El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó ayer a la policía que impida la utilización de locales públicos para los preparativos del referéndum soberanista previsto para el domingo y que los cierre ese día. Además, la Justicia española admitió la querella por sedición presentada por la Fiscalía contra los responsables de las protestas que tuvieron lugar en Barcelona a raíz de un operativo policial contra la consulta, en el que se arrestaron a 14 funcionarios del gobierno catalán.

La magistrada Mercedes Armas que instruye las querellas interpuestas contra el Ejecutivo de la región española por la convocatoria y organización de la consulta acordó en un auto adoptar todas las medidas que impidan la consecución del referéndum, cuya celebración fue prohibida “de facto” por la Justicia española. En ese sentido, la jueza pidió que se impida usar locales públicos para la preparación de la votación y ordenó su cierre a partir del 1 de octubre, incluyendo aquellos que se utilicen como infraestructura logística durante esa jornada. “También se requisará todo el material que estuviera en disposición de introducirse o fuera habido dentro de dichos locales o edificios”, dispuso la magistrada en su escrito.

La jueza ordenó, además, a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía catalana –los Mossos d’Esquadra– actuar conjuntamente para el cumplimiento de lo ordenado. Con este auto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña asume la investigación sobre el referéndum catalán. La magistrada ordenó a la Fiscalía cesar en las diligencias, actuaciones e instrucciones relacionadas con la consulta. El ministerio público había ordenado el martes a la Policía el precinto de las sedes de votación. Los locales electorales están en el punto de mira a cuatro días de la fecha fijada por el gobierno regional de Cataluña para la celebración de un referéndum unilateral sobre la independencia cuya convocatoria fue anulada recientemente por el Tribunal Constitucional a instancias de un recurso interpuesto por el Gobierno español de Mariano Rajoy.

A raíz de la orden de precinto por parte de la Fiscalía, los Mossos d’Esquadra advirtieron ayer de posibles consecuencias de seguridad ciudadana y riesgo de alteraciones del orden público. Así lo trasladó el jefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, al fiscal superior de Cataluña y así lo expresó posteriormente el cuerpo de seguridad en su cuenta de Twitter. “La aplicación de las medidas acordadas por la Fiscalía se han de ajustar a los principios básicos que rigen cualquier actuación policial”, señalaron los Mossos. “Esto implica la necesidad de tener especial cuidado con los principios de oportunidad, proporcionalidad y coherencia. El cumplimiento de instrucciones no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas”, añadieron.

Por otro lado, el tribunal de la Audiencia Nacional admitió a trámite una denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de sedición durante los altercados que tuvieron lugar en la madrugada del día 21 en Barcelona al entender que un grupo de manifestantes pudo impedir a la

Guardia Civil ejercer sus funciones durante los registros. La querella por sedición fue adoptada por la titular del Juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamena, quien como única medida ordenó a la Guardia Civil que elabore un informe sobre todas las actuaciones llevadas a cabo para impedir la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones y en defensa del ordenamiento constitucional. 

En el escrito la magistrada afirmó que existen indicios de sedición, tal como describe la Fiscalía en su querella, ya que una muchedumbre de personas se concentró ante los edificios registrados con la finalidad de impedir por la fuerza a los agentes de la autoridad el legítimo ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. El delito de sedición, previsto y penado en el artículo 544 del Código Penal establece penas de entre 8 y 15 años de cárcel, aunque las penas más altas se aplican cuando quien comete el delito es una autoridad pública. 

De acuerdo con el relato de la Fiscalía, algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron diversos coches patrulla de la Guardia Civil, e impidieron a los agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y a los integrantes de la comisión judicial abandonar los edificios tras los registros practicados, dijo la jueza. Si bien no atribuyen los delitos a personas concretas, la jueza destaca la acción de Jordi Sánchez, presidente de la ANC (Asamblea Nacional Catalana) y también apunta las acciones del presidente de Omnium Cultural, Jordi Cuixart, quien pidió que la movilización no se detuviera. Ambos, subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la movilización permanente desde hoy a favor del referéndum y en contra de las actuaciones para impedirlo, relata el escrito. 

A su vez, pese a que la Guardia Civil cerró en los últimos días más de un centenar de webs relacionadas con el referéndum catalán, el “número dos” del gobierno de la región, Oriol Junqueras, difundió en las redes sociales información sobre la jornada de votación. Entre 60 y 80 centros de salud se convertirán en sede electoral el domingo, según los planes del Ejecutivo catalán, que decidió asumir la responsabilidad de los consorcios y entidades públicas que gestionan estos centros en Cataluña para garantizar el derecho a voto de todos los trabajadores sanitarios, informaron medios españoles.

El Ministerio de Interior español acordó asumir hace unos días la coordinación de las fuerzas de seguridad en Cataluña para impedir la celebración de la consulta soberanista. Como respuesta, el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, convocó para hoy una reunión del principal órgano de coordinación policial en la región, a la que acudirán representantes de Interior.