A cinco días del referéndum independentista de Cataluña, prohibido por la Justicia, las fuerzas de seguridad españolas avanzaron ayer sobre la principal organización social y la infraestructura que trabaja para que el próximo domingo se celebre algún tipo de votación, en el marco del asedio que impulsa el gobierno central de Mariano Rajoy contra los secesionistas.

Pese a que la página oficial de la Asamblea (www.assemblea.cat) fue bloqueada, la plataforma independentista abrió una nueva web, que permanece activa (www.assemblea.eu). “El bloqueo fue denunciado a los Mossos d’ Escuadra, pero estamos alertas a cualquier otro movimiento de la Justicia ya que el presidente de la ANC, Jordi Sánchez, fue acusado de sedición ante la Audiencia Nacional de España, lo que podría llevar a su detención”, dijo  un vocero de la organización. 

Frente al intento del gobierno español para abortar los planes de los independentistas, el presidente catalán, Carles Puigdemont, redireccionó a los internautas a los nuevos sitios que apoyan la consulta, a través de su cuenta en la red social Twitter. “No se pueden poner límites a la democracia: Consulta dónde votar el #1Oct. Ir a una de estas páginas”, posteó Puigdemont en un tuit que fijó al tope de su cuenta.

En este contexto, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó, aseguró ayer que la Fiscalía “se ha extralimitado en su actuación para frenar el referéndum”, y anunció una investigación de oficio para determinar si se “transgredió el marco legal vigente”. 

Cumpliendo con órdenes de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), agentes de los Mossos d’Esquadra –la policía catalana– comenzaron a acudir ayer a las escuelas y centros cívicos elegidos por el gobierno catalán para funcionar como colegios electorales el 1 de octubre, para interrogar en calidad de “testigos” a sus directores y responsables. 

Además, el Ministerio Público dio órdenes a la policía para que precinte y desaloje los más de 2.000 puntos de votación antes del sábado, según un documento publicado por la prensa española. 

La directiva prohíbe también cualquier votación en la calle a menos de 100 metros de los “locales designados”. Las fuerzas de seguridad ocuparían esos centros designados en la tarde del viernes, al finalizar la jornada escolar, para evitar así que los militantes independentistas “tomen” las instalaciones. En las páginas bloqueadas aparece en la pantalla el emblema de la Guardia Civil y el siguiente mensaje: “Este dominio ha sido intervenido y se encuentra a disposición judicial”.

El líder de la ANC, Jordi Sánchez, denunció anoche en una entrevista con la televisión pública de Cataluña que la web de la asociación fue “interceptada” y atribuyó inicialmente el “bloqueo” a unos hackers ya que, dijo, no recibió ningún tipo de aviso ni notificación previo de la Guardia Civil. La decisión “atenta contra la libertad de expresión y la libertad política”, afirmaron desde la ANC. 

Desde que el Constitucional suspendió el referéndum independentista, la Justicia española está actuando para impedir la consulta, desde diferentes frentes judiciales, mientras el gobierno catalán insiste en su celebración.

La semana pasada 14 personas fueron arrestadas y luego puestas en libertad tras prestar declaración por estar a cargo de la logística del referéndum ilegal. El operativo policial desencadenó una protesta masiva y permanente durante tres días en Barcelona, lo que llevó a la Fiscalía a acusar de “sedición” a los responsables de las organizaciones independentistas que estaban detrás de esa movilización. 

El gobierno español consideró que, con ese operativo, el referéndum había quedado desactivado, pero el presidente Puigdemont advirtió que tenía planes de “contingencia” y que se iba a celebrar igual. 

En ese sentido, la diputada independentista Marta Rovira dijo que pese a que se requisaron 45.000 cartas destinadas a los ciudadanos que tenían que conformar las mesas electorales, algunas notificaciones ya habían llegado con éxito.

Con el conflicto secesionista en su momento más crítico, Rajoy viajó a Washington y se reunió ayer con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien apoyó una vez más la unidad de España. No obstante, el líder conservador eligió cancelar su asistencia el viernes a una cumbre informal de la Unión Europea (UE) en Tallin, Estonia, sobre agenda digital, confirmaron fuentes de La Moncloa.

Mientras tanto, en Cataluña y España se producen escenas que muestran una escalada de tensión inédita en tiempos de democracia. En distintas ciudades del sur de España, entre ellas Córdoba y Cádiz, manifestantes despidieron a agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, quienes fueron enviados a Barcelona para reforzar la seguridad de cara al 1 de octubre. Las ceremonias parecían las que se realizan cuando grupos de soldados parten rumbo a una guerra. 

Las unidades partieron entre gritos de “Cataluña es España”, “Puigdemont, a la cárcel”, o “a por ellos”, lema futbolero de la selección, rodeadas de ciudadanos que agitaban la bandera española. 

En este contexto, el ex presidente catalán Artur Mas advirtió que “el Estado español ya ha perdido a Cataluña”, mientras el ex presidente socialista del gobierno español Felipe González caracterizó el actual momento político de España como el más preocupante “en los últimos cuarenta años”.