Desde Esquel
La Defensoría Oficial de Esquel le solicitará a Gustavo Lleral, el nuevo juez que tiene a su cargo la investigación por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y el expediente de habeas corpus, una serie de medidas de prueba y pasos procesales para apuntalar la pesquisa sobre la Gendarmería. El primer pedido tendrá que ver con que el magistrado reasuma la investigación por la desaparición forzada, cuya instrucción está delegada hasta el momento en la fiscalía federal de Esquel, a cargo de Silvina Avila. Los hechos, actores y escenarios que se investigan en ambos expedientes son los mismos por eso desde la Defensoría Oficial consideran central que los dos investigaciones estén concentradas en un mismo lugar. Luego insistirán con las pericias sobre las huellas del Unimog que ingresó al territorio de la Pu Lof y fue fotografiada por el defensor oficial Fernando Machado, a los pocos días de la desaparición de Santiago. También harán hincapié en la necesidad de que Chile envíe la información correspondiente a la llamada que realizó Ariel Garzi el 2 de agosto a un teléfono con característica chilena. Sobre la Gendarmería, pedirán datos sobre los uniformados que estuvieron de licencia luego del 1º de agosto y de los vehículos utilizados para saber sus recorridos.
El rol de la Defensoría Oficial fue clave para evitar que la Gendarmería borrara algunas pruebas claves, como por ejemplo, la huellas del Unimog que ingresó al territorio. La mayoría de las declaraciones testimoniales de los gendarmes hacen hincapié en que los vehículos que ingresaron a la Pu Lof avanzaron nada más que unos metros hasta las vías de la trochita y luego dieron una vuelta en U para quedar estacionados de frente a la tranquera. Sin embargo, tanto Machado como un fotógrafo de la APDH captaron las imágenes de huellas de un vehículo que fue hasta la pendiente del Río Chubut y realizó todo un trayecto en paralelo. Estas huellas, que nunca fueron peritadas por Otranto, coinciden con la declaración de Ailinco Pilquimán, quien pudo observar el ingreso y la salida de este vehículo.
Las últimas declaraciones de uniformados ocurrieron el 16 de septiembre. Aquel sábado declararon Emmanuel Echazú -que es el gendarme que aparece golpeado en su pómulo y se lo ve subiendo del río con una escopeta- Darío Rafael Zoilán, Aníbal Cardozo y el enfermero Juan Ramos. Para la Defensoría falta reconstruir lo que sucedió en el río. Echazú sostuvo desde un primer momento en que se había golpeado fuera de la tranquera. Sin embargo, en un memo interno enviado por Maira Ramos, queda claro que Echazú fue atendido dentro de la Lof cuando todo el procedimiento había finalizado. Es decir, bajó hacia el río sin golpes y regresó con una herida en su pómulo. Según la declaración testimonial de Zoilán, “Echazú tenía mucha sangre sobre su ropa”.
Las testimoniales de Cardozo, Zoilán y Ramos fueron centrales para ubicar a Echazú sobre la costa del río y para dejar en claro que su golpe no fue producido antes de cruzar la tranquera sino todo lo contrario, a la vera del río. Una de las incógnitas, hasta el momento, es que de toda la información enviada por la Policía Federal, que utilizó un criterio de selección de comunicaciones y documentos a partir de palabras claves definidas por la fiscal, Echazú no realizó ninguna llamada, ni cruzó mensaje de texto con nadie entre el 31 de julio y el 1º de agosto. Lo enviado por la Federal es solo la punta del iceberg. Por eso las querellas solicitan que se envíe todo el material de las comunicaciones, sin filtraciones.
Lo que sí puede apreciarse del peritaje realizado por la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía Federal, es que Echazú formó parte de una patrulla, comandada por Fabián Méndez, jefe del Escuadrón de El Bolsón, que entró en acción el 31 de julio y finalizó el 2 de agosto a las 5.30. ¿Por qué finalizó 12 horas después de cerrado todo el operativo? En el acta publicada por PáginaI12 en su edición de ayer, consta que una de las camionetas que utilizó dicha patrulla recorrió 600 kilómetros. Por eso la Defensoría Oficial quiere saber con exactitud todos los datos que existen sobre los vehículos utilizados. Esa distancia puede haber sido un viaje de ida y vuelta hacia el Escuadrón 37, ubicado en José de San Martín. Dentro del grupo de esa patrulla estaba el gendarme Sergio Sartira, quien recibió la orden de “esconder los vehículos”, tal como reveló este diario el domingo pasado.
Otras de las medidas que van en paralelo, por fuera de la actuación de la Defensoría, tiene que ver con la geolocalización de todos los teléfonos utilizados por los gendarmes, como así también el cruce de llamadas entre ellos. El objetivo es reconstruir los movimientos de grupos específicos de uniformados, sobre todo los que se sabe que estuvieron en la vera del río.
@spremici
