Las ‘guerras’ por la tierra en la Patagonia del siglo XXI. Escenas de una disputa cultural, política y económica. Con este título que es de por sí un posicionamiento, el periodista y escritor Cristian Aliaga propone abordar un tema de crucial actualidad dentro del ciclo de conferencias performáticas Territorios en Conflicto, que se desarrolla en la sala Luisa Vehil del Teatro Nacional Cervantes (Libertad 815), y que hoy a las 18 tendrá su última edición. Con gran cantidad de información dura y de análisis (el trabajo de investigación que sustenta la presentación apunta también a un libro), con testimonios en video de mapuches, activistas y abogados (algunos tomados en la comunidad mapuche Pu Lof, pocos días antes de la desaparición de Santiago Maldonado), y también con música (de Aimé Painé, Anahí Rayen Mariluan y Palo Pandolfo, este último tocando en vivo), el investigador abre el análisis de la disputa por la tierra como un eje de conflicto económico, político y social que va mostrando distintas caras, pero que se mantiene por siglos.

“La lucha del pueblo mapuche es la lucha por la tierra, y tiene fuerte relación con la lucha por los recursos del subsuelo. Por eso en un punto se encuentra con los reclamos anti mineros y anti extractivistas, de gran desarrollo en el sur. Y aunque la relación entre estos movimientos no sea siempre color de rosas, están luchando por lo mismo, por la tierra”, plantea, por ejemplo, Aliaga, director del diario El Extremo Sur, de Comodoro Rivadavia. Entre los datos que más sorprenden a los asistentes a las conferencias, cuenta el periodista a PáginaI12, está el de la existencia de una legislación que garantiza derechos de los pueblos originarios que hoy están siendo vulnerados, dato que el tratamiento mediático mayoritario que está teniendo el tema deja sistemáticamente de lado. “Hay un marco jurídico muy progresista, incluyendo la ley 26.160, que en unos días buscará la prórroga en el Congreso. Lo que hace este escenario de racismo mediatizado es dejar de lado el marco jurídico que existe desde la reforma constitucional del 94 –en el artículo 75 hay una protección muy fuerte de los pueblos ancestrales–, y también desde tratados internacionales a los que la Argentina adhirió, como el 169 de la OIT”, explica. El caso Jones Huala resulta paradigmático en este sentido: “Ese juicio se lleva a cabo y el juez Otranto –el mismo que acaba de ser desplazado del caso Maldonado– rechaza el pedido de extradición el año pasado, porque hay un marco jurídico general que es muy claro. Sin embargo hoy se está buscando un resquicio legal para forzar nuevamente la extradición, siendo algo que ya se juzgó”, detalla el investigador. Y concluye: “Las élites políticas y empresarias están buscando consentimiento para la represión y la denegación de derechos. Y una parte de la sociedad consume falacias jurídicas y políticas para otorgarle ese consentimiento”.

La forma en que nuevas generaciones de mapuches, con experiencias de formación diferentes a las de sus padres y abuelos, plantean nuevos modos de “regreso a la tierra” como resistencia. La confusión “a veces intencional” que registran algunos medios sobre la actitud supuestamente secesionista de los mapuches, “cuando su concepto de Nación lo que demanda al Estado nacional un grado de autonomía, no la separación”. La posible inexistencia del tan mentado RAM (“no posee líderes conocidos, hay dos fiscales procesados por interactuar con un agente de inteligencia, existe la hipótesis de que sea sólo una construcción de los servicios de inteligencia”, observa Aliaga). La obscena extensión de tierras de Benetton (920 mil hectáreas, la más grande de un privado en la Argentina) y de Joe Lewis, con lago incluido, y sus relaciones con el Estado, como casos testigos. De todo esto se habla cuando se habla de la tierra.