La Corte Suprema de Justicia provincial creó la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas a la prisión preventiva (OMAS) y la policía ya no tendrá el control de los arrestos domiciliarios y restricciones. Se trata del espacio de control de la etapa previa a una condena, que se puso en marcha como "prueba piloto" a través de un convenio, un año antes de la entrada en vigencia del nuevo sistema penal; pero que dejó de funcionar hace dos años con la promesa del máximo tribunal provincial de ser institucionalizado. En su momento, el atraso salarial y la falta de llegada de los contratos para el personal llevó al cierre. Así, en el acuerdo de la semana pasada, los ministros de la Corte resolvieron la puesta en marcha de la OMAS dentro de la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de primera instancia. La idea, según se indicó es aprovechar la redistribución de recursos humanos del sistema de conclusión de causas. La experiencia comenzará en Rosario. "Esperamos que pueda estar funcionando antes de fin de año. Empezaría con una estructura mínima de dos funcionarios con cargo de secretario que serán aprovechados del sistema conclusional; cuatro empleados y dos o tres cargos que vamos a llamar a concurso para profesionales como psicólogos y asistentes sociales", adelantó el presidente de la Corte, Daniel Erbetta, a Rosario/12.

La OMAS comenzó a funcionar en Rosario en febrero de 2013, a partir de un convenio con la Corte. El inicio fue a partir de un financiamiento con el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), en el relevamiento de los juzgados de Sentencia del sistema de conclusión de causas. En aquel momento comenzó como un proyecto piloto, con la idea de poder extenderlo a la ciudad de Santa Fe. Y desde que se puso en marcha, con tres profesionales a cargo, se habló de "resultados positivos".

A fines de 2014, la Corte adelantó la "institucionalización" de la oficina; pero seis meses después, la incertidumbre del personal que trabajaba con unos 300 legajos activos, se renovó ante el atraso de sueldos; y aunque se les indicó que los contratos estaban "en marcha" en el Ministerio de Justicia provincial -mientras se oficializan los cargos solicitados por el Poder Judicial al Ejecutivo-, la cuestión presentó demoras y los servicios se cortaron.

Ante ello, durante los últimos dos años las Oficinas de Gestión Judicial, el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público de Defensa y los juzgados de Sentencia arbitraron los medios para realizar los controles a través de la policía o con presentación de los imputados que tienen libertad con restricciones, en el propio Tribunal. Se trata de personas con medidas alternativa a la prisión preventiva, como arrestos domiciliarios, restricciones de imputados con causas en trámite o salidas laborales, entre otras. En su momento, se habló de "dificultades insoslayables para mantener los recursos a cargo, hasta tanto se recreen sus condiciones".

En abril de este año, Erbetta mencionó la intención de crear la oficina, en su discurso de apertura del año judicial. Ahora, se resolvió -en acuerdo de la Corte de la semana pasada- crearla y "dotarla de personal técnico y administrativo para garantizar su pleno funcionamiento".

En su momento, desde la Cámara Penal, de la cual dependía la OMAS, los coordinadores aseguraron que "preocupa que los controles queden en manos de la policía". Incluso, indicaron que la oficina había sido "muy bien recibida por las partes del nuevo sistema penal". E insistieron con que los controles policiales eran "totalmente inadecuados".

De esos argumentos se valió la Corte para tomar en cuenta la necesidad de la creación de la oficina. También oyeron los planteos de los actores del nuevo sistema penal, como los representantes de los Colegios de Jueces de primera y segunda instancia. "Había que darle un soporte institucional y esperamos que esto se extienda a toda la provincia", agregó Erbetta.