(Desde Santa Fe)
Los detenidos por delitos de lesa humanidad que el Servicio Penitenciario de la provincia trasladó a principios de setiembre al pabellón 14 de la cárcel de Coronda están en operaciones para volver al penal de Las Flores, donde compartían un espacio exclusivo. La Cámara Federal de Rosario (sala B) les admitió un hábeas corpus colectivo que firmaron el ex juez Víctor Brusa y los ex policías Eduardo "Curro" Ramos y Juan Antonio Mulasano, entre otros, y ordenó al juez federal Nº 2 de Santa Fe Francisco Miño que instruya el recurso e investigue si hay un "agravamiento de las condiciones de detención" que impacte en la "dignidad de trato" de los denunciantes y su "derecho a la salud". Los represores quieren estar lejos de los presos comunes ("no deberíamos estar juntos", dicen) y se quejan porque en Coronda faltan teléfonos, agua caliente en los baños, heladeras, sirven "comidas frías" o "inadecuadas para la edad", hay "restricciones" para el esparcimiento y "se habrían producido saqueos" en los traslados.
El reclamo llegó a la Cámara por dos habeas corpus que Brusa y sus colegas presentaron en 48 horas. Uno, el lunes 18 y otro, miércoles 20, ante un "agravamiento ilegítimo en las condiciones de detención". El juez Miño desestimó los dos porque ‑a su juicio‑ las "situaciones" que denunciaban "no se habían consumado" y por lo tanto, lucían "hipotéticas y conjeturales". El "objeto" del recurso era la "circunstancia" de que condenados y procesados de "las Fuerzas Armadas y de Seguridad" por crímenes aberrantes debían "convivir en un mismo espacio de detención" con presos comunes y el "potencial conflicto" que podría haber entre ellos.
Brusa cumple una condena unificada a 23 años de prisión, Ramos tiene perpetua y Mulasano una sentencia a 8 años por secuestros y torturas en el norte santafesino. Los tres promovieron la acción judicial, junto a otros cuatro represores bajo proceso (Víctor Hugo Cabrera, Raúl Giménez, Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina). Y seis policías acusados por narcotráfico, entre ellos el sargento Alejandro "Aguja" Agüero y los comisarios Cristian Hang y Martín Díaz, condenados (a 12 años de prisión el primero y a seis años los otros dos), en el caso del camión de Arroyo Leyes.
La Cámara rechazó el primer habeas corpus porque coincidió con el juez Miño que no había una "situación concreta" que hubiera agravado las "condiciones de detención" de los denunciantes o el riesgo de un "potencial conflicto" con los presos comunes.
Sin embargo, 48 horas después cambió de opinión: abrió el recurso y le ordenó al magistrado que investigue el supuesto "incumplimiento de la ley" en Coronda que denunciaron los represores. Las dos resoluciones, la que rechazó el primer habeas corpus y la que admitió el segundo ‑dos días después‑ están firmadas por los mismos jueces de la sala B: Edgardo Bello, Elida Vidal y José Toledo.
¿Qué cambió entre una y otra? Que ante la doble denuncia, ‑explicó el tribunal‑ "corresponde indagar" si se agravaron "las condiciones de detención de los accionantes". Si es cierto que represores y policías "están juntos" con presos comunes. Y si hay "restricciones en las visitas, falta de teléfono y de agua caliente en los baños, hacinamiento en las celdas, apagones o instalaciones eléctricas precarias", entre otras cosas.
Según la Cámara, el Servicio Penitenciario de la provincia tiene "facultades" para reubicar presos federales de Las Flores en Coronda, pero le ordenó al juez Miño que investigue si en ese traslado se agravaron las "condiciones de detención" de los denunciantes. "Advertimos que podría tratarse de situaciones actuales y concretas, relacionadas con el modo en que éstos cumplen su prisión en aspectos que impactarían directamente en la dignidad de trato que debe imperar en las prisiones y el derecho a la salud, por mencionar los más salientes, de conformidad con la normativa nacional y tratados internacionales en la materia", concluyó la Sala.
