El proyecto de Emergencia Social obtuvo dictamen favorable ayer en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados y todo indica que tendrá media sanción en la sesión extraordinaria convocada para el martes próximo. La iniciativa será acompañada prácticamente por toda la oposición, que hizo propio el reclamo del bloque de movimientos populares que marchó por San Cayetano. La novedad estará en el voto afirmativo de los diputados oficialistas, que abandonaron las críticas al proyecto luego de que el Poder Ejecutivo cediera ante el reclamo y pactara la letra chica con las organizaciones. “La gente en la calle y la articulación de toda la oposición obligó al Gobierno a meter la emergencia social en la agenda. Ahora les toca respetar el acuerdo y votar”, indicó a PáginaI12 el titular del bloque Peronismo Para la Victoria, Leonardo Grosso, impulsor de la iniciativa.

La firma que los diputados oficialistas Nicolás Massot (PRO) y Mario Negri (UCR) terminaron por estampar ayer en el dictamen del proyecto fue el primer paso dentro del acuerdo firmado la semana pasada entre el Ejecutivo y representantes de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (Ctep), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa. El martes pasado, los ministros de Trabajo, Jorge Triaca, y de Desarrollo Social, Carolina Stanley, cedieron al reclamo de las organizaciones y se comprometieron en nombre del Gobierno a incorporar la Emergencia Social dentro del temario de las sesiones extraordinarias y acompañar la iniciativa con el voto.

Ese día, ambas partes acordaron redactar un nuevo proyecto, distinto del que había obtenido media sanción en el Senado dos semanas atrás, presentado por Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ). Las organizaciones resignaron la obligación del Estado de crear un millón de puestos de trabajo; el Gobierno, por su parte, aceptó financiar con 30 mil millones de pesos el salario social complementario y la creación del registro de trabajadores de le economía informal como una nueva institución.

El acuerdo se selló luego del acto que las organizaciones compartieron junto a la CGT frente al Congreso, desde donde advirtieron que pasarían las fiestas en el Puente Pueyrredón en caso de que el Gobierno decidiera cajonear el proyecto o vetarlo, como había trascendido. “Todo el mérito de estar cerca de sancionar la ley fue de las organizaciones que hicieron piquetes, ollas populares y articularon con toda la oposición”, explicó Grosso. “Es una ley que viene de la calle, que apoyó la CGT, la Pastoral Social de la Iglesia y las Pymes. Al gobierno no le quedó otra que acompañar”, aseguró el referente del Movimiento Evita.

En la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de ayer no sólo se vió el apoyo oficial a la iniciativa. Tal como sucedió con el primer proyecto aprobado en el Senado, firmaron el dictamen Sergio Massa, Graciela Camaño y Oscar Romero (Frente Renovador), Alicia Ciciliani (Partido Socialista), Diego Bossio (Bloque Justicialista), Victoria Donda (Libres del Sur) y Alcira Argumedo (Proyecto Sur), entre otros.

El Frente para la Victoria no firmó pero el jefe del bloque, Héctor Recalde, aseguró a este diario que el martes votarán a favor. “No firmamos el dictamen porque tenemos observaciones al proyecto, creemos que es un paliativo ante una situación social muy grave producto de las políticas de este gobierno. Tal vez no es lo que hubiéramos hecho nosotros, pero vamos a acompañar”, aseveró.

A partir del universo de diputados firmantes y que expresaron su apoyo, las organizaciones calculan que el proyecto superará ampliamente los 200 votos a favor, un consenso que no alcanzaron otras iniciativas similares impulsadas por la oposición, como la ley antidespidos. El paso siguiente será su aprobación en el Senado, que podría darse en la sesión convocada para el miércoles 14. En la Cámara alta le espera un trámite distendido, teniendo en cuenta el antecedente del proyecto original, aprobado por amplio margen.  

La única voz disidente ayer fue la de los diputados del FIT. “Es una versión más del asistencialismo”, lanzó Néstor Pitrola sobre la ley, antes de adelantar que el bloque de la izquierda presentará un dictamen en minoría. “No estamos de acuerdo con la cláusula de paz social hasta el 2019. Siempre somos contrarios a las actas de paz sociales de los sindicatos”, dijo Pitrola en referencia al punto del acuerdo que le pide a las organizaciones “abstenerse de situaciones conflictivas” por tres años. “A lo único que nos comprometimos fue a levantar el piquete en el Pueyrredón. Las organizaciones siguen movilizadas”, aclaró Grosso.

El oficialismo, luego de criticar durante semanas la ley por “inviable financieramente” y de catalogarla como “ridícula”, terminó ayer por elogiarla. El presidente de la comisión de Finanzas, Eduardo Amadeo, reconoció que es necesario “que los planes sociales se conviertan en trabajo, porque allí está la dignidad”, parafraseando uno de los argumentos de las organizaciones.

Además de la sanción de la ley, el acta de compromiso entre el Gobierno y las organizaciones incluyó el aumento de 600 pesos para los beneficiaros de Argentina Trabaja, entre otros programas, un “aguinaldo social” de 2300 pesos y mayor presupuesto para los merenderos.

Informe: Matías Ferrari.