El gobierno de Mauricio Macri volvió a dictar un DNU sobre una ley aprobada por el Congreso Nacional. En esta oportunidad se trata de la ley de Acceso a la Información Pública, que había sido reglamentada parcialmente en marzo. Ahora, a pocos días para su entrada en vigencia, el Poder Ejecutivo dictó un Decreto de Necesidad y Urgencia mediante el cual colocó a la Agencia de Acceso a la Información Pública bajo la órbita del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. Además, estableció que ese organismo, que será dirigido por Eduardo Bertoni, se convertirá en la autoridad de la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. “Esto puede leerse como una continuidad de una gestión pésima en materia de protección de datos personales”, alertó a PáginaI12 la especialista de mercado informático e integrante de la Fundación Vía Libre, Beatriz Busaniche. Para la experta en transparencia y políticas públicas, Delia Ferreira Rubio, el “decretazo” es un retroceso y una concentración de poder en la Jefatura de Gabinete. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la decisión como una “compatibilidad lógica de armonización” entre ambas funciones, que replica lo que sucede en otros países como México y Chile. 

A partir de este viernes entrará en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), impulsada por la diputada de Cambiemos Karina Banfi (UCR), aprobada por el Congreso y promulgada en septiembre del año pasado. El objetivo de la norma es “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Para ello, entre otras cuestiones, se creó la Agencia de Acceso a la Información Pública, cuyo director es Eduardo Bertoni. Luego de una audiencia realizada en agosto de este año, Bertoni dejó su cargo de Director Nacional de Protección de Datos Personales para ser designado al frente de esta nueva Agencia. Tendrá rango de secretario y durará cinco años en el cargo. Pero con el DNU de ayer, el macrismo vuelve a otorgarle a Bertoni las funciones que tenía en su cargo anterior, que dependía del Ministerio de Justicia.

Además, el decreto publicado en el Boletín Oficial modifica distintos artículos de varias leyes, entre ellas la Ley de Ministerios, a la que le incorpora el inciso 32, donde establece nuevas atribuciones para el jefe de Gabinete de ministros: “Garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y controlar la aplicación de la Ley N° 25.326 de Protección de los Datos Personales.”

Respecto a los cambios en la Ley 27.275, de Acceso a la Información Pública, el DNU realizó modificaciones en dos artículos. En el 19 estipula que la agencia a cargo de Bertoni pasará de desempeñarse “en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional” a hacerlo bajo la Jefatura de Gabinete. Además, agrega que la agencia deberá “actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326”. 

Según Busaniche, esto podría producir una “colisión de intereses” en caso de que alguien realice un pedido de acceso a la información en la Agencia que, al mismo tiempo, tiene todos los datos de quien hace esa petición. “Este tipo de entes debería estar por afuera del Ejecutivo porque si no el controlado está a cargo del control, como sucede con la Oficina Anticorrupción”, añadió la representante de Vía Libre.

En cuanto al artículo 24 de la ley, que establece las competencias y funciones de la Agencia, el DNU modifica el inciso a) y agrega el t). En el primero la Agencia pasa de “diseñar su estructura orgánica de funcionamiento y designar a su planta de agentes” a “elaborar y proponer para su aprobación, el diseño de su estructura orgánica, y designar a su planta de agentes, conforme a la normativa vigente en materia de designaciones en el ámbito de la Administración Pública Nacional”. Según Renzo Lavín, co-director de la Asociación Civil para la Igualdad y la Justicia (ACIJ), este cambio implica un retroceso respecto de la autonomía y la autarquía de la nueva agencia, que vería reducida sus facultades en favor del jefe de Gabinete. Además, Lavín criticó que se utilizara un DNU en vez de avanzar con el proceso de reforma de la ley a través del Congreso.

Al incorporar el inciso t), el DNU le suma a la Agencia las funciones de “fiscalizar la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre”.

Por último, se modifica la ley de 2014 que había creado el registro “No Llame” que tenía como objetivo “proteger a los titulares o usuarios autorizados de los servicios de telefonía, en cualquiera de sus modalidades, de los abusos del procedimiento de contacto, publicidad, oferta, venta y regalo de bienes o servicios no solicitados”. El politólogo Andy Tow advirtió que en su momento el oficialismo traspasó el registro “No Llame” a la órbita de la Dirección Nacional de Datos Personales cuando en realidad se trata de un área que por su naturaleza debería estar en defensa del consumidor. Ahora que Bertoni es el titular de la Agencia de Acceso a la Información y absorbió la Dirección Nacional de Datos Personales, también se llevó al registro. “La Agencia de Acceso a la Información por carambola política se ocupa ahora de un tema que no es de su incumbencia funcional”, señaló Tow y agregó una “curiosidad”: el registro “No Llame” no aplica para campañas del Gobierno.

Por otro lado, desde el grupo de ONG’s especializadas en derechos civiles y políticos advirtieron que en el proyecto de ley de Presupuesto, el oficialismo no contempló ninguna partida para la creación y funcionamiento de la Agencia. 

Ante la consulta de este diario, desde Cambiemos calificaron como “una locura demencial” algunas de las críticas lanzadas al DNU desde las redes sociales. En algunos casos producto de la “falta de lectura” de los decretos o de la ignorancia sobre el funcionamiento del Estado. Consideraron que el pase a la jefatura de Gabinete no implica una merma en las características de “autarquía” y “autonomía” fijadas en la ley.  

Para la redactora de la ley, Karina Banfi, la concentración de atribuciones en la Agencia no sólo no es incompatible sino que “es una compatibilidad lógica de armonización de la administración de la información que posee el Estado, que es proteger y reservar los datos personales y abrir y entregar la información pública”.