Es posible que la asociación entre el reclamo por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la caracterización del gobierno como una dictadura se haya originado en la falta de formación jurídica del presidente  Maurizio Macrì y de los voceros escogidos para responder al reclamo social, como Patricia Bullrich o Jorge Lanata:

  • La ministra hizo una defensa cerrada de la Gendarmería, de la que pretendió que había seguido las reglas del uso racional de la fuerza, que en este caso debería haber sido mínima, dada la absoluta desproporción de poder entre más de un centenar de gendarmes con pertrechos modernos y una decena de desharrapados con boleadoras y piedras. 
  • El showman roció con sus habituales insultos a quienes molestan al gobierno y dio por supuesto que desaparición forzada implicaba terrorismo de Estado. “¿Realmente pensás que Macrì tiene un plan sistemático para que la gente desaparezca? Que la Gendarmería con un mapa dijo vamos a secuestrar veinte mapuches y los metemos en un pozo y los vamos matando? La campaña internacional con esto es de un cinismo increíble, hijo de puta y cínico”. El tamaño de su ignorancia compite con el de su mala fe.

Tanto la Convención Internacional como la Interamericana sobre desaparición forzada sólo requieren que el delito lo cometan agentes del Estado o personas que actúen su autorización, apoyo o aquiescencia, “seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona” o de “la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Esto es exactamente lo que hizo el gobierno durante el primer mes posterior a la irrupción armada en la comunidad de Chubut. Como dijo el jurista de la Alianza Cambiemos Ricardo Gil Lavedra cuando la Convención Interamericana se incorporó al Código Penal como artículo 142 ter: “Trata de un caso individual que no forma parte de ese ataque sistemático”. Su texto amenaza con pena de hasta 25 años de prisión “al funcionario público o a la persona o miembro de un grupo de personas que, actuando con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, de cualquier forma, privare de la libertad a una o más personas, cuando este accionar fuera seguido de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona”. Igual que el caso de Santiago Maldonado. La ley 26.679 también reformó el Código Procesal Penal: de modo que la investigación recaiga en la justicia federal y el juez deba “apartar a las fuerzas de seguridad que intervengan en la investigación” cuando miembros de las mismas “pudieran estar involucrados como autores o partícipes de los hechos que se investigan, aunque la situación sea de mera sospecha” y no podrá archivar la causa “hasta tanto la persona no sea hallada o restituida su identidad”, que es cuando cesa de cometerse el delito.

Del error a la intención

Desde que tomaron intervención en el tema personas menos zafias, como el consultor Jaime Duran Barba y el ministro de Justicia Germán Garavano, de línea directa con la fiscal Silvina Avila, esta asociación entre la calificación del caso y la identidad con la dictadura dejó de ser un error de ignorancia y se convirtió en un arma poderosa de campaña electoral, como aquellas recordadas preguntas telefónicas de 2011:

–¿Sabía usted que el padre de Filmus fue el arquitecto en la construcción de viviendas Sociales con Sergio Shocklender?  

Cualquiera fuera la respuesta, el llamado automático insistía:

–¿Igual lo votaría?

En 2011 la posverdad aún no se había naturalizado y la operación basada en una premisa falsa se realizó mediante call centers desconocidos, que Filmus y su abogado Carlos Arslanian lograron rastrear hasta encontrarse con Duran Barba, quien fue procesado por eso: Salomón Filmus era un jubilado que nunca tuvo nada que ver con la construcción. Hoy, en cambio, las afirmaciones disparatadas se difunden en los medios más poderosos, en boca de periodistas que asumen ese rol a cara descubierta con un entusiasmo bien remunerado por el gobierno, que al mismo tiempo se encarga de presionar para conseguir el despido o la censura de quienes no se prestan a ese juego. Los informes de Randall López en el programa de televisión Economía Política son la mejor escenificación de ese método perverso. Estas son algunas de las preguntas formuladas por el personaje del actor Martín Rechimuzzi, con un logo parecido al de CNN en su micrófono:

–¿Qué opina de la reciente nominación al Premio Nobel de la Paz de Maurizio Macrì por su trabajo en cerrar la grieta?

–¿Qué opina del alarmante dato que se reveló en las últimas horas, de que todos los juegos del parque de Milagro Sala estaban hechos con resina íntegramente hipoalergénica?

–¿Cómo evalúa la magnífica gestión de Maurizio Macrì?

–¿Qué opina de la última acusación contra Cristina Kirchner por el robo de 400 ballenas en la zona austral, cree que Cristina estaba al tanto de ese faltante?

–En las últimas horas se conoció que en la casa de Milagro Sala había 30 sillas robadas a la Municipalidad. ¿Usted cree que deben ser conservadas como prueba o devueltas al municipio?

–¿Cómo ve la iniciativa del diputado de Cambiemos de techar la avenida Corrientes para mejorar la seguridad?

–En los comedores de Pascual Kirchner en Santa Cruz no se servía la comida que se hacía ahí sino que se pedía por delivery. ¿Qué se debería hacer con esa comida?

–¿Cuánta indignación le produce esta medida?

–¿Le preocupan los grupos que están  agitando la gobernabilidad violentamente? El proyecto que se enviará para frenar estos ataques vandálicos incluye prohibición de corte de rutas, control de lecturas y reencarcelamiento de feministas. ¿Le parece suficiente o deberían buscarse más medidas?

–¿El voto electrónico es la solución para las empresas que tienen el voto electrónico?

Las respuestas de público real interrogado en la calle hacen llorar primero de risa y después de tristeza. Una vez estigmatizado el reclamo por una investigación imparcial de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, durante un operativo de la Gendarmería, sin orden judicial y bajo la supervisión directa del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti, quien lo anunció en dos reportajes antes de que ocurriera, no hay forma de salir de la trampa. Jaime Duran Barba escribió que “se necesita ser demasiado fanático como para imaginar que se puedan reunir Mauricio, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Marcos Peña, para planificar la desaparición de alguien. Eso contraría sus convicciones de manera radical y son personas que empezaron a hacer política en el siglo XXI, cuando no existían soviéticos que auspicien guerrillas, ni norteamericanos que respalden a dictaduras militares. La discusión acerca de las maldades del capitalismo, las ideas fascistoides de Puerta de Hierro, Tacuara o los Montoneros es un anacronismo único en un mundo en el que no existe ni el Muro de Berlín ni grupos católicos fundamentalistas” (“Violencia e impostura”, Perfil, 9 de septiembre).

Las personas más temperamentales y con menor criterio político se ofuscan ante esta tergiversación y responden con bufidos que deleitan a sus adversarios, que los utilizan como confirmación de aquello que los provocó. Quienes se toman un tiempo para decodificar la astuta maniobra, dirán que nunca pensaron que Macrì fuera la dictadura ni conspirara con sus colaboradores para desaparecer a sus adversarios políticos. En cualquier caso el objetivo está logrado y el eje de la discusión se desplaza hacia un territorio ideal que se abstrae de los hechos.

Un sistema 

Macrì no es la dictadura y no sólo porque haya sido electo según los mecanismos constitucionales y las autoridades se renueven cada dos años en comicios sin proscripciones. También porque funciona el sistema de contrapesos y controles entre poderes. Su coalición está en minoría en ambas cámaras del Congreso y sólo gobierna cinco de las 24 jurisdicciones subnacionales. Tres de los cinco miembros de la Corte Suprema de Justicia ya estaban en funciones cuando asumió, igual que la Procuradora General de la Nación, y los sistemas supranacionales de protección de los Derechos Humanos están atentos a lo que ocurre en la Argentina. El jefe de gabinete de ministros exhibe un cumplimiento superior al de todos sus predecesores de su deber constitucional de concurrir todos los meses al Congreso para informar de la marcha del gobierno y producir los informes y explicaciones que cualquiera de las Cámaras solicite al Poder Ejecutivo. Las Universidades Nacionales se gobiernan por un sistema tripartito en el cual los tres claustros eligen por el voto a sus representantes. Las ONG ejercen su función de propuesta y control de políticas públicas. Es posible escribir artículos críticos como este sin que el medio que los publica sea clausurado. El derecho de asociación está garantizado, y las centrales y sindicatos de trabajadores son reconocidxs por el Estado. Además la vida cotidiana no está bajo el ojo censor de obispos y cardenales; la policía no decide sobre el largo de las faldas de las mujeres o el pelo de los varones ni hurga entre las sábanas de los hoteles a la caza de adúlterxs que son conducidxs en patrullero hasta su hogar, para ser devueltxs con escarnio al cónyuge engañado; tampoco está prohibido que los hombres circulen en bermudas y ojotas o que las parejas se besen en las plazas. Y cuando algún desubicado con o sin uniforme pretende impedir que una chica amamante en la plaza o dos se besen en un bar, la reacción social les hace saber con tetazos o besadas masivxs que no hay espacio en la sociedad argentina para esas actitudes trogloditas, el INADI emite dictámenes críticos y los colegios dictan clases alusivas a esos derechos. El propio Macrì va por el tercer matrimonio y tiene un pasado fiestero que no oculta. No existe censura cinematográfica ni teatral y los programas de televisión recorren la anatomía humana con deleite e insistencia. 

Las trampas del autoritarismo

Esto no mengua en nada la crítica al modo en que se ejerce ese poder y a las excepciones al estado de derecho que se verifican con alarmante frecuencia, pero que no pueden ser asimiladas al estado de excepción. Este reconocimiento no es a favor de Macrì sino de un debate fructífero entre quienes se oponen a su gobierno y el resto de la sociedad, porque si las premisas son falsas el edificio que se construya sobre ellas será frágil y en riesgo de derrumbe, como ocurre con el discurso de los psicóticos, cuya lógica impecable no los sostiene, porque sus cimientos están fisurados. 

La manipulación electoral quedó en evidencia en la carga de datos de las últimas PASO, que hubiera sido más grave de regir el voto electrónico por el que se desvive el gobierno. La dádiva, el ayuno y la amenaza se ejercen sobre los gobernadores e intendentes de la oposición para que condicionen las posiciones de los legisladores que les responden. El Poder Ejecutivo designó por decreto a los dos nuevos jueces de la Corte Suprema, aunque debió retroceder por la fuerte reacción que ello provocó y cumplir a medias con los procedimientos regulares, y consiguió atraer a otros para contar con una mayoría confiable. Desde que asumió, Macrì se entromete en el órgano independiente que la Constitución creó en su artículo 120 y reclama a gritos la renuncia de su titular Alejandra Gils Carbó. También sostiene que los jueces laborales que fallan a favor de los trabajadores forman parte de una mafia conducida por el diputado kirchnerista Héctor Recalde y anuncia que deberán irse y ser reemplazados aquellos jueces que no comprendan el cambio de época. Como no tiene los dos tercios necesarios para destituir a la Procuradora en juicio político, ha recurrido al amistoso Colegio de Abogados de la City de Buenos Aires, cuyos clientes son los CEOS de las grandes empresas hoy en el gobierno. A través de una sus máscaras políticas, el Colegio pidió la inconstitucionalidad de la ley del Ministerio Público que sólo admite el juicio político como mecanismo de remoción. El Poder Ejecutivo se allanó a esa pretensión, lo cual implica postular la inconstitucionalidad de sus propias leyes, cosa que no tiene precedentes. Esa operación está en marcha y se activará si Alejandra Gils Carbó es procesada por la compra de un edificio a precio de mercado, por la que ella misma ordenó investigar a un empleado infiel. Con la complicidad del presidente de la Corte Suprema, que demoró la jura de un nuevo representante de la oposición, consiguió una transitoria mayoría calificada en el Consejo de la Magistratura y la usó para suspender a un juez que le molestaba, mientras amenaza a otros con el mismo trato. En acuerdo con una fuerza de tareas judicial asentada en Comodoro Py, hostiga con una profusión de causas de dudosa consistencia a la ex presidente, reservándose la carta de una proscripción según sean las previsiones electorales. No sólo se proponen condenarla por decisiones políticas, sino también por traición a la Patria e incluso homicidio. Para ello la Gendarmería realizó un nuevo peritaje sobre la muerte del fiscal Natalio A. Nisman. En mayo, antes de que se iniciara, Clarín anunció que sus conclusiones dirían que el ahorrista en dólares fue asesinado. Un post irónico dice que si siguen metiendo gente en el baño, el peritaje podría decir que murió sofocado en el tumulto. Ante las decisiones de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la detención arbitraria de Milagro Sala y la desaparición forzada de Santiago Maldonado el gobierno reitera los gestos de acatamiento. Pero en la práctica la líder de la organización Túpac Amaru sigue privada de su libertad en un régimen que el juez Pablo Pullen Llermanos niega que sea de prisión domiciliaria, ya que convirtió en cárcel una casa que la Túpac Amaru había destinado a unidad de rehabilitación de chicos con adicciones. Marcos Peña Braun ha tenido la inteligencia de convertir sus informes al Congreso en material de campaña, dada la atención selectiva que brinda a esas sesiones una prensa ávida de la publicidad oficial, que se prodiga según el grado de adhesión a las políticas del gobierno. Este diario es discriminado en forma brutal (el gobierno anterior hizo lo mismo con Perfil). Además las presiones oficiales también se ejercen para censurar notas y suprimir periodistas, en empresas cuyos propietarios son vulnerables por razones ajenas a la libertad de expresión. Presiones similares condicionan las actitudes sindicales. En este momento hay inspecciones integrales de la AFIP en gremios del sector llamado independiente o Los Gordos (UOCRA, Gastronómicos, SMATA) que son los más presionables, además de la que fue enviada a Víctor Santa María. Y frente a los reclamos de trabajadores ocupados o desocupados, sindicalizados o no, la respuesta estatal se inclina cada día más por la represión y la criminalización, para lo cual ha adquirido abundante parafernalia de seguridad y prepara reformas legislativas de talante autoritario. Y en entrevistas con medios amistosos, desde la presidencia se han dirigido en forma intimidatoria al CELS. Afirman que no quieren confrontar con la familia de la víctima pero “prometen ‘exponer’ al CELS, al que mantienen en el centro de su fastidio. ‘Ya habrá tiempo para eso’”, amenaza este gobierno tan distinto a la dictadura.