La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia separó al juez federal Guido Otranto de la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman consideraron que el “temor de parcialidad afecta razonablemente la confianza de las querellas en las decisiones” del magistrado. El detonante de la recusación que pone fin a la intervención de Otranto, planteado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fueron dos entrevistas al diario La Nación en las que se mostró partidario de desvincular a Gendarmería de la desaparición y sugerir que Maldonado “se ahogó”. La misma Cámara designó por sesenta días y con dedicación exclusiva en la causa al juez Guillermo Gustavo Lleral, titular del juzgado federal 2 de Rawson, a quien a su vez reemplazará Hugo Ricardo Sastre.
La primera recusación contra Otranto la presentó Sergio Maldonado, quien ayer celebró su separación de la causa (ver aparte). Patrocinado por la abogada Verónica Heredia, el hermano de la víctima argumentó que no podía ser el mismo juez que ordenó a Gendarmería despejar la ruta 40 quien investigue y se pronuncie sobre las consecuencias del operativo que derivó en la desaparición de su hermano. El querellante cuestionó además la negativa de Otranto a investigar la responsabilidad penal de Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, presente en la ruta el día de la desaparición, y el hecho de minimizar en determinados oficios tanto los testimonios sobre la escalada de violencia estatal contra la comunidad mapuche como los que acreditaron la presencia, los golpes y la detención ilegal de Santiago en móviles de Gendarmería.
El CELS, por su parte, argumentó que las declaraciones del juez a la prensa afectaban la garantía constitucional de imparcialidad y suponían un adelantamiento de opinión sobre los hechos investigados y una enemistad manifiesta hacia los querellantes. Aunque todo juez sabe que adelantar opinión sobre una causa en trámite lo expone a una segura recusación, Otranto dio a entender en dos entrevistas a La Nación que creía en la versión de los gendarmes que declararon en su despacho sin detenerse en sus numerosas contradicciones y llegó a sugerir que Maldonado “se ahogó”, postura que dejaba en evidencia una posición tomada frente a la hipótesis de desaparición forzada. El adelanto de opinión “sobre hechos que integran el objeto procesal afecta en forma decisiva la imparcialidad debida para una recta administración de justicia”, advirtieron Gastón Chillier y Paula Litvachky, director ejecutivo y directora del área de Justicia y Seguridad del CELS. La enemistad manifiesta se fundó en las declaraciones que sugerían un direccionamiento intencional de la investigación hacia el delito de desaparición forzada y una supuesta falta de colaboración en la causa.
Otranto rechazó ambas recusaciones. Frente a los argumentos del CELS, que fueron los que determinaron su apartamiento del caso, el juez explicó que entendió “pertinente informar” su punto de vista “de manera objetiva” a raíz de “la gravedad del hecho denunciado y la trascendencia que tomó el caso a nivel nacional”. Paradójicamente se refirió a la “cantidad de información distorsionada o malinterpretada que desde el primer momento se hizo llegar a los medios de comunicación”, por lo cual le “resultó indudable la necesidad de explicar públicamente los aspectos más relevantes del hecho y las dificultades que impiden que sea esclarecido”. Como el portal del Centro de Información Judicial (CIJ) le pareció “insuficiente para satisfacer el derecho de la población a ser informada”, optó por dar las entrevistas a La Nación. Otranto sugirió que para entender sus razonamientos había que leer “el conjunto de la nota” y no las frases en que se fundó su recusación, sugirió que el CELS hizo “una interpretación equivocada”, que afirmaciones como que Maldonado “se ahogó” no debían considerarse “adelanto de opinión” y negó la enemistad manifiesta a partir de sus dichos, que “no son más que la exposición pública de las dificultades” que tuvo para investigar.
La Cámara arrancó su fundamentación respaldando la defensa del juez. “No se advierte que exista la enemistad manifiesta que pretende el recusante CELS, ni el direccionamiento premeditado de la investigación hacia una sola hipótesis” ni la “ausencia de imparcialidad subjetiva que pretende la querella” de Sergio Maldonado, sostuvo.
Para aceptar la recusación, sin embargo, se centró en la importancia de “la apariencia de imparcialidad”, que a partir de las entrevistas “puede verse afectada”. Otranto “no se ha limitado a brindar datos” sobre la investigación sino que efectuó “juicios de valor que descartarían prima facie la hipótesis investigada”, es decir la desaparición forzada, coincidió con el CELS. El juez avanzó “hacia una valoración -que aún no se produjo en el ámbito de la causa- de los elementos colectados”. Esa opinión mientras la investigación está en trámite “habilita a generar en la familia de quien aparece como víctima el comprensible temor de que el juez tiene ya una opinión formada sobre el caso”, admitió la Cámara, por lo que existe un “motivo idóneo para justificar la desconfianza” de las querellas. “Todo juez cuya imparcialidad pueda legítimamente ponerse en duda debe abstenerse de participar” en la toma de decisiones, citó al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Al final advirtió sobre “la responsabilidad a la que puede verse expuesto el Estado argentino” al no remover los obstáculos para investigar una desaparición forzada, aunque rescató “la honestidad intelectual y el apego al cumplimiento de sus funciones del juez Otranto”.
