“Ninguna jurisdicción es igualitaria en lo que respecta a la inserción laboral de las mujeres, la pobreza y la distribución de tareas domésticas no remuneradas”, afirma un trabajo reciente publicado por el centro de investigaciones Fundar, que rebate categóricamente algunas afirmaciones de referentes políticos que directamente niegan la existencia de brechas de género.
Se trata de la segunda entrega del Índice Subnacional de Igualdad de Género (ISIG) con información a nivel de las 24 jurisdicciones del país, en este caso en materia de empleo e ingresos. El trabajo advierte que la distribución inequitativa del trabajo doméstico y de cuidados es la piedra angular de las diferencias de género en sus diferentes formas.
En primer lugar, el informe realizado por Micaela Fernández Erlauer, Daniela Belén Risaro, María de las Nieves Puglia y Vic Pérez Ramírez advierte que no hay una relación unívoca entre riqueza e igualdad de género en Argentina. Para abordar las desigualdades en el plano económico es necesario prestar atención al perfil de especialización productiva de cada jurisdicción: así es posible “advertir que la mayoría de las provincias de especialización agropecuaria y de las industriales-extractivas son más igualitarias, y a su vez, todas las provincias con perfil agroindustrial están entre las más desiguales”.
En términos desagregados, en materia de inserción laboral, Tierra del Fuego es la provincia más equitativa con un 86 por ciento de paridad en el indicador, seguida por CABA con un 85,56 por ciento y luego La Rioja, Río Negro y Catamarca en torno al 84 por ciento. En el otro extremo se encuentran las provincias más desiguales que son: Entre Ríos con un 73 por ciento, Chubut y Salta en torno al 75 por ciento y Tucumán, Mendoza, La Pampa y Misiones en torno al 76 por ciento de paridad en el ISIG.
Analizando la inserción como proceso, las investigadoras advierten que la barrera más importante se da en el acceso al mercado de trabajo: “La tasa de actividad es el indicador [laboral] más desigual, con un ratio promedio de 68,8 puntos. El promedio nacional en varones es 67,7 por ciento, mientras que el de las mujeres es 46,6 por ciento, con valores que van desde un 28 por ciento en Formosa hasta un 58 por ciento en CABA”.
Aquello visto de otra forma significa que “todas las provincias tienen un amplísimo porcentaje de mujeres que se encuentran fuera del mercado laboral”, sostienen. Sin embargo es muy probable que dichas mujeres “se encuentren realizando trabajos invisibilizados y no remunerados”.
En cuanto a la formalidad del empleo, encuentran una paridad alta, del 92,6 por ciento. La principal hipótesis apunta “al mayor peso relativo que tiene el empleo público por sobre otros sectores económicos, en la medida en que se trata de trabajadoras estatales registradas y la mayor parte se concentra en Educación, Salud y Seguridad”, aseguran. Más aún en algunas provincias como Chaco, Formosa, Río Negro y San Juan advierten que se alcanza la paridad total.
En cuanto a la duración de la jornada, sostienen que “la jornada laboral principal de las mujeres es más reducida que la de los varones (…) los varones trabajan en promedio 41 horas semanales y las mujeres 32”.
Sobre los ingresos laborales, la inequidad es concluyente: “en ninguna provincia argentina las mujeres llegan a obtener los mismos ingresos en promedio que los varones por su trabajo principal”, advierten. Pero además encuentran que “las provincias con menor ingreso per cápita y menores salarios tienden a ser más igualitarias que las más ricas”, que son más desiguales.
Finalmente, concluyen que la jornada no paga, es decir en trabajo doméstico y de cuidados, es principal explicación de la desigualdad. “El aumento de la participación en el mercado laboral remunerado de las mujeres no trajo aparejado una mayor corresponsabilidad de cuidados: en ninguna región las mujeres trabajan menos de 4 horas diarias de forma no remunerada, casi el doble que los varones (que dedican solo 2 h)”, señalan. A su vez, se cumple el hecho de que “los hogares con jefatura femenina además de ser más pobres, están organizados en esquemas de monomarentalidad”. De allí la estrecha vinculación entre los esfuerzos por combatir la pobreza y el diseño de políticas con paridad género.