La investigación sobre un posible encubrimiento de la desaparición de Santiago Maldonado desde el aparato del Estado no puede esperar, según surge de una presentación del fiscal Federico Delgado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral. Su planteo es que aunque haya un conflicto de competencia para definir si la causa sigue en Comodoro Py o se muda a Esquel, se deben tomar medidas urgentes. Por empezar, quiere el listado de los números de teléfono que de los principales funcionarios del Ministerio de Seguridad vinculados a este tema, como Patricia Bullrich y su jefe de gabinete, Pablo Noceti, para saber con quiénes se comunicaron desde julio hasta la actualidad, y lo mismo respecto del juez Guido Otranto -apartado del caso- y la fiscal Silvina Avila. Sostiene que hay que reconstruir qué funcionarios estuvieron (y haciendo qué) en la zona del operativo contra la comunidad Pu Lof de Cushamen. Pero también pidió todos los audios y otros archivos de los celulares de los agentes de Gendarmería, entre los cuales aparecen -entre múltiples ejemplos– supuestas indicaciones de Noceti para que escondan los vehículos utilizados, un comentario del secretario de Violencia Institucional, Daniel Barberis, alusivo a que habían inducido a Otranto a que sacara el foco de la Gendarmería, y la referencia a que el joven artesano pudo estar una de las camionetas.

“Es determinante conocer qué actividades llevó adelante”, dice sobre el Estado nacional la presentación de Delgado a la que accedió PáginaI12. El fiscal considera que hay que investigar: por lo pronto, funcionarios del Gobierno nacional, autoridades y agentes locales de Gendarmería, y también a Avila y Otranto. “Se trata de dilucidar qué hicieron o dejaron de hacer las autoridades públicas, tras lo cual corresponderá analizar si sus acciones u omisiones constituyen algún delito penal”, señala su escrito.

Macri y afines

La causa se inició  con una denuncia de la Liga Argentina por los Derechos de Hombre y el Instituto Sampay que advirtieron que “las autoridades nacionales, en lugar de aportar al esclarecimiento y aparición con vida de Santiago Maldonado, han intentado deslindarse de toda responsabilidad” Además del delito de encubrimiento, denunciaron los de violación de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Los denunciantes apuntaron contra Mauricio Macri y funcionarios como Bullrich, Germán Garavano y Claudio Avruj, y también el director de la Gendarmería, Gerardo Otero.

Cuando Delgado promovió la investigación habían pasado 35 días desde la desaparición del tatuador. Para ese entonces, ya el Gobierno había negado toda responsabilidad de Gendarmería y sembrado una serie de pistas y teorías falsas, como la del puestero Jones. Por estas razones, algunos de los elementos que pide Delgado ahora para analizar son: el expediente completo sobre la desaparición de Maldonado; la versión taquigráfica y fílmica de la ministra Bullrich ante el Congreso; un informe del jefe de Gabinete, Marcos Peña, que precise “cada una de las actividades que desplegó el Estado Nacional” para encontrar a Maldonado.

En un comienzo, el juez Canicoba Corral se declaró incompetente. Pero Delgado apeló. Como de la disputa por la competencia la tiene que resolver la Cámara Federal, primero se le pidió opinión al fiscal de Cámara, Germán Moldes, quien esta semana dictaminó que la causa debería continuar en el fuero federal porteño porque el encubrimiento sería un delito “autónomo”. En este dictamen se apoyó el fiscal para insistirle a Canicoba Corral en que “avance con la investigación”.

Llamados, audios, maniobras   

El fiscal Delgado pone foco en un grupo de funcionarios, cuyos números de teléfono solicita y pide saber también con qué personas se comunicaron desde comienzos de julio hasta la actualidad: Bullrich, Noceti, el secretario de seguridad Interior, Gerardo Milman; el secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas, Gonzalo Cané, y el secretario Barberis. También pidió todas las líneas utilizadas por Otranto, su secretaria, la fiscal Avila, más todos los gendarmes que participaron del operativo y los jefes de brigada que estaban en la zona. Del propio expediente surge, como viene informando este diario, la fuerte influencia que intentó ejercer el Gobierno, a través de ese grupo de funcionarios de la cartera de Bullrich. Cané -secretario de la Corte a quien Ricardo Lorenzetti le dio una licencia para su función en Seguridad- instaló la teoría del puestero de Epuyén y pudo estar en el mega-rastrillaje del 16 de agosto donde la policía local encontró vainas y balas que no fueron recogidas ni por el juez ni la fiscal.

El relato que hizo en una interpelación en la Legislatura provincial el ministro de Gobierno de Chubut Pablo Durán, es clave  a los ojos de Delgado, que pide que el funcionario sea citado como testigo. Aquella declaración Durán hizo alusión a una reunión de “coordinación” que el 31 de julio había encabezado Noceti en Bariloche, en la que planteó una política respecto de las comunidades mapuches que realizan acciones de protesta y estableció podían ser detenidos “en flagrancia”. Esa planificación de operativos conjuntos contra comunidades originarias fue puntapié del operativo en el que desapareció Maldonado. El libreto de Gendarmería intenta justificar que un ataque a piedrazos de los mapuches habría sido el delito “en flagrancia”, pero cada vez queda más claro que los piedrazos ocurrieron dentro de la comunidad ante una persecución desatada por los gendarmes que entraron al territorio sin más.

En relación a Gendarmería, Delgado pide conocer el expediente interno donde fueron interrogados los que participaron del operativo, pero más importante aún es el contenido de sus teléfonos. El fiscal se detiene en analizar mensajes y audios, algunos de ellos ya revelados por PáginaI12.  

  • Uno de ellos es el audio que recibe el sargento Sergio Sartirana (chofer  que llevó a un grupo de gendarmes cerca del Río Chubut) a modo de traducción de directivas de Noceti cuando ya se había iniciado la investigación por la desaparición: “Dice que saquen los vehículos de ahí, que escondan”. Como es sabido, no fueron escondidos, pero el defensor Fernando Machado denunció que fueron lavados antes de ser peritados.
  • Otro audio que la Policía Federal dice: “Ahí está hablando todavía. Aparentemente dijo que el que tenía a Maldonado en la camioneta era la sargento Sartirana”.  
  • También hay frases de Barberis a los gendarmes: “Si no podemos salir juntos de este barco, encalla y en el barco están ustedes y nosotros”; también se jacta inducir a Otranto a desviar la pesquisa de Gendarmería.
  • Un agente de alto rango le dice al gendarme Daniel Gómez: “Está claro que nadie se llevó a nadie, había gente a su cargo que le habría pegado piedrazos a alguno que quedó flotando en el río y los compañeros lo sacaron”. Gómez responde: “Vi tres personas nadando pero nadie flotando.”