Un experimento político con reminiscencias de la dictadura

En La Pampa está en marcha un experimento político con reminiscencias de la última dictadura. La mano de Carlos Grosso, asesor con perfil bajo del presidente Mauricio Macri, quedó al descubierto en las últimas PASO. El peronismo perdió por primera vez en la provincia desde 1983. El ex intendente porteño le pidió a Carlos Osvaldo Aragonés, alias “El Padrino”, que apoyara a la alianza Cambiemos. No fue cualquier respaldo el de su viejo conocido en el PJ. Sindicalista de Empleados de Comercio y ex secretario general de la CGT pampeana, carga con el pesado mote de delator de militantes a partir del golpe de 1976, aunque antes ya había preparado el terreno. Doce testimonios en sede judicial coinciden en esa imputación. El más persistente es el de Raquel Barabaschi, una ex detenida que lo define como un “personaje nefasto que en la UTN nos denunció como zurdos, trapos rojos y pertenecientes a la Cuarta Internacional”. El dirigente gremial de 82 años no está solo en su cruzada decorada con globos amarillos. En el armado de la fuerza a nivel local (Propuesta Frepam Cambiemos), también se destaca el abogado del jefe policial de la dictadura, Luis Enrique Baraldini, en el juicio que se le sigue por delitos de lesa humanidad. Se trata de su yerno, Omar Cayre. La derecha goza de buena salud en la tierra donde abundan los caldenes. Obtuvo el 50,08 por ciento de los votos contra el 39,23 del Justicialismo. Y va por más.

La movida electoral que ideó Grosso desde Buenos Aires –confesada por Raúl Aragonés, hijo de Carlos, en el diario pampeano La Reforma– no se sabe qué caudal electoral le reportó a Martín Maquieyra, el gran triunfador en la interna de Cambiemos para dirimir candidaturas en las PASO. La juventud del actual diputado nacional contrasta con la veteranía del cuestionado sindicalista que se paseó en caravana con él por las calles de General Pico, la segunda ciudad de la provincia. Los dos se tomaron una foto junto al otro referente del macrismo pampeano, Carlos Mac Allister, el secretario de Deporte de la Nación que encabezó la campaña proselitista.

La historia política de Carlos Aragonés en La Pampa se remonta a los años 70. Como diputado nacional sobresalió por sus prácticas macartistas a los estudiantes de la Universidad Tecnológica Nacional donde cursaba ingeniería Barabaschi. La mujer que lo acusó por delator en la Justicia. Hoy recuerda que “cuando él era diputado nacional en el 73, nos denunció en la UTN como zurdos, marxistas y subversivos. La historia es así: había venido a hacerse cargo de la Facultad el decano Carlos Agaya y el secretario académico Agustín Lamas, gente muy progre, muy trabajadora. Querían construir… Entre el alumnado había estudiantes radicales, peronistas, socialistas, de izquierda, pero trabajábamos todos juntos, la mayoría. Aragonés era de las 62 Organizaciones y pretendía cooptar todo este movimiento nuestro. Como no le dimos pelota él nos combatió desde afuera y propició una intervención desde Bahía Blanca porque la Facultad dependía de allá. Vino con una patota y nos desalojaron el 21 de enero de 1975. Terminamos presos en Santa Rosa”.

De esa época es una foto de Aragonés junto al coronel Ramón Camps antes de que se transformara en uno de los genocidas más emblemáticos de la dictadura. Al militar de gesto avinagrado le gustaba hacer sociales con las fuerzas vivas de La Pampa. Desde las organizaciones políticas al poder eclesiástico. Por entonces dirigía el destacamento de Caballería Blindada 101 de Toay al que llegó en diciembre de 1973 y donde se quedó hasta el mismo mes de 1975. La sociedad de General Pico lo despidió en el Recreo Mercantil de los Empleados de Comercio que conducía Aragonés. Cuando asumió tras el golpe del 76 la jefatura de la Policía Bonaerense, había dejado aceitada la maquinaria represiva en la provincia. Se había valido de su cargo para acopiar información, incluso de quienes departían por protocolo o de manera amigable con él. Desde el gobernador José Aquiles Regazzoli hasta otros dirigentes de la sociedad civil. El gremialista era uno de ellos. Pero cayó preso por peronista y compartió pocos días la detención con quienes después lo acusarían de buchón. Barabaschi recuerda que “cuando a nosotros nos detuvieron -y conmigo lo hicieron tantas veces que ya perdí la cuenta-, Aragonés entraba y salía de la comisaría 1° de acá de General Pico y parecía dar órdenes”. 

Su novio, compañero de estudios y hasta hoy su esposo, Luis Alberto Barotto, cuenta lo que pasó tras el golpe del 76. Cuando lo detuvieron junto a Aragonés, un oficial de apellido Iglesias que los custodiaba le preguntó al gremialista “¿por qué se encarnizaba?” con los estudiantes de la UTN. Cuando declaró como testigo años después, el marido de Barabaschi describió que la consigna en la cárcel de Santa Rosa era no hablar porque había un delator que “obviamente era Aragonés”. Zelmira Mireya Regazzoli, la hija del gobernador que estuvo detenida en un centro clandestino, también se presentó ante el juez Daniel Rafecas. Dijo que en una carpeta que le mostró el coronel Fabio Iriart –el reemplazante de Camps en el cuartel de Toay– vio la “larga lista donde estaba Raquel Barabaschi” que se atribuye a denuncias de Aragonés y un dirigente de Luz y Fuerza de General Pico, Aníbal Campo.

El testimonio más revelador sobre la conducta del sindicalista lo dio su propio guardiacárcel, Oscar José Aimar. En el pedido de declaración indagatoria para Aragonés que formuló Barabaschi en la causa 246/06 donde lo denunció, se señala que aquel mencionó: “los comentarios eran que se tenían que cuidar de Aragonés” y que “no sacaba la cabeza por las ventanillas de las celdas. Ni al recreo salía”. Los testigos José Carlos Brinatti, Rosalinda Noemí Gancedo, Hugo Avelino Ferrari, José Martiniano Mendizábal, Francisco José Tineo, Patricio Becares, Mauricio Martín y Santiago Covella, el ex ministro de Obras Públicas pampeano que fue torturado por la patota de la Subzona 14, agregaron más detalles sobre el papel que jugó Aragonés. 

Tineo fue el candidato peronista a gobernador que acompañó en 2011 la boleta de Cristina Kirchner en las elecciones nacionales. Conoce muy bien a Aragonés. Cuando lo detuvieron el 24 de marzo del 76 vio en la comisaría de General Pico dos hechos que todavía conserva muy frescos. Le cuenta a PáginaI12 que el gremialista “entregó armas en la seccional que recibió el comisario Campagno. Podían ser de la custodia del sindicato, porque en esos años todos andaban armados. Pero lo que más me llamó la atención fue que volvió dos horas más tarde y le dio a la Policía unos sobres de papel madera. Y posteriormente pidió hablar con el teniente coronel Cobutta, que veía subversivos por todos lados acá en General Pico. La conclusión es que él entregó información”. 

El abogado Miguel Angel Palazzani que patrocina a Barabaschi sumó un video a la denuncia contra el flamante aliado de Maquieyra y Mac Allister. Contiene una entrevista al gremialista donde cuenta que Baraldini le había ofrecido cobrar un sueldo a cambio de los servicios prestados. Pero acaso la prueba más contundente de su relación con la dictadura cívico militar a la que le entregó su compromiso, es el beneficio jubilatorio que se le otorgó en diciembre de 1978 cuando tenía 43 años y que siguió cobrando en los años siguientes. En un formulario de la Procuración del Tesoro de la Nación que puede encontrarse en Internet figura que recibía o todavía recibe 4.498,90 pesos mensuales bajo el rubro Leyes especiales-Poder Legislativo-Tribunal de Cuentas. 

El matrimonio Barotto-Barabaschi sufrió la cárcel, la tortura y la persecución durante la dictadura. A la mujer la confinaron a Winifreda, el pueblo en que nació, hasta 1983. La pareja vive hoy en democracia sobre la misma calle de General Pico donde Aragonés reside en un chalet de tejas verdes. Luis, con su memoria prodigiosa apuntala en algunos datos a Raquel y busca información para sumar a sus denuncias. Recuerda que a partir de 1976, el gremialista tuvo sus rebusques. Regenteaba un estacionamiento en General Pico. Y viajaba a Buenos Aires para entrevistarse con el interventor de la CGT, el comodoro Julio Porcile. “Aragonés se reunió con él” dice la mujer.

Desde 1983, cuando se sumergió en los pliegues del PJ, hizo y deshizo a su antojo en la vida partidaria. Supo ganarse el apodo de El padrino porque bendijo a Rubén Marín para llegar a la gobernación. El hombre que completaba la fórmula peronista con Regazzoli para conducir La Pampa en 1973, le debe en alguna medida su carrera política, informan los medios locales. Aragonés presidió al justicialismo pampeano a partir de 2008 cuando renunció el actual gobernador Carlos Verna hasta que renunció al cargo y a su afiliación partidaria. Las denuncias que recibió por su pasado en dictadura lo tenían a maltraer. Desde ese momento decidió acompañar a la Propuesta Frepam Cambiemos. 

Los cuestionamientos al gremialista no provienen solamente de los ex presos políticos que lo acusan de haber sido cómplice de los militares. Juan Carlos Passo, candidato a diputado nacional por el Frente Progresista señaló que “Cambiemos ha incorporado a Carlos Aragonés a quien yo he enfrentado como un peronista ortodoxo que representa a la historia del peronismo, que representa a un programa prebendario en esta ciudad”.

El sindicalista que se dedica a hacer operaciones inmobiliarias por cuenta propia –en General Pico le atribuyen decenas de propiedades– no es el único dirigente extrapartidario que se mueve en la provincia para apuntalar a los candidatos del macrismo. También lo hace su hijo Raúl, quien acompañó en sus caminatas proselitistas al diputado Maquieyra. Aunque se reivindica peronista, contó que respaldó al PRO en las PASO y que lo hizo porque aquel candidato necesitaba unos 200 votos para ganarles en la interna a los radicales Martín Berhongaray y Francisco Torroba. 

Cayre, el abogado y yerno del represor Baraldini también interviene en la campaña. Chimango, como le dicen, participó en el armado de la fuerza que fue a las elecciones con el PRO, el Movimiento Federalista Pampeano, la UCR y el MID en un frente. Fue vicepresidente de la Fundación Pensar de La Pampa y asambleísta del macrismo. Su corrimiento a la derecha no se compadece con su compromiso militante en la JP de los 70. Tineo, su ex compañero en esa etapa, lo recuerda muy bien. Acaso por aquella juventud de ideas compartidas, le ofreció participar en Cambiemos hace unos años. La respuesta que recibió fue un no rotundo. En el juicio de la Subzona 14 que se está ventilando en Santa Rosa, Cayre figura en la nómina de letrados de su suegro, el temible ex jefe de policía pampeano Baraldini, hoy bajo prisión domiciliaria. La defensa la comparte con el ex militar carapintada Pedro Mercado, quien se recibió de abogado en prisión después de alzarse contra el gobierno de Carlos Menem bajo las órdenes de Mohamed Alí Seineldín el 3 de diciembre de 1990. 

La dupla de abogados no tiene una faena sencilla. Deberá demostrar que el ex militar que se mantuvo prófugo durante casi una década en Bolivia, es ajeno a los delitos de lesa humanidad que afectaron a 236 víctimas en La Pampa durante el régimen que tomó el poder el 24 de marzo de 1976. Unos 18 ex militares y policías están siendo juzgados por esos hechos. Cayre, el abogado que defiende a su suegro represor y milita en el PRO declaró: “en una Argentina con miles de muertos, que en La Pampa no hubiera muertos, no es un dato menor. Yo no comparto lo que dicen los medios, que hubo un genocidio en La Pampa, acá no hubo ni un muerto y ni un desaparecido. Hubo violaciones que deben juzgarse, pero no es lo mismo”. Sus declaraciones al sitio Plan B Noticias y a Radio La Tosca a fines de agosto, aluden a que no hubo desapariciones en el territorio provincial. Pero sí se secuestró a casi medio centenar de pampeanos en otros lugares del país. Hoy continúan desaparecidos. “La información de inteligencia que se obtuvo en La Pampa, estoy segura que se utilizó fuera de ella. El paso de Camps por acá es la mejor prueba”, concluye Barabaschi.