A ocho días del referéndum unilateral de secesión de Cataluña, el gobierno del conservador Mariano Rajoy dio ayer un paso crucial para evitar la votación al poner a los Mossos d’Esquadra (policía catalana) bajo un mando único coordinado por el Ministerio del Interior español. La decisión fue calificada de intolerable por el gobierno catalán y elevó aún más la tensión.
La decisión fue tomada a pedido del fiscal general del Estado después de las protestas pacíficas que tuvieron lugar esta semana en las calles de Barcelona en rechazo al arresto de funcionarios del gobierno catalán, y tras el despliegue de refuerzos de la Guardia Civil y la Policía Nacional a Cataluña para contribuir al mantenimiento del orden público, en un momento en el que el conflicto se agrava. La Fiscalía encargó la misión de coordinación a Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil y director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, quien fue procesado y exonerado por torturas al miembro de ETA Kepa Urra en 1992.
“No es una asunción de competencias, se mantiene la competencia de la policía de la Generalitat (gobierno catalán), los Mossos d’Esquadra, en materia de seguridad ciudadana, pero se ayuda, se apoya, esa competencia con dotaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y se va a dirigir la coordinación de los tres cuerpos por parte de la autoridad estatal que es el Ministerio de Interior”, explicó a la prensa Josep Enric Millo, el Delegado del gobierno central en Cataluña.
La intervención directa del gobierno catalán a través del Artículo 155 o la apelación a la Ley de Seguridad Nacional para intervenir a los Mossos, eran las dos medidas que, según advirtieron los independentistas, podría adoptar el Ejecutivo central español en una escalada represiva para frenar el referéndum de secesión del 1 de octubre que el gobierno catalán pretende celebrar pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.
El consejero de Interior de Cataluña, Joaquim Forn, rechazó frontalmente la medida y denunció la voluntad del gobierno español de intervenir la policía tal como se hizo con las finanzas “por la puerta trasera y al margen de la ley”. Según manifestó Forn por medio de una declaración institucional, “no aceptamos el mando del Cuerpo de Mossos d’Esquadra por parte del Ministerio del Interior. Cataluña ya dispone de organismos de coordinación de los cuerpos policiales, y así lo hemos informado en la reunión con la Fiscalía española”, Agregó que es intolerable que el Estado dirija los operativos policiales de Cataluña a través de un alto cargo del ministerio del Interior español. “Desde el gobierno de Cataluña no aceptamos esta injerencia del Estado, saltándose todos los mecanismos de coordinación ya existentes con el Estado”, subrayó Forn, quien, sin embargo llamó a mantener la calma. “Pedimos mucha tranquilidad, porque los Mossos no renunciarán a ejercer sus competencias en lealtad al pueblo de Cataluña”, aseveró.
Por su parte, el jefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, aseguró a través de un comunicado que la orden de la Fiscalía de Cataluña en ningún caso supone la intervención del Cuerpo por parte del Estado. “A lo largo de toda su historia, los Mossos han mostrado un respeto escrupuloso a las órdenes que han llegado de los jueces, los tribunales y el Ministerio Fiscal”, dice la nota, para añadir que mantienen este posicionamiento.
Desde Madrid se argumentó que el gobierno español está aplicando el mismo mecanismo que se utilizó tras los atentados jihadistas de Barcelona y Cambrils en agosto último, y que es totalmente legal. El vocero del gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, dijo el viernes que a la vista de las movilizaciones tumultuarias el gobierno había decidido desplazar a Cataluña diferentes refuerzos. Sus declaraciones se produjeron luego de que la Fiscalía presentó una querella por sedición, un delito grave penado con hasta 15 años de prisión, contra las principales organizaciones de la sociedad civil catalana que están detrás del movimiento independentista, a raíz de los incidentes ocurridos el pasado miércoles 20 de septiembre.
Las manifestaciones en Barcelona a favor del referéndum, suspendido por el Tribunal Constitucional, aumentaron precisamente desde ese día, cuando la Guardia Civil, por orden judicial, detuvo a 14 personas, entre ellas altos cargos del gobierno regional de Cataluña, por participar en la organización de la consulta electoral. Miles de personas se concentraron ante la Consejería de Economía del Ejecutivo catalán para protestar por la detención de altos cargos de este departamento, atacaron los coches de la Guardia Civil e impidieron durante horas la salida de los agentes del edificio donde realizaban registros.
Durante los dos días siguientes, una multitud se concentró ante los juzgados donde declararon los arrestados, para protestar por la actuación judicial. Tras la liberación ayer de los detenidos, las protestas cesaron.
Pese a la espiral de tensión política, las autoridades catalanas siguen adelante con la convocatoria. En ese marco, el presidente catalán, Carles Puigdemont, tuiteó un nuevo enlace para consultar toda la información sobre el referéndum, después de que la dirección web anterior fuese desactivada.
En tanto Rajoy instó al gobierno catalán a reconocer que no se podrá votar y rectificar. “Lo más sensato y razonable es parar. Digan que no va a haber referéndum. Pongan fin a esta situación. Mantener esto sólo provoca el ridículo y una tensión innecesaria en la sociedad”, dijo Rajoy en una reunión partidaria en Palma de Mallorca, donde fue recibido por una pequeña protesta.
