Participé de la reunión del jueves pasado convocada en la Defensoría del Pueblo para debatir sobre la secundaria del futuro con la ministra de Educación porteña Soledad Acuña, representantes de los Centros de Estudiantes y directivos de colegios. Desde que concluyó la reunión hasta el día de hoy, me hice muchas preguntas.

¿Por qué la ministra Acuña afirmó que los directivos y supervisores estábamos siendo consultados desde hace un año y medio cuando, en realidad, apenas conocíamos hasta el momento de la reunión un pobrísimo power point con lineamientos muy vagos sobre tan ambicioso proyecto?

¿No le parece que el cúmulo de inconsistencias y contradicciones que las preguntas de los estudiantes dejaron al desnudo en la reunión, ameritan una mejor evaluación de la reforma?

¿Por qué si la subsecretaria Andrea Bruzos sustuvo en muchas oportunidades que las “pasantías” para los estudiantes de 5º año sería obligatorias y rentadas en el marco del programa “Aprender Trabajando”, ahora la ministra lo niega y habla de “prácticas de aprendizaje”?

¿Por qué Acuña insistió en la Defensoría sobre “el año y medio de consultas”,  y el jefe de Gobierno Rodríguez Larreta había declarado pocos días antes que “no hay un solo papel firmado; es  una reforma de la cual no se tomó una sola decisión real”.  ¿Por qué nos tuvimos que enterar por la prensa de que ya hay un total de 15 millones de pesos ejecutados para la compra de mobiliario para una reforma de la que Larreta dice no tener “un solo papel firmado”? ¿Son esos contratos los que la impulsan a aplicar la reforma contra viento y marea?

¿Por qué la ministra sostiene que las tomas de colegios están alentadas por dirigentes políticos de la oposición pero no es capaz de nombrar a ninguno de los supuestos instigadores? Mencionar alegremente a “el kirchnerismo” y “la izquierda” suena a campaña electoral.

¿Por qué la ministra quiere bastardear los reclamos estudiantiles diciendo que están “politizados”, pero la reunión en la Defensoría del Pueblo no fue coordinada por su titular y se le dio ese papel al legislador oficialista Juan Pablo Arenaza, quien preside la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña? ¿Quién partidiza entonces el debate?

¿Por qué el legislador Arenaza, de nula relación con la temática educativa en discusión, se atribuyó la autoridad para negar el uso de la palabra en dicha reunión al rector de la Escuela de Música Esnaola?

¿Por qué si “las tomas están mal”, tal como lo afirmó la ministra en el programa de Mirtha Legrand, acepta discutir con los estudiantes luego de que estos deciden tomar una treintena de colegios?

¿Por qué Moreno, quien había desautorizado pocos días antes a los sindicatos docentes y a los “políticos nacionales y populares”, hizo uso de la palabra con el aparente objetivo de lograr que  su nombre apareciese en el acta de la reunión? Resultó sorprendente que, luego de hablar durante varios minutos, Moreno exigiese (y lo logró) que se dejara constancia de que no se le dio la palabra “en un principio”.

¿Por qué el asesor tutelar, al día siguiente de la reunión, habría dicho a un grupo de padres que para poder presentar un amparo contra la reforma era condición sine qua non que los estudiantes levantasen las tomas?

¿Por qué la ministra ningunea a los estudiantes declarando que “los padres militan a través de sus hijos”? ¿No le resultó suficiente la lección de argumentación, de oratoria, de capacidad de pensamiento crítico y de respeto con la que los jóvenes le hablaron en la reunión del  jueves en la Defensoría?

Finalmente, ministra, la pregunta crucial: ¿Por qué no acepta que esta reforma inconsulta, improvisada, plagada de inconsistencias, se pueda debatir durante 2018? ¿No le parece que la comunidad educativa porteña, y la sociedad en general, se merecen ser parte de esta reforma?

No tiene que abdicar de su proyecto futurista.  Apenas se le pide que lo prorrogue por un año para elaborar entre todos una reforma seria y consistente.

* Vicerrector del Colegio Nicolás Avellaneda.