El proyecto de presupuesto 2018 dispone en su artículo 89 reducir el capital social del Banco Nación (BNA) en 20.000 millones de pesos y transferir esa suma al Tesoro Nacional. Para llevar adelante esa medida el Gobierno esgrime un sobre cumplimiento de la exigencia de la responsabilidad patrimonial computable. En otras palabras: al BNA le sobra capital. Desde la perspectiva oficial la entidad habría acumulado más capital que el necesario para su funcionamiento. Habría obtenido más ganancia de lo necesario, porque es esencialmente la acumulación de ganancias lo que incrementa el capital en cualquier empresa, sea estatal o privada. Con idéntico argumento podría decirse que las 500 o 1000 empresas más poderosas con residencia en el país habrían acumulado demasiada ganancia y podría estimarse pertinente la quita de una parte de esa sobre acumulación de capital a fin de financiar actividades del Estado nacional o para ser destinadas a las innumerables urgencias sociales existentes. A continuación, algunos datos relevantes a considerar, fruto de lo que propone el proyecto de presupuesto:
1) El patrimonio neto del BNA al 31 de mayo de 2017 asciende a 88.162 millones de pesos según detalla el Banco Central. La transferencia con destino al Estado nacional implicaría una reducción de casi un cuarto del patrimonio actual de la entidad.
2) El patrimonio es el capital propio de una entidad financiera, por lo cual no hay restricciones de encajes obligatorios sobre tal concepto. En la práctica y en primer lugar, el proyecto elimina casi un cuarto de la capacidad prestable proveniente del capital propio del BNA. En segundo lugar le quita la posibilidad de cobrar intereses en una magnitud de al menos 3.800 millones de pesos anuales.
3) Los saldos de los depósitos del sector público se encuentran mayoritariamente en sede de las entidades que son agente financiero de cada Estado, sea este nacional, provincial o municipal. El BNA es el agente financiero del Estado nacional y de otros niveles jurisdiccionales. En consecuencia, el saldo que registra el BNA por tal concepto responde centralmente a las tenencias líquidas de la administración central del Estado nacional. El comportamiento del saldo de los depósitos del sector público no financiero en la entidad muestra una caída abrupta en lo que va de 2017. Sólo mirando el período marzo a mayo, la tendencia no hace sino reflejar el incremento del déficit fiscal. Hay una caída del saldo del 25,7 por ciento de marzo a abril y una del 32,0 por ciento de abril a mayo.
4) Tal caída de depósitos provocó una brusca disminución de las disponibilidades, del orden del 37 por ciento entre marzo y mayo de 2017.
5) Nada permite pensar que el Estado nacional mejorará la performance de sus finanzas, razón por la cual podríamos tener un BNA descapitalizado y un déficit fiscal creciente debido centralmente al mayor peso de la atención de la deuda pública.
6) La transferencia propuesta de 20.000 millones de pesos hacia la administración nacional constituye una inyección de dinero por única vez, lo cual intenta tapar el incremento del déficit generado por la gestión de gobierno desde el 11 de diciembre de 2015.
7) El resultado primario del Estado nacional, según el proyecto de presupuesto 2018, terminaría en un déficit de 409.461 millones de pesos para 2017, estimando que para el próximo año se reduciría a 395.612 millones de pesos. Esta reducción de casi 14.000 millones estaría explicada por los 20.000 millones de descapitalización del Banco Nación.
8) No habría que descartar que –en caso que el congreso apruebe la iniciativa– la situación emergente encuentre como remedio alguna forma de privatización del Banco Nación y a continuación la red de bancos estatales provinciales y estatales que sobrevivieron a la ola privatizadora de los noventa.
* Coordinador del Centro de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria.
