La tasa de empleo, que es aquella que mide el porcentaje de personas ocupadas sobre el total de la población, cayó en el segundo trimestre del año tanto a nivel país como en los principales distritos. Para el agregado nacional, la baja fue de 41,7 a 41,5 por ciento respecto del mismo período de 2016, de acuerdo a los datos del Indec. En el conurbano bonaerense el descenso fue mayor, de 40,5 a 40,0 por ciento, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires pasó de 51,4 a 51,3. En la región Cuyo el empleo retrocedió de 40,4 a 40,1 por ciento; en el Noreste, de 38,5 a 38,1, y en la Patagonia, de 41,0 a 39,7. La ocupación se mantuvo estable en la región Pampeana, con 41,4 por ciento, y solo aumentó en el Noroeste, de 39,6 a 40,6 por ciento. La información oficial evidencia que la recuperación económica que promociona el Gobierno como si se hubiera ingresado en una fase de fuerte expansión no alcanza siquiera a mantener la proporción de personas con trabajo en la sociedad. Crecimiento del PIB con deterioro del empleo, aumento de la pobreza y agravamiento de la desigualdad social es un escenario que retrotrae a los argentinos a la experiencia de los 90. Finalmente va quedando claro que lo que estaba del otro lado del túnel que hizo célebre Gabriela Michetti era una vuelta a las pesadillas de aquellos años.

   La posibilidad de que una aceleración del repunte económico revierta ese proceso de pérdidas materiales y simbólicas para las mayorías se desvanece al conocer los planes del Gobierno para 2018, anticipados en el proyecto de Presupuesto, y en las declaraciones públicas de los funcionarios. Los aumentos de tarifas de luz, gas, colectivos y trenes, presumiblemente también del agua y los combustibles, le darán otra vuelta de rosca a la concentración de la riqueza y reducirán los ingresos disponibles para otros consumos. Ya se ha visto cómo impacta esa dinámica sobre la demanda agregada y en la producción industrial que abastece al mercado interno, que es justamente la que más empleo genera. Por más que el Gobierno insista en la teoría del derrame,  no hay semana que no se anuncie el cierre de una fábrica o haya un tendal de despidos masivos. Solo en los últimos días la empresa Extreme Gear que produce zapatillas para Adidas echó a 112 trabajadores, la plástica Nicoll Eterplast está por dejar en la calle a 170 operarios y la metalúrgica Siderar Canning mantiene un conflicto con sus empleados al cambiar el encuadramiento del convenio colectivo y producir una rebaja salarial. Pero el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no dedicó su semana a atajar esos penales sino a consensuar con la CGT cómo seguirá la política de reducción de costos laborales mediante reformas de los estatutos sector por sector. Ni ese funcionario ni ningún otro ponen en agenda la apertura importadora que desplaza producción y trabajo nacional, como si no hubiera allí nada que revisar. Ariel Aguilar, presidente de la Cámara de Manufacturas del Cuero, sigue denunciando que el Gobierno dejó de entregar la información sobre ingreso de mercaderías y, pese a lo comprometido, aún no cumplió con los datos de agosto.

  El ajuste de 125 mil millones de pesos reconocido por el Gobierno para el año que viene, que según la estimación del diputado Axel Kicillof podría extenderse hasta 350 mil millones en función de que el Estado no contará con los recursos extraordinarios del blanqueo de capitales de los que gozó en 2016 y 2017 y seguirá bajando las retenciones a la soja, no será una medida que pueda calificarse justamente como reactivante. El perfil de los recortes exhibe la orientación de la política económica. El Ministerio de Producción, que debería apuntalar a los sectores fabriles en crisis, recibirá un 6 por ciento menos de recursos en términos nominales y un 18,5 menos considerando la inflación. Las tres carteras encargadas de la obra pública también sufrirán una reducción de ingresos. Para el Ministerio de Interior, Obras Públicas y Viviendas  la quita será de 11,6 puntos en términos reales, para Transporte del 19,0 y para Energía del 30,4 (19 por ciento nominal). El Gobierno sostiene que logrará reemplazar las menores erogaciones para infraestructura con el mecanismo de asociación público-privado, pero eso entra por ahora en el campo árido de las promesas oficiales. Sobre el total de veinte ministerios, en catorce la Casa Rosada dispone un achicamiento de gastos en términos reales para 2018. Eso significa menos programas públicos, menos empleo, menos estímulo, menos ciencia y tecnología. El objetivo de bajar el déficit fiscal no se persigue a partir de un crecimiento económico firme que mejore la ecuación de ingresos sino mediante un ajuste generalizado, también como se lo hacía en los ‘90. Como se sabe, el esquema se sostiene igual que entonces con un incremento de la deuda desmesurado, de 100 mil millones de dólares netos cuando termine el próximo año, según las cifras que presentó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, en su paso por el Congreso. 

  La expansión del PIB de 2,7 por ciento en el segundo trimestre no evitó la caída de la tasa de empleo, como se mencionó al comienzo. La recuperación se compara con el derrumbe de 3,7 por ciento que había tenido la actividad en el mismo período de 2016. En el semestre, el avance es de 1,6 por ciento, por debajo del 2,3 que retrocedió el año pasado. Industria y construcción tampoco alcanzan a reponer lo perdido desde 2015. La primera crece ahora 2,5 por ciento y había caído 8,2 hace un año, mientras que la segunda mejoró un 9,7 por ciento pero en 2016 mermaba 15,4. “Los datos muestran, de tal modo, que la mejora este año no alcanza a restituir la pérdida de 2016”, explicó en este diario Javier Lewkowicz al procesar la información del Indec. En cuanto al empleo, la industria se encontraba a junio con 66 mil puestos menos que en 2015, mientras que en la construcción la pérdida era de 21 mil.

  Esos números se ajustan a la proliferación de declaraciones de emergencia productiva, comercial y alimentaria en distintos puntos del país. Las entidades pymes advierten que la profundización de la política económica tenderá a agravar sus problemas, no a resolverlos. “Las importaciones se contabilizan dentro de la oferta económica como si se tratara de un sector productivo adicional. El ‘sector de importaciones’ fue en el segundo trimestre la estrella del PIB: el crecimiento interanual fue del 9,1 por ciento y del 4,2 por ciento frente al primer trimestre. Y a diferencia de los otros capítulos de la economía nacional, el de las importaciones ya mostraba en el segundo trimestre de 2016 un alza del 8,6 por ciento en relación al mismo período de 2015”, señala Lewkowicz en el mismo artículo.

  La combinación de aumento de tarifas, ajuste del gasto público, incremento de las importaciones y debilidad del salario tuvo un impacto directo en el empleo y el nivel de actividad en los primeros dos años de gobierno de Cambiemos. Suponer que después de las elecciones las mismas políticas tendrán resultados distintos parece más bien un acto de fe.