La formulación central que da cuenta de la intencionalidad genocida se basa en postular que hay un grupo de población que no existe, que nunca existió o que no merece existir entre nosotros. Se planteaba que los armenios no eran otomanos ni turcos, que los judíos no eran alemanes ni europeos, que los subversivos no eran argentinos y que los tutsis no eran ruandeses. Otra vez se pueden identificar las mismas lógicas hoy en Myanmar, con un gobierno que plantea que todos los grupos no birmanos no merecen ser ciudadanos de pleno derecho de Myanmar pero, en especial, que los musulmanes rohingya nunca lo han sido y que el propio nombre con el que se identifican (rohingya) es un invento que se encuentra prohibido para su utilización en el país. Incluso algunos representantes de Naciones Unidas han decidido aceptar su no utilización, como se evidencia en el informe de la comisión liderada por Kofi Annan, que decidió llamarlos “musulmanes del Estado de Rakhine” (una provincia de Myanmar), para no incomodar al gobierno actual de Aung San Suu Kyi, quien recibió el Premio Nobel de la Paz por su enfrentamiento con los militares golpistas, a los que ahora se ha unido (como Consejera de Estado y virtual primera ministra) en su lucha contra los grupos no birmanos y, muy en especial, contra los musulmanes.

 El Tribunal Permanente de los Pueblos realizó este mes su sesión final en Kuala Lumpur sobre los crímenes de Estado cometidos en Myanmar. En las sesiones participaron expertos internacionales, se analizaron reportes de Naciones Unidas y otros organismos internacionales y se tomaron numerosos testimonios de víctimas directas de crímenes de guerra, violencia sexual, traslados forzosos, quemas de aldeas, entre otras denuncias.

 El trabajo del Tribunal se había iniciado con una reunión preparatoria en Londres en el mes de marzo, donde se recibieron las primeras denuncias y resultados de grupos académicos de la Universidad de Malasia y de organizaciones de derechos humanos diversas que trabajaron con la población de los campos de refugiados en Malasia y Bangladesh. Un informe presentado por el grupo de investigación en Crímenes de Estado de la Universidad Queen Mary de Londres (dirigido por Penny Green y Thomas MacManus y con constantes trabajos de campo en la zona durante los últimos tres años) consideró que se habían implementado los cuatro primeros momentos de mi periodización de las prácticas sociales genocidas (construcción de una otredad negativa, hostigamiento, aislamiento y debilitamiento sistemático) y que se desarrollaba actualmente tanto la etapa de exterminio como la realización simbólica del genocidio, con la prohibición gubernamental de la utilización del término rohingya para referirse a las víctimas, a quienes el gobierno considera “musulmanes invasores provenientes de Bangladesh”.

 La sentencia destacó la existencia de un plan general de destrucción de todas las poblaciones que no pertenecen a la etnia mayoritaria (birmana), pero con distintos grados de ejecución. Remitiendo a la jurisprudencia argentina en cuanto a la comprensión de la destrucción parcial de la propia identidad nacional, se consideró probado el intento general y luego se declaró al Estado de Myanmar culpable por la implementación del genocidio contra la población rohingya y de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad contra otros grupos musulmanes como los Kaman y contra los grupos cristianos Kachin en el norte del país, en este último caso como parte de una especie de guerra civil contra el ejército de Myanmar.

 Queda abierta la duda sobre si la intervención del Tribunal logrará quebrar el silencio y la inacción ante los prolegómenos de un nuevo genocidio.

* Investigador del Conicet, docente Untref/UBA. Presidente del panel de jueces del Tribunal Permanente de los Pueblos que sesionó en Kuala Lumpur.