El presidente Mauricio Macri “negocia y hace concesiones” en el Congreso pero luego completa sus deseos por decreto. La decisión de modificar a través de un decreto –cuatro meses después de haber promulgado su reglamentación– la ley de Sinceramiento Fiscal y habilitar el blanqueo de capitales de familiares de funcionarios, fue duramente cuestionada por todo el arco opositor y por los propios aliados de Cambiemos como la UCR y la CC (ver aparte). Diputados del Frente para la Victoria presentaron una denuncia penal “por abuso de autoridad” contra los firmantes del decreto (Macri, Marcos Peña y Alfonso Pray Gay), donde sostienen que se “viola la voluntad expresa del legislador” y se abre la sospecha sobre la intención de favorecer a los funcionarios macristas y a sus familiares investigados por evasión mediante empresas offshore en paraísos fiscales. Pese a que la ley aprobada por el Parlamento lo prohibía expresamente, la nueva decisión de Macri favorece –entre otros– a Franco, su padre y la cabeza de la fortuna familiar del Presidente. El massista Felipe Solá amenazó con impugnar judicialmente el decreto presidencial y propuso crear una Comisión Bicameral para investigar a los familiares de funcionarios que blanqueen capitales con la ley del Gobierno. “Creemos que lo que firmamos es una herramienta correcta y que no viola el espíritu de la ley”, se defendió ayer el jefe de Gabinete, Marcos Peña, uno de los denunciados.  

El miércoles cuando se publicó en el Boletín Oficial el decreto presidencial los diputados del FpV-PJ decidieron hacer una denuncia penal. “No tenía sentido esperar. Pasó lo mismo con el decreto presidencial que modificó la ley sobre extranjerización de tierras y no hubo fiscal ni juez que actuara de oficio. Esperamos que con la denuncia se movilicen”, sostuvo a PáginaI12 María Emilia Soria (FpV-PJ), que como vicepresidenta de la comisión de Justicia fue la encargada de elaborar el escrito que acompañaron los diputados Teresa García, Claudio Doñate, Darío Martínez, Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio, Héctor Recalde, Eduardo Seminara, José Ruiz Aragón, José Ciampini, Silvina Frena y Rodrigo Rodríguez.    

Ahora, el magistrado del juzgado federal porteño Sebastián Ramos, y el fiscal federal Gerardo Pollicita (en los que recayó el sorteo de la causa) deberán analizar la denuncia “por abuso de autoridad” contra el Presidente Macri, el jefe de Gabinete Peña Braun y el ministro de Hacienda Prat Gay. “Los denunciados han dictado, con fecha 29/11/16, el decreto 1206/2016, que violenta flagrantemente el texto y espíritu de la Ley 27.260 y de la propia Constitución Nacional”, sostiene el escrito.

“Mediante el decreto 1206, entre otras modificaciones, se autoriza a ingresar al régimen de sinceramiento fiscal a familiares de funcionarios que se encontraban expresamente excluidos por el art. 83 de la Ley 27.260, incorporando una excepción con el objeto de otorgar un privilegio evidentemente direccionado para salvaguardar intereses personales”, insiste la denuncia.

Entre sus argumentos, el escrito judicial afirma que “la modificación sorpresiva de una reglamentación dictada con solo cuatro meses de antelación permite sospechar sobre la verdadera intencionalidad del Poder Ejecutivo Nacional, que podría tener como finalidad favorecer a familiares de funcionarios del gobierno actual que provienen de la gestión privada y que en muchos casos están siendo investigados por evasión mediante la creación empresas offshore en paraísos fiscales”.

Las empresas offshore vinculadas al Presidente y su padre, así como otros funcionarios del gobierno fueron reveladas en un informe del Consorcio Internacional de Periodistas (CIJ, según su sigla en inglés) conocido como Panamá Papers por las filtraciones del estudio de abogados Mossack Fonseca, que se encargaba de crearlas. Otros medios, entre ellos PáginaI12, ampliaron la información y el número de empresas pertenecientes a funcionarios y empresarios argentinos en guaridas fiscales.   

Las críticas llegaron no sólo de la oposición más dura, sino de fuerzas cercanas a Cambiemos en el Congreso. El diputado Solá (Frente Renovador) definió como “muy grave” el decreto presidencial que “viola el espíritu de la ley” y constituye “una amnistía a un delito”. Anticipó que el massismo también impugnará “judicialmente” el decreto, al tiempo que propuso crear una comisión bicameral en el Congreso para investigar a los familiares de los funcionarios que se acojan al decreto presidencial. El ex gobernador bonaerense recordó su discurso en el recinto de la Cámara baja, donde reclamó específicamente la prohibición de incluir a los familiares de funcionarios en el blanqueo, algo que finalmente quedó plasmado como el artículo 83 de la ley. Además, le pegó a Elisa Carrió, que hasta anoche no se había pronunciado. “Los padres de los funcionarios no pueden blanquear. Blanquear es amnistiar y Macri ahora amnistía a su padre. Carrió votó la ley. Que hable”, twitteó. El diputado evaluaba junto a los abogados de su bloque si acudirían finalmente a la justicia o acompañarían desde afuera las denuncias ya presentadas. Otro massista, Facundo Moyano, se sumó al reclamo en las redes sociales: “El blanqueo para familiares de funcionarios es una medida incomprensible y una falta de respeto para los legisladores de Cambiemos”, posteó en su cuenta.

“Que el Presidente cambie leyes por decreto no es una buena señal. Cuando se aprobó la ley en el Congreso quedó expresamente prohibido que los familiares directos puedan acceder al blanqueo”, afirmaron los diputados del Bloque Justicialista. La bancada que comandan Oscar Romero y Diego Bossio es parte de la oposición amigable que acordó con el Gobierno su respaldo a la mayoría de los proyectos oficiales. Ahora puso en duda la continuidad de esos acuerdos: “el oficialismo pone en riesgo cualquier acuerdo político futuro porque no respeta la voluntad del Poder Legislativo. Este decretazo es un duro golpe a la institucionalidad del Congreso y va en sentido contrario al espíritu de la ley”, señalaron.

Victoria Donda (Libres del Sur) expresó su disidencia dentro de Progresistas: “todo blanqueo favorece la corrupción”, dijo la diputada en una entrevista radial y sostuvo que el decreto “violenta el espíritu de una discusión de ley que dimos en la Cámara de Diputados”.

Desde Chapadmalal, en el retiro espiritual del Presidente junto a su gabinete, Peña Braun justificó el decreto que firmó. El ministro coordinador lo asoció a medidas de transparencia “para evitar el desfile por tribunales que estamos viendo hoy”.