El juzgado federal en lo correccional y criminal 1 de San Isidro llamó a indagatoria al actual fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, y a otros cinco imputados por el secuestro y tortura de militantes comunistas durante la última dictadura militar. La denuncia penal fue presentada el año pasado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) con el aporte de documentación del archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dippba). Allí queda demostrado que, como agente de la Dippba, Fernández Garello tuvo participación en este hecho y en otras actividades de inteligencia ilegal. A partir de este llamado a indagatoria, previsto para el 13 de diciembre, organismos de derechos humanos pidieron ayer el juicio político del fiscal general de Mar del Plata. El caso había sido anticipado por PáginaI12.

Las razones consisten en que Fernández Garello no reúne “las condiciones que la Constitución y las leyes determinan para el ejercicio del cargo” y por “su carácter de imputado por la justicia federal por delitos de lesa humanidad”. Entre sus argumentos, la solicitud señala como “fundamental la participación de Fernández Garello en la estructura represiva como oficial de la Dippba al menos entre los años 1978 y 1981”.

La presentación de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Serpaj, CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, LADH, APDH, Asociación Judicial Bonaerense y Federación Judicial Argentina, entre otros, remite a “una serie de documentos presentados por la CPM en noviembre de este año ante la justicia de San Isidro y San Martín”.Esa documentación permitió constatar que Fernández Garello fue “oficial de inteligencia con el rango de subinspector de la Dippba, donde desarrolló acciones de espionaje político y gremial”, puntualizó la CMP. 

“Su imputación por la participación en crímenes de lesa humanidad se extiende a dos causas. En la primera se investiga el secuestro, tortura y asesinato de Ana María Martínez y en la segunda el secuestro y tortura de militantes comunistas”, agregó el organismo. Fernández Garello admitió su actuación en la Dippba durante la dictadura pero negó tener responsabilidad en crímenes de lesa humanidad, en un descargo que entregó semanas atrás a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. “Trabajé en la Dippba desde 1978 a 1981 pero no realicé las tareas de inteligencia que denuncia la Comisión Provincial por la Memoria”, dijo. Los organismos denunciantes sostienen que “la continuidad y permanencia en sus cargos de funcionarios judiciales que han participado de secuestros ilegales, espionaje, seguimiento y determinación de ‘blancos’ para su posterior secuestro, infiltración y efectiva participación en los secuestros y torturas, debe ser revisada con celeridad”.