España entró ayer en la recta final hacia el referéndum de independencia que Cataluña quiere celebrar el domingo en un clima de alta tensión que incluyó al fiscal general del Estado especulando por primera vez con la detención del jefe del Gobierno catalán.
La posibilidad de que el líder independentista Carles Puigdemont ingrese en prisión por diversos delitos vinculados al referéndum “queda abierta”, advirtió el fiscal general José Manuel Maza en una entrevista con la emisora Onda Cero. Maza aseguró que la Fiscalía “está convencida de que Puigdemont está incurriendo en delitos de desobediencia, malversación y prevaricación” al seguir adelante con la organización de la consulta soberanista del 1 de octubre pese a que fue suspendida por el Tribunal Constitucional español. Las declaraciones reflejan el nerviosismo y la incertidumbre que respira España a seis días de la consulta soberanista.
Puigdemont insistió ayer en que el domingo “habrá urnas y papeletas, y algo que todavía es más importante para la celebración de un referéndum: habrá votantes”, pero el gobierno de Mariano Rajoy viene asegurando que el plebiscito no tendrá lugar.
Después de que la semana pasada un operativo policial acabara con la detención de 14 personas, incluidos altos funcionarios del gobierno catalán, y la confiscación de millones de papeletas y carteles, la Guardia Civil se presentó ayer en 31 ayuntamientos catalanes que apoyan el referéndum para solicitar documentación.
Las condiciones de la posible votación el domingo son también un misterio: el referéndum carece de reconocimiento nacional e internacional, tarjetas censales, junta electoral o campaña opositora. Aun más difícil de prever es qué ocurrirá a partir del lunes.
Puigdemont promete que una victoria del “sí” a la ruptura por España –que se da por hecho, porque muchos partidarios del “no” ven ilegal la consulta y no votarán– provocaría la declaración unilateral de independencia.
Cataluña celebró ya una consulta no oficial el 9 de noviembre de 2014. El entonces jefe regional, Artur Mas, fue condenado en marzo a dos años de inhabilitación por un delito de desobediencia. El Tribunal de Cuentas le notificó ayer que reclama una fianza de más de 5,2 millones de euros por el dinero público gastado en esa consulta.
