Martilleros, corredores y dueños de inmobiliarias protestaron ante la Quinta de Olivos por la reforma de la ley de alquileres que aliviana a los inquilinos y obliga a los propietarios a pagar la comisión del contrato. Los representantes del sector inmobiliario aseguraron que las modificaciones a la ley porteña –que también establece la gratuidad de los informes que deben presentar los inquilinos– generarán nuevo un aumento en los precios y provocarán un “serio riesgo” para el mercado de los bienes raíces de concretarse esa medida a nivel nacional. “Esta manifestación se trató de una reacción del negocio ante la necesidad real de millones de argentinos que sufren el problema de la vivienda”, subrayó Fernando Muñoz, titular del Centro de Atención de Inquilinos de la Defensoría del Pueblo porteña.
Bajo el sol de un mediodía primaveral, alrededor de 200 trabajadores y empresarios del sector inmobiliario se reunieron en la avenida Libertador para manifestarse en contra de la modificación de la ley de alquileres, votada casi por unanimidad (51 votos positivos y sólo 2 abstenciones) en la Legislatura porteña hace más de un mes. Para ellos, esta reforma a la Ley 2.340 que regula comisiones de alquiler –estipula que los propietarios sean quienes paguen casi un 4,15 por ciento del valor del contrato a las inmobiliarias– no sólo “daña” la credibilidad del negocio, sino que afectará a los propios inquilinos. “Este cambio se traspasará a los precios de los alquileres o bien, tal vez, haya una caída en la oferta de los departamentos. Esto es una realidad: cada vez que quieren regularizar las locaciones, el costo lo terminan pagado a quienes se pretende beneficiar”, dijo a este diario Claudio Vodanovich, secretario de la Cámara Inmobiliaria Argentina.
La respuesta no tardó en llegar. “Aunque suene extraño, esta manifestación nos viene muy bien, primero porque demuestra cómo las inmobiliarias responden a intereses concretos opuestos a los inquilinos y segundo, deja de manifiesto la necesidad de reorganizarnos”, replicó Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados. “Por otro lado, es impensable una crisis en el negocio del alquiler, al menos en la Ciudad. ¿Cómo un propietario, que gana millonadas tan sólo con dos años de un alquiler, va a querer perder toda esa ganancia por pagarle un mes de contrato a la inmobiliaria?”, sostuvo Muñoz a PáginaI12. Además de regular las comisiones, la reforma establece que los derechos de los inquilinos deberán estar visibles en las oficinas de las inmobiliarias y en los sitios web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de la protesta no fue sólo mostrarse en contra de la reforma porteña. Con consignas tales como “Si a la libertad profesional” y “No al cierre de inmobiliarias”, los casi doscientos representantes inmobiliarios anunciaron que si estas medidas se traspasan a nivel nacional, “pueden desaparecer el 90 por ciento de las inmobiliarias”. Por eso mismo, los manifestantes quisieron acercarle petitorio al presidente de la Nación, Mauricio Macri, impulsando un nuevo proyecto de la ley de alquileres. Sin embargo, fallaron en la locación: los manifestantes –casi todos ellos de traje y corbata– se ubicaron en la avenida Libertador frente a la dependencia policial que custodia la Quinta y no en alguna de las entradas de la residencia, sobre en avenida Maipú o la calle Villate.
Según cifras oficiales de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, más del 35 por ciento de los porteños alquilan su vivienda. Es decir que alrededor de 90.000 personas se ven beneficiadas por no abonar los costos de las comisiones. Sin embargo, evaluó Muñoz, la reforma a la ley 2.340 debería ser sólo el punto de largada. “Hay una gran población que ya perdió las expectativos de ser propietario. Pero no por eso deja de tener reivindicaciones propias y manifestar sus derechos. Y el tema central al que siempre se vuelve es la regularización del alquiler. Desde su origen, los precios se fijan de manera arbitraria. Hay que diseñar una pauta, un índice nacional que reglamente los contratos”.
Las quejas de los inquilinos no finalizan en el monto del alquiler. De acuerdo con las estadísticas que manejan la Defensoría del Pueblo y las agrupaciones de inquilinos, en las mediaciones entre locatario y dueño del inmueble aparecen también la retención indebida de los depósitos, el pago de las expensas extraordinarias y las rescisiones de contrato. “Tampoco hay que olvidar las continuas injusticias que sufre el inquilino por el estado edilicios. Es él quien finalmente se hace cargo de los arreglos que están en las obligaciones del propietario”, completó el funcionario de la Defensoría del Pueblo.
Informe: Jeremías Batagelj.
