A partir del próximo domingo el precio de los combustibles será decidido por las empresas petroleras sin ninguna intervención del Estado. La cotización de las naftas será determinada por el sector privado a partir de la variación de la cotización internacional del crudo y los movimientos del tipo de cambio. La convergencia definitiva con los valores internacionales estaba prevista para fin de año pero el Ministerio de Energía finalizó de manera anticipada el acuerdo informal que permitía supervisar la magnitud de los aumentos en los surtidores una vez por trimestre. Desde la cartera que encabeza Juan José Aranguren pretenden que las firmas no reaccionen a la liberalización de manera inmediata y esperan que los nuevos aumentos se posterguen hasta después de las elecciones legislativas. Además, el Gobierno evalúa modificaciones impositivas para evitar movimientos bruscos en los surtidores. Si el mecanismo para determinar los valores de los combustibles en las estaciones de servicio acordado en diciembre de 2016 se hubiera mantenido hasta fin de año, las empresas analizaban subir ahora alrededor de un 6 por ciento. En el caso de YPF, que concentra el 55 por ciento del mercado, ese incremento llevaría la nafta súper por encima de los 21 pesos por litro. 

La decisión del Gobierno que se conoció ayer representa el corolario del proceso de desregulación de la actividad hidrocarburífera iniciado a comienzos del año pasado que repone el esquema de liberalización instalado a lo largo de los años noventa. La medida, a su vez, favorece la rentabilidad de la petroleras integradas. La convergencia de los valores locales con los internacionales implica la eliminación del precio sostén -denominado “barril criollo”- con que el gobierno anterior pretendía alentar la inversión y producción locales para recuperar el autoabastecimiento en un contexto de caída en los valores internacionales. Durante el primer año de vigencia de esos precios, en 2015, la producción apenas cedió 0,2 por ciento pero desde que se anunció la eliminación de los valores de referencia el sector profundizó su caída. El año pasado cayó 6,3 por ciento y en los primeros siete meses del año acumula una retracción del 9,4 por ciento. La decisión de amputar la capacidad de intervención estatal no solo puede afectar los niveles de empleo en las provincias productoras como Neuquén, Chubut y Santa Cruz sino que una mayor caída de los niveles de producción resultará, en el mediano plazo, en una creciente necesidad de divisas para financiar las importaciones. Ese escenario suma presiones para la estabilidad macroeconómica. 

El establecimiento de un esquema de “precios libres” estaba previsto para comienzos de 2018. A fines del año pasado la cartera de Energía acordó con las petroleras que la variación en los combustibles dependería de tres factores principales: el valor del peso frente al dólar, la cotización del barril de crudo internacional y las variedades que se producen en el país, como biocombustibles. Con esas pautas el aumento fue del 8 por ciento en enero. En la segunda oportunidad las variantes del mercado resultaron favorables a los automovilistas haciendo retroceder el precio del gasoil en un 2,6 por ciento y el de las naftas 0,1 por ciento. La tercera revisión correspondiente al período julio-septiembre marcó un aumento del 7 por ciento para las naftas y el 5,9 por ciento para el gasoil. 

Para el último período del año que regía a partir del 1º de octubre las empresas pretendían remarcar el 6 por ciento el precio de los combustibles. Siguiendo la lógica del pago en cuotas de las nuevas tarifas del gas o la extensión de la gratuidad de la televisación de los partidos de fútbol, en la Casa Rosada pretenden que la liberalización anticipada postergue las subas hasta después de las elecciones.

“Dentro de lo previsto en el acuerdo, un aumento de los precios internacionales permitiría la liberación de los precios internos y de ese punto en adelante, mantener la paridad con los mismo con un funcionamiento pleno de las reglas del mercado”, sostiene Energía en la nota que envió a las empresas a fines de la semana pasada. La misiva referida a la terminación del Acuerdo para la Transición a Precios Internacionales de la Industria Hidrocarburífera Argentina sostiene que “en el marco de las distintas variables que intervienen en el mercado hemos observado que con fecha del 13 de septiembre de 2017, se ha satisfecho la condición enunciada por el punto 9 del acuerdo. En consecuencia, los compromisos asumidos en el acuerdo quedarían suspendidos a partir del 1º de octubre de 2017”.

Así, a partir de la próxima semana un aumento en el precio internacional del petróleo tendrá un correlato directo en el local. Un hipotético aumento favorecerá a las productoras locales e incluso podría impulsar inversiones extranjeras en los sectores no convencionales como Vaca Muerta. En ese escenario, los productores venderán más caro a las refinadoras para que, finalmente, estas trasladen sus mayores costos a los consumidores. Una dinámica similar se observará cada vez que se mueva la cotización del dólar ya que, si bien sus costos no están totalmente dolarizados, es un histórico anhelo de las empresas poder trasladarle a los eslabones más débiles de la cadena los movimientos cambiarios. A su vez, si los precios internacionales vuelven a retroceder, en cambio, debería esperarse una baja en los surtidores. Quienes conocen el accionar de los petroleros anticipan que los precios serán inflexibles a la baja. El argumento corporativo es que, incluso cuando no se mueven los precios internacionales del crudo, no logran compensar el impacto de la devaluación sobre sus costos. Por eso esperan que las pizarras de las estaciones de servicio muestren nuevas subas en los próximos meses.