El gobierno de Mauricio Macri no cumplió con la medida cautelar dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en razón de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y de la violación de derechos humanos de los mapuches del sur argentino. Así lo informaron los abogados que representan a esas comunidades en el expediente abierto en ese organismo internacional a partir de la represión que sufrieron en enero. Al mismo tiempo, pidieron medidas cautelares concretas para la protección de los testigos de la causa judicial que investiga el destino del joven tatuador –visto por última vez durante el operativo represivo del 1 de agosto en la Pu Lof de Cushamen, contra el corte de ruta que exigía la liberación de su lonko Facundo Jones Huala– y medidas cautelares genéricas para el resguardo de los integrantes de esa comunidad y la de Vuelta del Río, en especial luego de los violentos episodios que padecieron esta semana. “También indicamos la inconveniencia de aplicar en estos casos las recompensas porque es la forma que tienen el poder del Estado, que es el investigado, de establecer las pistas falsas, que es lo que terminó pasando en este caso”, explicó a PáginaI12 el abogado Fernando Cabaleiro, de la ONG Naturaleza de Derechos.

En su ampliación de presentación ante la CIDH, junto a Carlos González Quintana, pedirán que el organismo le recomiende al Estado eliminar el mecanismo de las recompensas, algo a lo cual seguramente aspiraban quienes dicen haberlo visto a Maldonado en varios puntos del país. Las sucesivas administraciones del Poder Ejecutivo han hecho oídos sordos a las medidas cautelares, con pocas excepciones, pero este incumplimiento no es gratuito: Argentina podría volver a ser condenada por la justicia internacional, como ya lo fue en el caso de Iván Torres, la desaparición del joven mapuche de Comodoro Rivadavia en 2003.

En el nuevo escrito dirigido al secretario ejecutivo Paulo Abrao, aportaron los cuatro testimonios de mapuches que anticipó PáginaI12 el lunes, entre ellos el de Ailinco Pilquiman que declaró anteayer en la causa y volvió a detallar los movimientos de Santiago ese día y la persecución de los gendarmes contra él y los demás peñi (hermanos) hacia el río. Su relato reafirmó la hipótesis de las querellas que indica que la Gendarmería entró al predio para “apresar manifestantes”. También enviaron a la CIDH los testimonios de Matías Santana y Soraya Guitar Maicoño, así como el de otro joven mapuche que estuvo en el río con Maldonado, lo soltó cuando éste le dijo que “no podía más”, vió como al llegar a la orilla lo apresaban tres gendarmes y lo subían hasta lo alto de la barranca a los golpes para luego sacarlo en un Unimog.

Los letrados advirtieron sobre la gravedad de la difusión en medios audiovisuales de los testimonios mapuches de Claudina Pilquiman y Guitar Maicoño prestados ante el ahora apartado juez Otranto. “Se trata de un hecho gravísimo que el poder judicial haya permitido la difusión de esas declaraciones exponiendo a las testigos a un juicio público, tal como lo hizo el medio televisivo TN Central. No podemos culpar al medio en sí de esa difusión, porque es su derecho de informar, pero sí nos reservamos una severa crítica al modus operandi que nos presenta un acercamiento muy estrecho de dicho medio con las autoridades nacionales y el (ex) juez de la causa, permitiendo que estos últimos liberen información que debería ser reservada, y que al hacerla pública no solo expone a las testigos a una situación de riesgo inadmisible, dificultando el proceso judicial para develar la verdad de lo sucedido, sino también a una constante estigmatización de los comuneros y comuneras mapuches de la Pu Lof en Resistencia, como personas violentas, vinculadas a organizaciones terroristas, autores de graves hechos como incendios en puestos de estancias y estaciones de trenes; y ahora mentirosos y encubridores”. En las emisiones mencionadas se buscó mostrar que las testigos ocultaban información y que su relato era dictado por una abogada de derechos humanos. “El nivel de extravagancia de las observaciones que marcan los medios, guionados por el Estado Nacional, sobre los testimonios de las comuneras de la Pu Lof en Resistencia, es altamente desopilante. Pero a su vez se trata de un hecho gravísimo que expone a los testigos a una situación de grave riesgo sobre su vida e integridad física” porque “para cerrar el ardid descalificatorio e intimidatorio, el medio televisivo entrevista a un funcionario que señala que las testigos están cometiendo un delito penal y que les va a iniciar las acciones legales”. Cabaleiro y Quintana se preguntaron si acaso “las manifestaciones del funcionario nacional son abiertamente un acto intimidatorio para profundizar temor” en los testigos mapuches.  

Un párrafo aparte dedicaron los letrados al allanamiento en el que el testigo Santana denunció haber sido torturado, junto a sus peñi, acusados de “peligro de fuga” y fichados a través de sus huellas dactilares, en presencia del juez Otranto y la fiscal federal Silvina Ávila. “Denunciamos que los miembros de las comunidades mapuche Pu Lof en Resistencia y la Lof Vuelta del Rio fueron objeto de vejámenes y humillaciones por fuerzas del estado, bajo el manto de una investigación penal. Se han violado sus derechos a la dignidad humana, integridad física, psíquica y moral. Asimismo en la noche del 20 de septiembre personas extrañas incendiaron la casa de un miembro de la Lof Vuelta del Río allanada el 18”. La presentación da cuenta de que Sergio Maldonado y los organismos de derechos humanos no pudieron participar del procedimiento por orden del juez, y que el hermano del desaparecido expresó que temía que planten el cadáver” en ese momento. La Policía Federal los obligó a permanecer en el puesto de guardia, reducidos con precintos en las manos y fuertemente custodiados a punta de escopetas” (...) “y es de destacar que ese mismo día al menos tres integrantes de la comunidad iban a presentarse de manera espontánea a prestar declaración sobre lo sucedido el 1 de agosto pero no pudieron hacerlo porque fueron ilegalmente privados de su libertad durante más de 10 horas” (...) Las partes denunciantes y querellantes temen fundadamente que a raíz de estos operativos sin control y ejecutados por el juez Otranto y las fuerzas policiales puedan aparecer pruebas plantadas”.