a residentes del predio. El titular de la ONG, Jonatan Baldiviezo, dijo a PáginaI12 que “además de no respetar la voluntad de los vecinos, hay un 20 por ciento de las viviendas del proyecto licitado que están mal diseñadas y no serían aprobadas por ningún estudiante de arquitectura. Prometieron incorporar las modificaciones después de adjudicada la obra y eso, además de los costos extras que genera, implica tener la esperanza de que el gobierno cumpla su promesa, cuando no cumplió con el proceso democrático establecido por la ley. Cuando le manifestamos que estaban violando la ley nos dijeron que fuéramos a la justicia”. En el mismo sentido, la referente de la Mesa Abierta por la Reurbanización del barrio, Mariluz Zambrana, dijo a este diario que seguirán buscando “ser tenidos en cuenta porque nos hablan de un sueño futuro, pero todavía no vimos nada. No nos dan información y estamos preocupados, no somos dueños de la tierra pero lo que construimos lo hicimos con mucho esfuerzo”, explicó.
En marzo pasado, la Legislatura aprobó las re urbanizaciones e integraciones socio-urbanas del barrio Rodrigo Bueno, ubicado al lado de la Reserva Ecológica Costanera Sur y del Playón de Chacarita, ubicado detrás de la Estación Federico Lacroze, entre las calles Céspedes, Fraga y Teodoro García, en la playa de maniobras del ex Ferrocarril Urquiza. Las dos hectáreas, donde viven unas 3000 personas en 513 viviendas, pertenecen al Organismo Nacional de Administración de Bienes (Onabe), dependiente del Estado nacional.
La Ley 5799 obligaba al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a consensuar el proyecto con los vecinos a través del Protocolo de la Mesa de Gestión Participativa (MGP) del Barrio, creada por la misma norma, siguiendo una serie de pasos, antes de poder apelar al artículo 4 de la norma, que estipula que en caso de disenso el gobierno tiene la última palabra.
Sin embargo, el IVC convocó la Licitación Pública Nº 37/17 para la ejecución de 692 viviendas nuevas y 70 locales comerciales en base a un proyecto que presentaron a los vecinos el 23 de agosto pasado, y que volvieron a mostrar el 31 –durante una reunión técnica–. Al día siguiente, el 1 de septiembre, sin incorporar ninguna de las demandas de los vecinos y sus asesores técnicos, el gobierno lo envió para licitar, argumentando falta de consenso y amparados en el artículo 4.
Sin embargo, según Baldiviezo y Zambrana el gobierno no siguió ninguno de los pasos estipulados por el artículo 15 de la ley, que establece el procedimiento obligatorio para la búsqueda de consenso. La norma estipula que, “en caso de no llegar a un acuerdo, los integrantes de la MGP deberán decidir cuánto tiempo demandará la toma de decisión sobre el tema en cuestión”. Luego, el procedimiento contempla tres pasos: “a) En la siguiente reunión del MGP podrá invitar a especialistas u otros actores que aporten a la generación de consenso. b) Los Delegados convocarán a reuniones por manzana y después acercarán a la MGP lo discutido en dicha reunión. c) La MGP convocará a una Asamblea General Extraordinaria no vinculante para conocer la opinión de los vecinos”.
Baldiviezo detalló a este diario que “nada de eso ocurrió”. “Hubo una serie de reuniones con el gobierno en las que se iban tirando lineamientos e ideas. Recién se discutió en serio la propuesta a fines de agosto, y un día después el gobierno congeló el proyecto y dio curso a la licitación. Hicieron creer a los vecinos que participaban de la decisión, cuando ya tenían el proyecto cerrado. Los vecinos le pidieron al IVC que esperara unas semanas hasta incorporar los cambios para que las viviendas sean habitables. Porque el 20 por ciento de las casas del proyecto están mal diseñadas: la superficie de los espacios comunes no se corresponden con la cantidad de dormitorios y genera problemas para equiparlos; o problemas para personas con movilidad reducida; existen dormitorios con superficies muy comprimidas, entre otros objeciones que se señalaron”, remarcó.
Según el titular de ODC, parte de esos problemas se deben a dos manzanas que el IVC excluyó de la urbanización, después de que se aprobó la ley, para destinarlas a proyectos inmobiliarios, y cuya consecuencia fue que se proyectara la cantidad de viviendas necesarias en una superficie bastante menor y comprimiéndolas.
“Dicen que van a incorporar las modificaciones después de adjudicado el proyecto y eso puede implicar cambiar el presupuesto. Además genera una cantidad de vicisitudes que se podían soslayar postergando la licitación. Porque si las modificaciones o el monto superan el 20 por ciento del proyecto hay que llamar a una nueva licitación”, señaló Baldiviezo.
Y agregó que “los procesos de urbanización generan miedo y angustia en los barrios, más cuando falta información como está ocurriendo, porque los vecinos no saben qué va a pasar con sus casas y hay inquilinos que son echados. Por eso es necesaria una actitud proactiva del gobierno, que en este caso fue muy deficitaria. Hay manzanas enteras con las que no se han reunido para darles información, y parte del problema es que los funcionarios responsables de la reurbanización no tienen experiencia ni antecedentes en el tema. El actual coordinador es un farmacéutico, y antes hubo una politóloga”, remarcó.
En el mismo sentido, Zambrana dijo que “no terminaron el relevamiento social, y muchos vecinos no saben qué es ni que existe. Tienen que dar información a los vecinos y no lo hacen. Es muy complejo trabajar con el IVC porque nunca dan información real y hablan con unos pocos vecinos que son del PRO. Cuando se presentó el proyecto en la Legislatura pudimos incorporar algunos cambios con un dictamen de minoría pero no pudimos cambiar el artículo 4, que dejó la última palabra al IVC y que ahora aplicaron dejándonos afuera del proyecto”.
Según Baldiviezo, frente los reclamos, y atentos a la vocación dialoguista que suele invocar el gobierno, “cuando le manifestamos que estaban violando la ley nos dijeron que fuéramos a la Justicia”.
